PLANETA CANARIO
La Fiscalía ha decidido presentar denuncia contra quien fuera consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en el periodo 2011 y 2015, Domingo Berriel (CC), como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación y ha solicitado que sea citado a declarar en calidad de investigado, por el sobreprecio en las obras de la carretera del Norte de La Palma (C-830).
La actuación del Ministerio Fiscal la ha hecho pública este martes el diputado Manuel Marrero, que en marzo de 2018 llevó estos hechos a la Fiscalía en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos.
Tras la solicitud de los correspondientes expedientes administrativos a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario, la Fiscalía ha asumido las tesis del partido denunciante sobre la ilegalidad de este expediente, según este parlamentario y candidato a las próximas elecciones autonómicas.
Conforme a la relación de hechos denunciados, el contrato fue adjudicado el 7 de mayo de 2007 a la UTE Acciona Infraestructuras-Horpa-Lopesan asfaltos y construcciones por 32,4 millones y un plazo de ejecución de 40 meses, con inicio de las obras en agosto.
Posteriormente, el 22 de marzo de 2010, el órgano de contratación autorizó un primer modificado, que elevaba el presupuesto hasta los 38,8 millones (un 19,8% más), y el 23 de noviembre de 2011 se adjudican a la misma UTE obras complementarias por el sistema de negociado sin publicidad por importe de 15,4 millones.
Según la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, este no era el procedimiento adecuado y sería nulo de pleno derecho, ya que había una modificación clara del contrato inicial.
De hecho, el 31 de mayo de 2012, se autorizó la redacción de un segundo proyecto modificado -aprobado finalmente el 16 de junio de 2014- que redujo el ámbito de la obra un 33,2%, de los 23,5 kilómetros iniciales a 15,7 kilómetros, si bien el presupuesto se mantuvo igual y el plazo límite de finalización de obras en el 31 de diciembre de 2014.
Así, según un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, citado por Podemos, los dos proyectos modificados más las obras complementarias suman un sobrecoste del 67,4%, se han fijado precios incorrectos y «no es posible» analizar la relación entre las obras y su abono.
«De todo ello se extrae la conclusión de que las distintas modificaciones no debieron ser aprobadas y que lo correcto hubiese sido la resolución del contrato y la realización de otro concurso acorde a un nuevo proyecto de obra», reza el informe.
No obstante, analizado el expediente por Podemos, los denunciantes constatan que lo que se ha pagado finalmente por esta obra reducida en un tercio se eleva a un 96,5% del presupuesto inicial.
“Estamos satisfechos de que el Ministerio Fiscal haya confirmado que íbamos en la dirección adecuada en nuestros indicios, porque el dinero público es sagrado y su uso debe ser transparente y no se puede malgastar”, afirma Marrero.
Si bien ahora falta toda la instrucción que realizará un Juzgado sobre de este denuncia, la secretaria general de Podemos y candidata a la presidencia del Gobierno canario, Noemí Santana, considera que con lo ya investigado “queda demostrado que Coalición Canaria ha hecho de la corrupción una forma de gobierno”.
