VICENTE PÉREZ
La corrupción política es una de las lacras del sistema democrático. La mejor manera de combatirla es no premiarla en las urnas, pero en España ser corrupto tiene escaso castigo en forma de votos. Uno de los motivos de esta impunidad electoral se debe a que muchos votantes están desinformados sobre los casos de corrupción pero también a la tendencia a juzgar como más graves los delitos que cometen los políticos que no son de nuestra cuerda ideológica.
Estas vienen a ser, groso modo, las descorazonadoras conclusiones de un artículo publicado por dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los economistas Juan Luis Jiménez González y Carmen García Galindo, en la plataforma de divulgación científica The Conversation titulado «¿Por qué hay corrupción política, qué efectos tiene sobre el voto y cómo solucionarla?».
«La pérdida de votos es reducida, muchas veces condicionada por la difusión que se hubiese dado a esos casos en los medios de comunicación (cuanta mayor difusión, mayor es el castigo) y, lo que puede ser más preocupante, en función de quién la hubiese cometido», exponen ambos expertos.
Ponen como ejemplo en este sentido que «en el periodo 1999-2011, mientras los votantes del PSOE castigaron a su partido por sus casos de corrupción reduciendo los votos alrededor de 2 puntos porcentuales, los votos del PP no solo no disminuyeron ante casos de corrupción, sino que aumentaron entre 2 y 4 puntos porcentuales».
Resulta llamativo que partidos con políticos que acaban en la cárcel sigan ganando elecciones, y pocas veces las formaciones políticas o los cargos públicos que denuncian la corrupción tienen un claro premio en las urnas.
También es cierto que los partidos suelen alegar en su descargo que la corrupción la cometen personas concretas, garbanzos negros, pero no la organización como tal, y que candidatos sin mancha no pueden pagar los platos rotos de los que han enfangado la política.
Pero no es menos cierto que nunca las ilegalidades las denuncia el propio partido al que pertenece el corrupto y no son pocos los ejemplos de personas condenadas que gozaron de la protección de sus formaciones políticas hasta el último momento.
Es un difícil equilibrio, pues existe la presunción de inocencia y, de un tiempo a esta parte, un código ético en muchos partidos que impiden ser candidato a quien está imputado o va a juicio oral.
Finalmente, hay quien piensa que el pueblo es soberano hasta para elegir a personas de dudosa reputación, y que los resultados en las urnas no solo legitiman incluso al candidato de reputación más sospechosa para la gente informada, sino que son una especie de plebiscito de moral cuando el partido que gana ha tenido la corrupción en sus entrañas (presunta o condenada).
Cuanta mejor sistema educativo, menos corrupción
Señalan los dos profesores universitarios en su artículo tres factores preponderantes por los que existen lo que coloquialmente en Canarias podríamos describir como políticos que meten la mano en la lata del gofio.
El primer factor es la educación: «Los países con mejor calidad de vida del sistema educativo son también los que menores niveles de corrupción presentan».
Un segundo factor es la transparencia, es decir, que quienes gobiernan deben rendir cuentas, lo cual «no solo garantiza que se comportarán correctamente, sino que aumentará la confianza que los ciudadanos tienen en los gobernantes».
Y un tercer factor son las sanciones, es decir, que se castigue judicial y electoralmente la corrupción.
El daño de los corruptos a la democracia… y a la economía
Lo cierto es que los comportamientos ilícitos de una parte de los políticos perjudican no solo a la imagen de un territorio sino también a su economía. Al respecto, JIménez González y García Galindo afirman que «si le preguntasen a los economistas qué factores son necesarios para que crezca un país (o una comunidad autónoma, una región o un municipio), a buen seguro la mayoría destacaría la calidad de las instituciones; no solo necesita de una buena legislación, sino también debe ser capaz de evitar la peor de las enfermedades posibles: la corrupción».
Para ambos docentes de la ULPGC, resulta «indudable» la «capacidad para amenazar y debilitar el sistema» que tienen los amigos de lo ajeno en lo público. «En un mundo corrupto», apuntan, «los agentes que viven u operan con él (ciudadanía, empresas, otros países con los que se relaciona, etc…) dejan de creer en las instituciones y, por tanto, se abre la puerta a situaciones que se han demostrado nocivas a lo largo de la historia: chantajes, prevaricaciones, mercados negros».
Desde luego corruptos los hay en España y en cualquier otra parte del mundo, porque es «inherente al ser humano», según estos dos investigadores, pero sí advierten que en nuestro país «en las dos últimas décadas, se ha asistido a un aumento considerable de casos de corrupción política».
El coste económico de la corrupción
Un informe de 2018 realizado por Los Verdes/Alianza Libre Europea estimaba el fraude por corrupción en España en 90.000 millones de euros, alrededor del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) estatal. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa, un poco más es lo que se prevé que pueda caer la riqueza nacional por la atroz paralización económica de la crisis del coronavirus.
Para toda la UE el fraude corrupto alcanzaría los 900.000 millones de euros al año. La web casos-aislados.com eleva esa cantidad a 125.000 millones de euros mientras que el Fondo Monetario Internacional la reduce a 60.000 millones de euros anuales.
Estar bien informado es clave… si no nos desinforman
La gran pregunta por qué no castigamos más a determinados partidos y candidatos. La respuesta para los autores de este artículo apuntan varios motivos. Uno de ellos es la falta de información, de modo que quien ignora los escándalos con el erario publico no sentirá el deseo de castigar a nadie.
En esto siempre influye tanto la mayor o menor voluntad de la persona por informarse, ya que estar al día requiere dedicarle tiempo (por prensa, radio o televisión) y un esfuerzo mental también, como la mayor o menor facilidad para encontrar información sobre un caso de corrupción en los medios de comunicación.
Hay causas penales que acaban publicando todos los medios, pero otras que solo publican contadas empresas informativas. Fundamental es, desde luego, que la información no sea sesgada, porque una cosa es la línea editorial de un medio y otra los hechos, que suelen ser más sagrados para los periodistas que para algunos dueños de sus empresas.
La doble vara de medir de la ideología
Otro motivo de que seamos tan tolerantes con algunos político corruptos lo apuntan los dos economistas de la ULPGC: «El propio sesgo político del votante, que le lleva a juzgar de manera diferente casos de corrupción en función de qué partido los haya cometido». «Además, los votantes son proclives a perdonar la corrupción si consideran que es un mal menor en comparación con otros atributos del político corrupto, como puede ser su capacidad de gestión». Esto lo resumen los dos autores del trabajo en el famoso aforismo latinoamericano de “roba, pero hace” (rouba, mas faz).
Finalmente, hay un motivo que no es baladí: el clientelismo, es decir el intercambio explícito, por medio del cual el político corrupto utilizaría parte de los fondos que maneja para construir una red de “conocidos” a los que otorga beneficios, consiguiendo así ser reelegido.
En suma, Jiménez González y García Galindo, a pesar de su demoledor diagnóstico de lo que permitimos con la cosa pública a quienes manejan el dinero que todos pagamos de nuestros bolsillos, nos dan algo de esperanza, pues por lo menos hay tratamiento, para cuando como sociedad nos decidamos de verdad a aplicarlo: «Si queremos reducir la corrupción», concluyen, «hacen falta tres elementos cruciales: más educación, más transparencia y más difusión mediática de los escándalos».
Los autores del artículo
Juan Luis Jiménez es doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor titular en este centro docente. Su campo de especialización es la política de competencia y, en general, la economía pública. Ha participado en proyectos de investigación para la Comisión Europea, World Bank, Ministerio de Educación del Gobierno de España o el Gobierno chileno, entre otros. Sus publicaciones se encuentran en revistas como Transportation Research Part-A, Journal of Common Market Studies, Energy Economics, Review of Industrial Organization, entre otras.
Carmen García Galindo es licenciada en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2008-2012). Máster en Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid (2012-2014). Doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo (2014-2018, contrato predoctoral Salvador de Madariaga).
