VICENTE PÉREZ
La jueza de la Plaza 4 del Tribunal de Instancia de lo Contencioso Administrativo de Tenerife ha ordenado al Ayuntamiento de Icod de los Vinos que dé de alta en el servicio de agua de abasto a Mercedes F. P., una vecina de 64 años con 67% de discapacidad, que acudió a la vía judicial después de tres años de reclamaciones para tener acceso este bien básico, del que sí disfrutan los restantes 33 pisos de su edificio.
Se trata, en cualquier caso, de una medida cautelar, que ya ha cumplido el Consistorio, a la espera de que se resuelva el fondo del asunto, pero la magistrada del caso le ha llamado la atención que el Ayuntamiento le denegara hasta ahora el agua de abasto alegando que la vivienda no tiene licencia de primera ocupación pero sí le cobre la tasa de basura.
«Esta contradicción de la Administración local, con claros fines meramente recaudatorios, no es entendible por esta juzgadora, en este momento cautelar, sin perjuicio de lo que pueda resultar del estudio pormenorizado de los informes que consten en el expediente administrativo», razona la jueza.
La vivienda, comprada a un banco y sin advertencia alguna
Mercedes, cuya historia ya contó este diario, por fin dispone de agua corriente, a raíz de esta decisión judicial, una medida que, aunque sea provisional, le ha hecho respirar con un poco de alivio después de tres años privada de este servicio básico.
Su vivienda forma parte de un edificio de 34 viviendas que, según supo después de adquirirlo, está fuera de ordenación y carece de cédula de habitabilidad.
Sin embargo, según relata la afectada, esa circunstancia no ha impedido que el resto de propietarios sí tengan suministro. “El vecino de arriba tiene agua, el bar de abajo tiene agua, los locales comerciales tienen agua , pero yo no. No entiendo por qué conmigo ha sido diferente”, declaró en su momento a PLANETA CANARIO.
Mercedes compró el inmueble a la citada entidad financiera tras un embargo al anterior propietario. Asegura que en ningún momento fue advertida de que existiera impedimento alguno para contratar suministros básicos.
Recalca que ni el banco que se le vendió el piso, ni el notario, ni el Registro de la Propiedad le advirtieron de ningún problema sobre este edificio en suelo urbano ni sobre su piso en particular.
Mercedes relata que el alcalde de la Ciudad del Drago, Javier Sierra, le comunicó en una reunión que solo tendría agua “por orden de un juez o si se regulariza todo el edificio”, opción esta segunda que considera imposible porque requeriría el acuerdo de los otros 32 propietarios y el abono de una cantidad importante.
De ahí que decidiera denunciar su caso ante la Justicia. Ahora le toca esperar por la resolución del procedimiento, en el que confía que la sentencia sea a su favor, «porque lo que me ha ocurrido a mi es una injusticia».
El Ayuntamiento sigue sin entregar los informes en que basa su negativa
En el auto, dictado el pasado 24 de junio, la magistrada que instruye el caso recuerda que «estamos ante un procedimiento iniciado en el año 2024, cuya demanda se ha podido formalizar en el año 2026, precisamente porque la Administración [el Ayuntamiento] no ha respondido a los distintos requerimientos de aportación del expediente administrativo en forma legal».
Un retraso que, en palabras de esta la titular de Juzgado, ya está causando a Mercedes «un daño y perjuicio» y ·el que puede seguir generándose, como consecuencia del transcurso del tiempo sin dar respuesta».
Además, esta ciudadana se queja de que el Ayuntamiento sigue sin facilitarle los informes técnicos en los que, según le comunican de manera verbal los responsables municipales, se había venido basando el consistorio para denegarle el agua. Ni siquiera a través del Juzgado los ha podido recabar.
Circunstancia que ha tenido en cuenta la jueza, que, por tanto, ve «acreditados los perjuicios graves para el demandante y que no existe interés general que proteger por encima del interés particular» para concederle la medida cautelar.
Este diario ha ofrecido al Ayuntamiento icodense dar su versión, hasta en tres ocasiones, a través de la cuenta de correo facilitada por el Consistorio para contactar con el responsable de comunicación, sin recibir respuesta.
