VICENTE PÉREZ
El Ayuntamiento de Granadilla ha aprobado por unanimidad una ordenanza que regula el alquiler turístico de viviendas en zonas residenciales, materia en la que el Parlamento de Canarias tramita ya un proyecto de ley promovido por el Gobierno regional, dada el grave problema social que existe en el Archipiélago por la desproporción entre los precios en el mercado inmobiliario (sea compra o alquiler) y los salarios.
La normativa que entrará en vigor en Granadilla, permite el alquiler vacacional solo en los bajos de edificios, primera planta con acceso independiente y en viviendas aisladas.
En todo caso, tiene que tratarse necesariamente de inmuebles edificados de acuerdo a la normativa urbanística y las determinaciones del planeamiento sobre usos del suelo y la edificación, que cuenten con las preceptivas licencias, títulos habilitantes y autorizaciones exigibles en el momento de la edificación, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.
La ordenanza establece otras prohibiciones para ejercer la actividad turística, como es el caso de viviendas que se encuentren en situación de fuera de ordenación, o sujetas a algunos de los regímenes de protección o promoción pública o aquellas, que aún cumpliendo los requisitos, se encuentran emplazadas en zonas declaradas tensionadas.
Hay que recordar que el de Granadilla ha sido el segundo ayuntamiento canario en solicitar al Gobierno regional el estudio pertinente para la declaración de zona tensionada.
Según la alcaldesa, Jennifer MIranda (PSOE), Granadilla de Abona ha sido el primer municipio de Tenerife en regular, dentro de sus límites competenciales, la vivienda vacacional como actividad.
La ordenanza entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Su aprobación contó con el voto favorable de los grupos socios de gobierno (PSOE y PP) y los de la oposición (CC y VOX).
Durante el periodo de información pública, el texto aprobado recibió 60 reclamaciones y sugerencias, que fueron desestimadas por el pleno del Ayuntamiento, tras ser estudiadas por los servicios jurídicos municipales y rechazadas en la comisión previa al máximo órgano colegiado de la Corporación.
Estas alegaciones planteaban que la regulación del alquiler vacacional vulneraba normativa comunitaria o el derecho de propiedad y de libertad de empresa o que el Ayuntamiento carecía de competencias en esta materia, entre otros argumentos.
La alcaldesa argumentó que esta medida “es fruto de la valentía” y de “una contundente política y estrategia municipal de vivienda, dando así respuesta a la mayor reivindicación vecinal, que es resolver uno de los mayores dramas que sufren los granadilleros: el problema de la vivienda y el derecho a acceder a una vivienda digna”.
El concejal de Urbanismo, Óscar Delgado, expuso que “se trata de una intención clara y exclusiva de ordenar una actividad a la que reconocemos su valía, pero también sus inconvenientes; entre ellos, la problemática de las quejas de convivencia, a lo que hacemos frente poniendo en valor el derecho a la vivienda y al descanso”. Enfatizó que “debemos ser valientes para afrontar situaciones tan difíciles como la crisis de vivienda que viven nuestra comunidad, nuestra isla y nuestro municipio».
A la espera de la nueva ley que se tramita en el Parlamento canario
Mientras Granadilla da este paso, en el Parlamento de Canarias ha comenzado la tramitación de una ley reguladora del alquiler vacacional que, de aprobarse tal cual la ha proyectado el Gobierno canario, prohibirá implantar nuevas viviendas vacacionales hasta que el planeamiento urbanístico lo habilite expresamente, al menos durante los próximos cinco años.
Se impedirá destinar viviendas de nueva construcción a alquiler vacacional durante los diez años siguientes a su construcción garantizando de este modo su permanencia en el mercado residencial.
También estará prohibido implantar edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Con ese mismo objetivo, la futura ley no permitirá que las viviendas de protección oficial puedan comercializarse con un uso turístico, al entender que deben concebirse siempre como recurso alojativo para las familias más vulnerables.
En lo que respecta al inicio de la actividad, el nuevo marco legislativo en tramitación mantiene la declaración responsable, pero frente a la situación actual, esta deberá ir acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, actividades clasificadas sectoriales y turísticas.
Por otro lado, el proyecto de ley incorpora la posibilidad de que los pequeños propietarios que explotan actualmente sus viviendas de forma legal puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la norma, aunque no será transmisible. En el caso de los explotadores no propietarios, podrán continuar su actividad por un período inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o veinte años.
Eso sí, las viviendas vacacionales que son legales hoy en día y cumplen con lo establecido en el actual decreto 113/2015, seguirán siendo legales con la nueva ley, y podrán continuar su actividad.
