RUBÉN EXPÓSITO
Dell es uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, muy utilizado por empresas, y con unos portátiles muy populares. El pasado 23 de mayo tuvo un patinazo muy grave del cual no quiere hacerse cargo.
Dell vendió en Internet por unas cantidades ridículas dos de sus modelos de portátil: uno a 35 y otro a 39 euros. Las compras se realizaron online y los pedidos fueron confirmados correctamente a través de correo electrónico. La empresa comunicó que se trataba de un error, que ese precio no era el correcto, pero lo dijo cuando miles de personas ya habían pagado por el artículo ofertado y tenían en su poder la factura de compra.
FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias contra Dell ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el resto de autoridades de protección al consumidor autonómicas por «no entregar miles de portátiles» que vendió desde su web por menos de 40 euros a finales del pasado mes de mayo.
FACUA comunicó que son casi 2.000 los compradores que se han sumado a la plataforma de #AfectadosDell impulsada por la asociacion hace doce días y a través de la que les informan sobre sus derechos y potenciar las reclamaciones contra la multinacional estadounidense para que cumpla los contratos de compraventa y entregue los equipos a los consumidores. Los equipos jurídicos están preparando denuncias administrativas.
La argumentación de FACUA
Con la intención de evitar eventuales errores, la empresa se reserva la facultad de «revisar« cada pedido realizado a través de su tienda online y considera que «no se formalizará un contrato (…) a menos o hasta que Dell acepte su pedido mediante una confirmación del pedido por escrito«. Aunque FACUA considera que esta práctica es jurídicamente cuestionable, es un elemento clave para argumentar que precisamente la compañía revisó todos los pedidos de portátiles que vendió a precio de ganga y dio los contratos por formalizados al enviar a cada comprador un mensaje varias horas después en el que les informaba de la «confirmación del pedido«.
En su denuncia, FACUA argumenta que «incluso dando por posible que un empleado pudiese haber cometido un fallo en la introducción del precio en el muestrario de la tienda online (debiendo haber destinado la denunciada más recursos a los efectos de evitar el error humano), no parece razonable que tal error pudiera además haber traspasado el proceso de revisión de los pedidos, ya que no parece que el mismo pueda tener más objeto que controlar la disponibilidad de los productos y el precio de los mismos«.
FACUA explica que los pedidos formalizados por los usuarios cuentan con todos los requisitos recogidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, las leyes estatal y autonómica de defensa de los consumidores y el Código Civil para considerar que Dell está obligada a entregar los portátiles a los precios ofertados.
Práctica sancionable
Asimismo, la asociación señala en su denuncia que el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas por Dell con los compradores de sus equipos implica la comisión de una infracción a la legislación de defensa de los consumidores, por lo que debe ser objeto de sanción económica por parte de la autoridad de consumo autonómica, que también tiene la potestar para imponerle la entrega de los productos.
En el caso de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, se trataría de una vulneración de su artículo 50, relativo a la «normalización técnica, comercial y de prestación de servicios». Así, Dell habría infringido «el deber de veralicidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos» y estaría incurriendo en «la negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor«.
Además de la multa, FACUA recuerda que la legislación estatal de defensa de los consumidores faculta a las autoridades autonómicas para obligar a las empresas a cumplir con sus obligaciones. Así, el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que «en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados y causados al consumidor».
RUBÉN EXPÓSITO
Dell es uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, muy utilizado por empresas, y con unos portátiles muy populares. El pasado 23 de mayo tuvo un patinazo muy grave del cual no quiere hacerse cargo.
Dell vendió en Internet por unas cantidades ridículas dos de sus modelos de portátil: uno a 35 y otro a 39 euros. Las compras se realizaron online y los pedidos fueron confirmados correctamente a través de correo electrónico. La empresa comunicó que se trataba de un error, que ese precio no era el correcto, pero lo dijo cuando miles de personas ya habían pagado por el artículo ofertado y tenían en su poder la factura de compra.
FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias contra Dell ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el resto de autoridades de protección al consumidor autonómicas por «no entregar miles de portátiles» que vendió desde su web por menos de 40 euros a finales del pasado mes de mayo.
FACUA comunicó que son casi 2.000 los compradores que se han sumado a la plataforma de #AfectadosDell impulsada por la asociacion hace doce días y a través de la que les informan sobre sus derechos y potenciar las reclamaciones contra la multinacional estadounidense para que cumpla los contratos de compraventa y entregue los equipos a los consumidores. Los equipos jurídicos están preparando denuncias administrativas.
La argumentación de FACUA
Con la intención de evitar eventuales errores, la empresa se reserva la facultad de «revisar« cada pedido realizado a través de su tienda online y considera que «no se formalizará un contrato (…) a menos o hasta que Dell acepte su pedido mediante una confirmación del pedido por escrito«. Aunque FACUA considera que esta práctica es jurídicamente cuestionable, es un elemento clave para argumentar que precisamente la compañía revisó todos los pedidos de portátiles que vendió a precio de ganga y dio los contratos por formalizados al enviar a cada comprador un mensaje varias horas después en el que les informaba de la «confirmación del pedido«.
En su denuncia, FACUA argumenta que «incluso dando por posible que un empleado pudiese haber cometido un fallo en la introducción del precio en el muestrario de la tienda online (debiendo haber destinado la denunciada más recursos a los efectos de evitar el error humano), no parece razonable que tal error pudiera además haber traspasado el proceso de revisión de los pedidos, ya que no parece que el mismo pueda tener más objeto que controlar la disponibilidad de los productos y el precio de los mismos«.
FACUA explica que los pedidos formalizados por los usuarios cuentan con todos los requisitos recogidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, las leyes estatal y autonómica de defensa de los consumidores y el Código Civil para considerar que Dell está obligada a entregar los portátiles a los precios ofertados.
Práctica sancionable
Asimismo, la asociación señala en su denuncia que el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas por Dell con los compradores de sus equipos implica la comisión de una infracción a la legislación de defensa de los consumidores, por lo que debe ser objeto de sanción económica por parte de la autoridad de consumo autonómica, que también tiene la potestar para imponerle la entrega de los productos.
En el caso de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, se trataría de una vulneración de su artículo 50, relativo a la «normalización técnica, comercial y de prestación de servicios». Así, Dell habría infringido «el deber de veralicidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos» y estaría incurriendo en «la negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor«.
Además de la multa, FACUA recuerda que la legislación estatal de defensa de los consumidores faculta a las autoridades autonómicas para obligar a las empresas a cumplir con sus obligaciones. Así, el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que «en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados y causados al consumidor».
RUBÉN EXPÓSITO
Dell es uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, muy utilizado por empresas, y con unos portátiles muy populares. El pasado 23 de mayo tuvo un patinazo muy grave del cual no quiere hacerse cargo.
Dell vendió en Internet por unas cantidades ridículas dos de sus modelos de portátil: uno a 35 y otro a 39 euros. Las compras se realizaron online y los pedidos fueron confirmados correctamente a través de correo electrónico. La empresa comunicó que se trataba de un error, que ese precio no era el correcto, pero lo dijo cuando miles de personas ya habían pagado por el artículo ofertado y tenían en su poder la factura de compra.
FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias contra Dell ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el resto de autoridades de protección al consumidor autonómicas por «no entregar miles de portátiles» que vendió desde su web por menos de 40 euros a finales del pasado mes de mayo.
FACUA comunicó que son casi 2.000 los compradores que se han sumado a la plataforma de #AfectadosDell impulsada por la asociacion hace doce días y a través de la que les informan sobre sus derechos y potenciar las reclamaciones contra la multinacional estadounidense para que cumpla los contratos de compraventa y entregue los equipos a los consumidores. Los equipos jurídicos están preparando denuncias administrativas.
La argumentación de FACUA
Con la intención de evitar eventuales errores, la empresa se reserva la facultad de «revisar« cada pedido realizado a través de su tienda online y considera que «no se formalizará un contrato (…) a menos o hasta que Dell acepte su pedido mediante una confirmación del pedido por escrito«. Aunque FACUA considera que esta práctica es jurídicamente cuestionable, es un elemento clave para argumentar que precisamente la compañía revisó todos los pedidos de portátiles que vendió a precio de ganga y dio los contratos por formalizados al enviar a cada comprador un mensaje varias horas después en el que les informaba de la «confirmación del pedido«.
En su denuncia, FACUA argumenta que «incluso dando por posible que un empleado pudiese haber cometido un fallo en la introducción del precio en el muestrario de la tienda online (debiendo haber destinado la denunciada más recursos a los efectos de evitar el error humano), no parece razonable que tal error pudiera además haber traspasado el proceso de revisión de los pedidos, ya que no parece que el mismo pueda tener más objeto que controlar la disponibilidad de los productos y el precio de los mismos«.
FACUA explica que los pedidos formalizados por los usuarios cuentan con todos los requisitos recogidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, las leyes estatal y autonómica de defensa de los consumidores y el Código Civil para considerar que Dell está obligada a entregar los portátiles a los precios ofertados.
Práctica sancionable
Asimismo, la asociación señala en su denuncia que el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas por Dell con los compradores de sus equipos implica la comisión de una infracción a la legislación de defensa de los consumidores, por lo que debe ser objeto de sanción económica por parte de la autoridad de consumo autonómica, que también tiene la potestar para imponerle la entrega de los productos.
En el caso de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, se trataría de una vulneración de su artículo 50, relativo a la «normalización técnica, comercial y de prestación de servicios». Así, Dell habría infringido «el deber de veralicidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos» y estaría incurriendo en «la negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor«.
Además de la multa, FACUA recuerda que la legislación estatal de defensa de los consumidores faculta a las autoridades autonómicas para obligar a las empresas a cumplir con sus obligaciones. Así, el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que «en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados y causados al consumidor».
RUBÉN EXPÓSITO
Dell es uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, muy utilizado por empresas, y con unos portátiles muy populares. El pasado 23 de mayo tuvo un patinazo muy grave del cual no quiere hacerse cargo.
Dell vendió en Internet por unas cantidades ridículas dos de sus modelos de portátil: uno a 35 y otro a 39 euros. Las compras se realizaron online y los pedidos fueron confirmados correctamente a través de correo electrónico. La empresa comunicó que se trataba de un error, que ese precio no era el correcto, pero lo dijo cuando miles de personas ya habían pagado por el artículo ofertado y tenían en su poder la factura de compra.
FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias contra Dell ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el resto de autoridades de protección al consumidor autonómicas por «no entregar miles de portátiles» que vendió desde su web por menos de 40 euros a finales del pasado mes de mayo.
FACUA comunicó que son casi 2.000 los compradores que se han sumado a la plataforma de #AfectadosDell impulsada por la asociacion hace doce días y a través de la que les informan sobre sus derechos y potenciar las reclamaciones contra la multinacional estadounidense para que cumpla los contratos de compraventa y entregue los equipos a los consumidores. Los equipos jurídicos están preparando denuncias administrativas.
La argumentación de FACUA
Con la intención de evitar eventuales errores, la empresa se reserva la facultad de «revisar« cada pedido realizado a través de su tienda online y considera que «no se formalizará un contrato (…) a menos o hasta que Dell acepte su pedido mediante una confirmación del pedido por escrito«. Aunque FACUA considera que esta práctica es jurídicamente cuestionable, es un elemento clave para argumentar que precisamente la compañía revisó todos los pedidos de portátiles que vendió a precio de ganga y dio los contratos por formalizados al enviar a cada comprador un mensaje varias horas después en el que les informaba de la «confirmación del pedido«.
En su denuncia, FACUA argumenta que «incluso dando por posible que un empleado pudiese haber cometido un fallo en la introducción del precio en el muestrario de la tienda online (debiendo haber destinado la denunciada más recursos a los efectos de evitar el error humano), no parece razonable que tal error pudiera además haber traspasado el proceso de revisión de los pedidos, ya que no parece que el mismo pueda tener más objeto que controlar la disponibilidad de los productos y el precio de los mismos«.
FACUA explica que los pedidos formalizados por los usuarios cuentan con todos los requisitos recogidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, las leyes estatal y autonómica de defensa de los consumidores y el Código Civil para considerar que Dell está obligada a entregar los portátiles a los precios ofertados.
Práctica sancionable
Asimismo, la asociación señala en su denuncia que el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas por Dell con los compradores de sus equipos implica la comisión de una infracción a la legislación de defensa de los consumidores, por lo que debe ser objeto de sanción económica por parte de la autoridad de consumo autonómica, que también tiene la potestar para imponerle la entrega de los productos.
En el caso de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, se trataría de una vulneración de su artículo 50, relativo a la «normalización técnica, comercial y de prestación de servicios». Así, Dell habría infringido «el deber de veralicidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos» y estaría incurriendo en «la negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor«.
Además de la multa, FACUA recuerda que la legislación estatal de defensa de los consumidores faculta a las autoridades autonómicas para obligar a las empresas a cumplir con sus obligaciones. Así, el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que «en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados y causados al consumidor».
