Estafan mediante recetas falsas más de dos millones de euros al SCS
A través de la empresa encargada del mantenimiento del sistema informático del Servicio Canario de la Salud, se pudo comprobar que sólo en los dos últimos años, estafaron 1.723.586 euros
La Guardia Civil ha detenido a siete personas, tres médicos, un farmacéutico y dos empresarios de la isla de Tenerife, por los supuestos delitos de estafa continuada al Servicio Canario de la Salud (SCS), falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La estafa supera los dos millones de euros. La operación, denominada HIGEA TF, se inició cuando el SCS detectó que desde el año 2014 una farmacia situada en el centro de Santa Cruz dispensaba medicamentos de alto coste y que en la inmensa mayoría de los casos eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su trabajo en un principio en el Centro de Salud de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.
El médico de familia emitía de forma “masiva” recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención/Guardia Civil
La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extraordinarimente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto. Los agentes averiguaron que en la trama también había un empresario que ejercía la función de enlace entre médico y farmacéutico, siendo éste el principal promotor de la actividad delictiva investigada.
Modus operandi
El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a subvención que no pertenecían a su cupo de pacientes, así que los pacientes de esos médicos ignoraban la actividad delictiva de la organización. Simulando haber mantenido una consulta con él, generaba en el sistema de SCS una receta médica electrónica, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos. El beneficio radicaba en que, aunque se facturaba el fármaco al SCS, el medicamento nunca se despachaba.
Ramificaciones de la organización
Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización, de menor escala, y que se llevaban a cabo en los municipios de Güímar y Adeje.
Por un lado, se descubrió que en el municipio de Güímar, una empresaria de una residencia de la tercera edad, actualmente cerrada, utilizaba a un médico de familia del centro de salud de esa localidad para extender recetas electrónicas a los mayores ingresados en el centro y que luego eran presentadas en la misma farmacia de Santa Cruz de Tenerife. Se dispensaban solo algunos fármacos prescritos pero se facturaban todos los que figuraban en las recetas, generando así beneficios tanto para la farmacia como para el citado centro.
Asimismo, en un Centro de Salud de Adeje los agentes detectaron el mismo modus operandi que en Güímar, se prescribían recetas electrónicas a diversos pacientes que posteriormente eran despachadas en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife.
Dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina
Además, durante toda la investigación, también se logró desactivar otra actividad ilícita, consistente en la dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina en la propia sede de la farmacia de Santa Cruz. Los clientes consumidores de esas sustancias, concertaban citas por teléfono con el propietario de la farmacia y en su trastienda, alguno de sus empleados o él mismo, les inyectaba la dosis de anabolizante.
Como hecho delictivo definitivo, el propietario de la farmacia estaba ultimando la venta de la misma a una tercera persona por un importe muy superior a su precio real, utilizando para tal engaño los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que en nada tenían que ver con los importes reales de ventas. El objetivo del empresario estafador no era otro que lograr llevar a cabo una venta a un precio muy superior al real antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de fármacos que le impediría continuar con su facturación ficticia.
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PLANETA CANARIO
La Guardia Civil ha detenido a siete personas, tres médicos, un farmacéutico y dos empresarios de la isla de Tenerife, por los supuestos delitos de estafa continuada al Servicio Canario de la Salud (SCS), falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La estafa supera los dos millones de euros. La operación, denominada HIGEA TF, se inició cuando el SCS detectó que desde el año 2014 una farmacia situada en el centro de Santa Cruz dispensaba medicamentos de alto coste y que en la inmensa mayoría de los casos eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su trabajo en un principio en el Centro de Salud de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.
El médico de familia emitía de forma “masiva” recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención/Guardia Civil
La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extraordinarimente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto. Los agentes averiguaron que en la trama también había un empresario que ejercía la función de enlace entre médico y farmacéutico, siendo éste el principal promotor de la actividad delictiva investigada.
Modus operandi
El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a subvención que no pertenecían a su cupo de pacientes, así que los pacientes de esos médicos ignoraban la actividad delictiva de la organización. Simulando haber mantenido una consulta con él, generaba en el sistema de SCS una receta médica electrónica, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos. El beneficio radicaba en que, aunque se facturaba el fármaco al SCS, el medicamento nunca se despachaba.
Ramificaciones de la organización
Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización, de menor escala, y que se llevaban a cabo en los municipios de Güímar y Adeje.
Por un lado, se descubrió que en el municipio de Güímar, una empresaria de una residencia de la tercera edad, actualmente cerrada, utilizaba a un médico de familia del centro de salud de esa localidad para extender recetas electrónicas a los mayores ingresados en el centro y que luego eran presentadas en la misma farmacia de Santa Cruz de Tenerife. Se dispensaban solo algunos fármacos prescritos pero se facturaban todos los que figuraban en las recetas, generando así beneficios tanto para la farmacia como para el citado centro.
Asimismo, en un Centro de Salud de Adeje los agentes detectaron el mismo modus operandi que en Güímar, se prescribían recetas electrónicas a diversos pacientes que posteriormente eran despachadas en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife.
Dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina
Además, durante toda la investigación, también se logró desactivar otra actividad ilícita, consistente en la dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina en la propia sede de la farmacia de Santa Cruz. Los clientes consumidores de esas sustancias, concertaban citas por teléfono con el propietario de la farmacia y en su trastienda, alguno de sus empleados o él mismo, les inyectaba la dosis de anabolizante.
Como hecho delictivo definitivo, el propietario de la farmacia estaba ultimando la venta de la misma a una tercera persona por un importe muy superior a su precio real, utilizando para tal engaño los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que en nada tenían que ver con los importes reales de ventas. El objetivo del empresario estafador no era otro que lograr llevar a cabo una venta a un precio muy superior al real antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de fármacos que le impediría continuar con su facturación ficticia.
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PLANETA CANARIO
La Guardia Civil ha detenido a siete personas, tres médicos, un farmacéutico y dos empresarios de la isla de Tenerife, por los supuestos delitos de estafa continuada al Servicio Canario de la Salud (SCS), falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La estafa supera los dos millones de euros. La operación, denominada HIGEA TF, se inició cuando el SCS detectó que desde el año 2014 una farmacia situada en el centro de Santa Cruz dispensaba medicamentos de alto coste y que en la inmensa mayoría de los casos eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su trabajo en un principio en el Centro de Salud de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.
El médico de familia emitía de forma “masiva” recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención/Guardia Civil
La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extraordinarimente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto. Los agentes averiguaron que en la trama también había un empresario que ejercía la función de enlace entre médico y farmacéutico, siendo éste el principal promotor de la actividad delictiva investigada.
Modus operandi
El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a subvención que no pertenecían a su cupo de pacientes, así que los pacientes de esos médicos ignoraban la actividad delictiva de la organización. Simulando haber mantenido una consulta con él, generaba en el sistema de SCS una receta médica electrónica, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos. El beneficio radicaba en que, aunque se facturaba el fármaco al SCS, el medicamento nunca se despachaba.
Ramificaciones de la organización
Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización, de menor escala, y que se llevaban a cabo en los municipios de Güímar y Adeje.
Por un lado, se descubrió que en el municipio de Güímar, una empresaria de una residencia de la tercera edad, actualmente cerrada, utilizaba a un médico de familia del centro de salud de esa localidad para extender recetas electrónicas a los mayores ingresados en el centro y que luego eran presentadas en la misma farmacia de Santa Cruz de Tenerife. Se dispensaban solo algunos fármacos prescritos pero se facturaban todos los que figuraban en las recetas, generando así beneficios tanto para la farmacia como para el citado centro.
Asimismo, en un Centro de Salud de Adeje los agentes detectaron el mismo modus operandi que en Güímar, se prescribían recetas electrónicas a diversos pacientes que posteriormente eran despachadas en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife.
Dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina
Además, durante toda la investigación, también se logró desactivar otra actividad ilícita, consistente en la dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina en la propia sede de la farmacia de Santa Cruz. Los clientes consumidores de esas sustancias, concertaban citas por teléfono con el propietario de la farmacia y en su trastienda, alguno de sus empleados o él mismo, les inyectaba la dosis de anabolizante.
Como hecho delictivo definitivo, el propietario de la farmacia estaba ultimando la venta de la misma a una tercera persona por un importe muy superior a su precio real, utilizando para tal engaño los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que en nada tenían que ver con los importes reales de ventas. El objetivo del empresario estafador no era otro que lograr llevar a cabo una venta a un precio muy superior al real antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de fármacos que le impediría continuar con su facturación ficticia.
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PLANETA CANARIO
La Guardia Civil ha detenido a siete personas, tres médicos, un farmacéutico y dos empresarios de la isla de Tenerife, por los supuestos delitos de estafa continuada al Servicio Canario de la Salud (SCS), falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La estafa supera los dos millones de euros. La operación, denominada HIGEA TF, se inició cuando el SCS detectó que desde el año 2014 una farmacia situada en el centro de Santa Cruz dispensaba medicamentos de alto coste y que en la inmensa mayoría de los casos eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su trabajo en un principio en el Centro de Salud de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.
El médico de familia emitía de forma “masiva” recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención/Guardia Civil
La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extraordinarimente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto. Los agentes averiguaron que en la trama también había un empresario que ejercía la función de enlace entre médico y farmacéutico, siendo éste el principal promotor de la actividad delictiva investigada.
Modus operandi
El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a subvención que no pertenecían a su cupo de pacientes, así que los pacientes de esos médicos ignoraban la actividad delictiva de la organización. Simulando haber mantenido una consulta con él, generaba en el sistema de SCS una receta médica electrónica, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos. El beneficio radicaba en que, aunque se facturaba el fármaco al SCS, el medicamento nunca se despachaba.
Ramificaciones de la organización
Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización, de menor escala, y que se llevaban a cabo en los municipios de Güímar y Adeje.
Por un lado, se descubrió que en el municipio de Güímar, una empresaria de una residencia de la tercera edad, actualmente cerrada, utilizaba a un médico de familia del centro de salud de esa localidad para extender recetas electrónicas a los mayores ingresados en el centro y que luego eran presentadas en la misma farmacia de Santa Cruz de Tenerife. Se dispensaban solo algunos fármacos prescritos pero se facturaban todos los que figuraban en las recetas, generando así beneficios tanto para la farmacia como para el citado centro.
Asimismo, en un Centro de Salud de Adeje los agentes detectaron el mismo modus operandi que en Güímar, se prescribían recetas electrónicas a diversos pacientes que posteriormente eran despachadas en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife.
Dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina
Además, durante toda la investigación, también se logró desactivar otra actividad ilícita, consistente en la dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina en la propia sede de la farmacia de Santa Cruz. Los clientes consumidores de esas sustancias, concertaban citas por teléfono con el propietario de la farmacia y en su trastienda, alguno de sus empleados o él mismo, les inyectaba la dosis de anabolizante.
Como hecho delictivo definitivo, el propietario de la farmacia estaba ultimando la venta de la misma a una tercera persona por un importe muy superior a su precio real, utilizando para tal engaño los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que en nada tenían que ver con los importes reales de ventas. El objetivo del empresario estafador no era otro que lograr llevar a cabo una venta a un precio muy superior al real antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de fármacos que le impediría continuar con su facturación ficticia.
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