VICENTE PÉREZ
La Sección SIndical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) en el Consistorio de la capital tinerfeña ha presentado este mes de mayo una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el presunto uso habitual como lugar de trabajo por parte de una empleada no pública, sino externa, de una sede municipal y de sus equipos informáticos. Unos hechos que este sindicato considera indicios de un posible delito de cohecho impropio.
Se da la circunstancia de que la trabajadora es Raquel Rodríguez Cubas, y el Sepca señala en su denuncia que ha podido «constatar» que ha desempeñado «sin solución de continuidad» labores en un edificio del Ayuntamiento situado en la calle de Antonio Domínguez Afonso, número 27 (conocida por calle de La Noria) «y que, asimismo, realiza otros trabajos o tareas para el partido político Coalición Canaria en el que ostenta cargos orgánicos», tanto en la estructura del partido como en la «estructura municipal de los distritos de Santa Cruz de Tenerife». En la actualidad forma parte de la candidatura de CC-PNC a las municipales del 26 de mayo al Ayuntamiento capitalino.
En el relato de los hechos, los delegados del Sepca exponen que en junio de 2018 la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical tuvo conocimiento, por quejas de otros empleados públicos, de esta «situación anómala, desde el punto de vista laboral» en dicho centro de trabajo, correspondiente al Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, que en el pasado fue sede de la OMIC hasta su traslado a las oficinas del parque de La Granja, y actualmente lo es de la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana.
Quejas de los propios empleados públicos
Todas las quejas recibidas de trabajadores públicos «describen y se refieren a la presencia, al menos desde mediados del año 2017, «de una presunta o supuesta trabajadora por cuenta ajena de la empresa Ralons, que desempeña sus funciones en la citada sede administrativa», indica la denuncia.
La utilización aparentemente irregular de la sede pública, según el escrito presentado ante la Fiscalía, consiste en «llevar a cabo una nada clara labor de tipo administrativo, para la cual hace uso de medios existentes en ese centro de trabajo incluyendo teléfono, ordenador y mesa, e incluso dispone de llaves de acceso al edificio público, todo ello amparado por un presunto contrato administrativo» con una empresa privada.
Los delegados del Sepca informaron de estos hechos a la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Nieves Pérez Marichal, a quien se le advirtió de que en este caso «se podrían estar creando las condiciones para que esta trabajadora de una empresa externa acuda a la jurisdicción de lo Social para solicitar su transformación en laboral indefinido por fraude de ley» y de que o bien utilizaba una clave propia de acceso a los equipos informático o lo hacía con una clave de un empleado público autorizado, «con o sin su consentimiento».
Escritos sindicales sin respuesta
Ante la falta de respuesta, en junio de 2018, en vistas de que la situación persistía, los delegados sindicales hicieron una visita a esta sede de la calle de La Noria, a raíz de la cual dirigieron un nuevo escrito a la mencionada directa general, en la que además se le refiere que la trabajadora externa «no respeta los espacios sin humo establecidos en la legalidad vigente».
Los sindicalistas preguntaron entonces a la jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, María del Pilar Rodríguez Machín -también candidata de CC en la capital tinerfeña en estas elecciones- quien les comentó que esta trabajadora externa se hallaba en la sede municipal «porque estaba despachando con ella unos asuntos relativos a los trabajos que desempeña y que su presencia en el centro de trabajo era puntual».
Sostiene el sindicato que Raquel Rodríguez continuó trabajando en dichas instalaciones públicas «pese a que la directora General de Recursos Humanos ya era perfecta conocedora de estos hechos anómalos toda vez que le habían sido expresamente comunicados a través de escritos presentados los días 5 y 12 de julio de 2018», que no han tenido contestación.
Llama la atención que, como quiera que en el segundo de los escritos se informaba además de una plaga de pulgas en este edificio público, el Negociado de Prevención de Riesgos Laborales emitió un informe «centrado exclusivamente en las deficiencias del edificio y de las picaduras de pulgas», pero «carece de pronunciamiento alguno en lo que concierne» a asuntos que tienen que ver con Raquel Rodríguez, «recogiendo expresamente ese informe que esa materia ha de ser tratada en otro ámbito».
Ante la falta de respuesta a sus escritos, tres delegados sindicales del SEPCA hicieron una nueva visita a la sede y vieron la empleado externa trabajando en una mesa. En esa ocasión no se hallaba la jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, pues se encontraba de vacaciones. Lo visto en esta visita «contradice la versión que en su momento esta dio a la Sección Sindical (en su visita del 3 de agosto de 2018) al indicarles que la asistencia de Raquel Rodríguez a ese centro de trabajo era puntual».
A raíz de esa nueva visita, el Sepca insistió con un nuevo escrito dirigido al Servicio de Recursos Humanos, para que tomara cartas en el asunto, y en el que dio un paso más al especificar los datos del equipo informático que presuntamente vieron utilizar a Raquel González Cubas, y manifiestan «el hecho constatado» de que, en el momento de la visita, «estaba recaudando dinero por ventas de entradas para Siam Park, en lo que parecía un acto organizado para personas jóvenes».
El sindicato, suspicaz por los antecedentes del caso Lerena
Los denunciantes advirtieron en sus escritos, y lo hacen constar en la Fiscalía, al Ayuntamiento de que «la inactividad por parte de los órganos responsables de la gestión del personal así como del servicio municipal en donde doña Raquel Rodríguez realiza y desempeña este tipo de labores, en el pasado se han reproducido con otras circunstancias y pequeñas variantes aunque con un modus operandi similar, pues forman parte del acervo de los escándalos municipales el conocido como caso Lerena, que derivó en la vía penal, o el caso Asesora, de cuya demanda ante el Juzgado de lo Social se deduce que una autoridad dio nombramiento para el puesto de asesora (personal eventual) de la Gerencia de Urbanismo a sabiendas de que, en realidad, iba a hacer labores administrativas reservadas a empleado público en la Oficina del Distrito de Ofra» .
Unas prácticas presuntamente «corruptas», según subrayó en aquel escrito para el Ayuntamiento el Sepca y recuerda en la denuncia, «llevan a resultados indeseables para el interés público general», por lo que entonces demandaron «el cese inmediato de las labores de esta trabajadora externa en la sede municipal» .
PLANETA CANARIO, antes de la publicación de esta noticia, ha solicitado la versión del Ayuntamiento al respecto, sin obtener, por el momento, respuesta.
