VICENTE PÉREZ
Las direcciones federal, regional e insular del PSOE han hecho público este sábado un sorprendente anuncio de consecuencias imprevisibles para su grupo de gobierno en Arona: han exigido tanto a su alcalde, José Julián Mena, como al exedil de Urbanismo -recientemente destituido por el regidor municipal- que renuncian a sus actas de concejales.
Es decir, que se vayan del Ayuntamiento, en uno de los principales municipios turísticos de Tenerife, donde el PSOE tiene 14 concejales, mayoría absoluta, pero con un cisma que enfrenta a la mitad con la otra mitad a cuenta de asuntos que han enturbiado la vida política municipal y que deberán dirimirse en la Fiscalía.
De este modo, los dirigentes del partido pretenden «consolidar un nuevo equipo de gobierno municipal». Esta decisión, de la que informado este sábado el PSOE en un comunicado, se produce «por acuerdo» de los tres citados órganos, «tras numerosas conversaciones e infructuosos intentos por reconducir el problema».
La situación actual del equipo de gobierno municipal, según explica la nota de prensa, «dividido en dos grupos antagónicos, obliga a apelar a la generosidad y la responsabilidad y poner la gobernabilidad del municipio por encima de otras consideraciones».
Esta sorprendente medida «tiene como único objetivo retomar la normalidad institucional que permita desarrollar el proyecto socialista para Arona».
El comunicado está firmado por Santos Cerdán León, secretario ejecutivo de Coordinación Territorial y de las relaciones Partido-Gobierno del Comisión Ejecutiva Federal; Jorge Tomás González Cabrera, secretario de Organización de la Ejecutiva Regional; y Josefa Mesa, secretaria de Organización de la Ejecutiva Insular del PSOE en Tenerife.
La decisión de las ejecutivas federal, regional e insular provocará reacciones, porque la familia socialista en Arona es un polvorín. Lo que está por ver es qué sentido. El presidente del PSOE aronero, Agustín Marichal, defiende la gestión del alcalde y ya advirtió días pasados a los órganos de dirección del partido: “Que tengan cuidadito con los pasos que van a dar, porque no nos quedaremos quietos”. Por su parte, los concejales partidarios de Luis García también lanzaron su aviso tras su cese, y en Sol del Sur amenazaron con romper el grupo de gobierno.
Un centro comercial y una recalificación de suelo, y dos denuncias en Fiscalía
El enfrentamiento entre las dos facciones socialistas en el municipio tinerfeño parece irreconciliable en las actuales condiciones. El alcalde destituyó al entonces concejal de Urbanismo arrojando sospechas sobre su gestión en torno a un centro comercial en la Punta del Camisón que toca la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, y cuyo expediente ha desentrañado el periodista David Cuesta en Canarias Ahora.
Se trata del centro comercial Artslife & Shopping, situado en primera línea de costa, entre las playas de El Camisón y Las Vistas, una operación urbanística por la que un empresario ha denunciado en la Fiscalía Provincial a Luis García y al exjefe de Servicio de Urbanismo, Damián Hernández, según ha publicado Diario de Avisos.
El viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz, ha anunciado en el Parlamento que impulsará un expediente administrativo, iniciado en 2019 por la Agencia de Protección del Medio Natural, para investigar las presuntas ilegalidades de este centro comercial.
Pero antes de publicarse esta información, y de que fuera destituido, Luis García había presentado a su vez una denuncia en la Fiscalía por supuestas ilegalidades en el propio Ayuntamiento, y por la que ya compareció este mes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.
Entre las pruebas que han llevado al Ministerio Fiscal figura una grabación de audio en la que se oye a un abogado cercano al alcalde y a una familiar del regidor municipal negociando una recalificación de suelo con un grupo de empresarios, un cambio que se condicionó al pago de 50.000 euros y, en caso de que esta modificación quedara plasmada en el Plan General de Ordenación en trámite, a la cesión de un 5% de la edificabilidad de ese suelo, según ha publicado la periodista Blanca Salazar en el diario Sol del Sur.
Por si esto no fuera poco, el El Día ha aireado que a fines de 2019 el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística de Arona denunció «coacciones», «amenazas», «comentarios injuriosos» y «actitud persecutoria» del citado abogado para tutelar e imponer «una actuación urbanística acorde a sus intereses por parte de los empleados públicos del área de Planificación y Ordenación Urbana del Ayuntamiento. Dicho periódico publicó que Mena había tolerado esas presiones, lo que llevó al alcalde a anunciar esta semana una querella por esta información periodística.
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