VICENTE PÉREZ
El primer propietario de Autogrúas Poli, José Padilla, ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna por el caso Grúas, en el que están imputados los exalcaldes laguneros José Alberto Díaz y Fernando Clavijo (expresidente del Gobierno canario y en la actualidad senador), así como el exconcejal Antonio Pérez Godiño, todos ellos de Coalición Canaria (CC).
Se trata de dirimir si, como sostienen los denunciantes (originalmente Si se puede y XTF-NC, pero los principales miembros de este último ahora están en Avante) y la fiscal Anticorrupción, María Farnés, se cometieron delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias al darle un crédito municipal a la empresa que presta el servicio de grúas, oficialmente para sanearla económicamente pero que, en la línea acusatoria de la supuesta trama delictiva, como trato de favor porque la habían comprado amigos de Clavijo, y después de que el primer propietario se viera obligado a venderla porque el Ayuntamiento no le pagaba.
Pues bien, la declaración de Padilla puede ser determinante para la evolución de esta causa penal. Así, el empresario, a preguntas de la fiscal, se ratificó, incluso fue aún más explícito, en lo que ya había dicho fuera de sede judicial en años pasados, tanto ante la Guardia Civil, como ante la comisión municipal sobre este expediente y en radio San Borondón.
Así, declaró que fue el propio Clavijo el que «le obligó» a adoptar la forma legal de sociedad limitada, cuando todavía no era alcalde sino concejal de Seguridad, para «separar la empresa particular de la concesión». Y reiteró que «fue el Ayuntamiento el que eligió a los trabajadores, que eran amigos de Clavijo», hasta el punto de que era el entonces edil de Seguridad quien le telefoneaba y le decía «que iba a ir una persona para que la contratara».
Es más, Padilla manifestó en el Juzgado que los empleados que tenía «fueron impuestos por Clavijo» y que en una ocasión él contrató a una persona, pero el concejal «le dijo que no volviera a contratar a un trabajador sin sus indicaciones», instrucción que también le seguiría dando cuando era alcalde. Pero no se quedó ahí, pues denunció en su declaración que tanto Clavijo como Estanislao González, director de los Servicios Económicos del Consistorio por entonces, lo «amenazaban» con que si no contrataba a estos trabajadores le quitarían la concesión.
«Ellos hablaban delante de mí por teléfono con Clavijo, que era el jefe del tema»
De las personas que contrató, aseguró que «Begoña, gerente de la empresa, fue contratada porque era amiga de la mujer de Clavijo», que otro trabajador era compañero de kárate del posteriormente alcalde y que otro, Santiago Casanova, «hacía trabajos a Clavijo con una empresa que tenía de mantenimiento».
Afirmó que cuando empezó a prestar el servicio para el Ayuntamiento era alcaldesa Ana Oramas y en esa etapa cobraba con normalidad, pero que cuando entró Clavijo como alcalde, «empezaron los retrasos unos tres o cuatro meses». Y tal es así que reconoció que tuvo que vender la empresa «porque no le pagaban», y el Ayuntamiento tenía una deuda con él de más de 260.000 euros, lo que le impedía pagar el sueldo a los trabajadores; y dejó patente que cuando estos se la compraron, el Ayuntamiento «les pagó inmediatamente, al mes la mitad y luego la otra mitad».
Padilla confesó que antes de verse «obligado» a vender la empresa fue «muchas veces» a la Tesorería municipal para que le abonaran lo que le debían, y que, a través de la citada Begoña, pidió hablar con Clavijo pero éste no quería hablar con él. Y que finalmente, Clavijo y el exconcejal Antonio Pérez Godiño, también imputado, le llegaron a decir «que dejara la concesión» porque «había otra gente que quería cogerla».
Y añadió que le comunicó a Clavijo, durante un mitin de CC, que iba a vender la empresa, cosa que hizo por «70.000 y pico euros», un precio bajo porque las deudas las asumían los compradores, es decir, los propios empleados que tenía, quienes le dijeron que no debía hacer ningún trámite más porque «estaban autorizados por Clavijo». Tal es así que hablaban delante de él por teléfono con Clavijo, quien a su juicio, «era el jefe del tema». Le pagaban unos 5.000 euros todos los meses, aunque en el documento público de la compraventa solo ponía 3.000.
«Me pidieron dinero para pagar una comida de Clavijo con los jueces»
Manifestó Padilla que para comprarle la empresa, los adquirientes se hipotecaron, y que no tenían «capacitación personal» para ejercer esta actividad, por lo que usaron la de él, que les dio un margen antes de que denunciar esta situación.
En otro punto de la declaración ratificó lo dicho en la comisión de investigación que hubo en su día en el Ayuntamiento, es decir, que se vio obligado a pagar por algo que no tenía que ver con el servicio de grúas: «una comida de Clavijo con los jueces», y en otra ocasión cree que para «la hípica».
A preguntas de la también abogada de la acusación Sandra Rodríguez, Padilla declaró que a los que habían sido sus empleados les aconsejó que no compraran su empresa, porque «era una ruina», pero que ellos siguieron adelante «porque estaban dominados por Clavijo» y que cuando les planteó que todos ellos con él se hicieran socios, y que como eran amigos del alcalde, cobrarían mucho más fácil, estos le respondieron que «Clavijo no quería, que quería que él desapareciera».
«Estaba amenazado, en las reuniones me tiraban los papeles al suelo»
A preguntas del abogado de Clavijo, Esteban Sola Reche, el empresario declaró que de los 15 o 16 trabajadores que llegó a tener en Autogrúas Poli, solo contrató a dos por iniciativa propia, mientras que a «7 o 8» por indicación de Clavijo y que a los restantes los contrató, aunque sin imposición, por «ser amigos del amigo de Clavijo».
En esta parte de su declaración fue más explicitó aún, pues dijo que en las reuniones con Clavijo, Estanislao González y el jefe de Policía, Luis Lara, «siempre estaba amenazado, me tiraban los papeles al suelo y me decían que me iban a quitar la concesión», aunque no denunció nunca estos hechos.
Por último, interrogado por el letrado de otro de los imputados, el exalcalde José Alberto Díaz, Padilla respondió que este nunca le llamó para nada, que no tuvo nunca trato con él.
Las defensas de los imputados han tratado, sin éxito, de que esta y otras declaraciones clave para el caso no tuviera lugar, pero sus peticiones han sido desestimadas por la juez instructora y los tribunales de apelación.
