VICENTE PÉREZ
El desalojo en 2021 del núcleo costero de Las Bajas, en Güímar, para unas obras que se pararon a fines de ese año, sigue generando controversia política. Son más de una decena de familias afectadas, que salieron de sus viviendas (en la zona hay casi dos decenas en dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección) hace más de tres años y no han podido regresar, porque el Ayuntamiento alega que existe riesgo de desprendimientos en la ladera y además les ha vallado este año el acceso.
El asunto tiene muchas aristas, y el Partido Popular (PP) de Güímar, en la oposición, ha denunciado el expediente en la Fiscalía, ante las sospechas de que en realidad no había un riesgo inminente de derrumbes, al menos no como para adjudicar la obra de asegurar el talud por el trámite de emergencia, es decir, sin concurso público, por un importe inicial de cerca de 350.000 euros, que rápidamente pasaron a ser 1,1 millones, aunque fue ahí cuando la secretaria municipal paró en seco el acelerador del sobrecoste.
El PP de Güímar afirma que deberá ser ante el Ministerio Fiscal donde se esclarezcan las dudas que el alcalde, Gustavo Pérez (CC) y el concejal de Urbanismo, Airam Puerta (PSOE) a su juicio «no han querido aclarar» en una reciente comparecencia plenaria a instancias de los populares sobre este asunto.
Una de las claves: que los vecinos aseguran que jamás ha habido desprendimientos, pese a lo cual un policía local dio origen en 2020 a todo este expediente al apreciar que podría haber riesgo de caída de rocas y el consistorio encargó -también sin concurso- un informe técnico externo que concluía que había riesgo inminente y grave.
SENTENCIA RECURRIDA POR LOS VECINOS
Mientras tanto, el gobierno tripartito (formado por CC, PSOE y Unidas Sí Podemos) esgrime una sentencia dictada el 26 de julio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife (de la que dio cuenta en el último pleno) que, según su versión, «respalda» las medidas tomadas por el Ayuntamiento sobre el cierre de la zona, donde, a raíz de la iniciativa municipal de reparar el talud, también ha recabado el criterio favorable del Servicio Provincial de Costas y del arquitecto técnico municipal para garantizar la seguridad de las personas. Esta sentencia aún no es firme, y ha sido recurrida por los vecinos afectados.
Acerca de esta resolución judicial, el PP apunta que una cosa es la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y otra la vía penal, de manera que, si bien este partido de la oposición respeta la presunción de inocencia, «la realidad es que la responsabilidad por posibles delitos aún está por esclarecer, y con los indicios que tiene este grupo político era su deber moral ponerlos en conocimiento de la Fiscalía».
EL ORIGEN DE TODO Y LAS SOSPECHAS DEL PP
La portavoz del PP, Carmen Luisa Castro, pone el foco en que en el último pleno ni el alcalde ni el concejal de Urbanismo supieron explicar en qué se basó un policía local en 2020, más allá de que se había producido un temporal marítimo, para dar pie a todo lo ocurrido al concluir que podía haber riesgo de derrumbes en el talud de Las Bajas, ya que ninguno de los vecinos de este núcleo da fe de que en alguna ocasión haya habido desprendimientos, aunque el agente mencionara en su informe que «alguno» le ha dicho que sí.
Los vecinos afectados aseguran que, durante una reunión con el concejal de Urbanismo. en la que negaban antecedentes de derrumbes en este lugar, Airam Puerta solo logró argumentar que había «cierto riesgo» pero no el grave riesgo inminente con el que se justificó la declaración de emergencia.
En este contexto, los populares exigen explicaciones a por qué no se encargó un estudio geotécnico sobre el estado de esta ladera costera, como sí hizo en su día Carmen Luisa Castro, cuando era alcaldesa, a raíz de los derrumbes, «sí constatados», en el núcleo de Santa Lucía.
SOBRECOSTE QUE TRIPLICÓ LA PREVISIÓN INICIAL
Junto a las dudas sobre la verdadera emergencia administrativa de estas obras, el PP focaliza también su atención en que los trabajos se encarecieron hasta acumular un gasto de más de un millón sin que nadie del Ayuntamiento advirtiera hasta entonces que se estaban ejecutando por más del triple de coste de lo previsto inicialmente. “O lo que sería peor, quién del Ayuntamiento autorizó de manera indebida que continuaran las obras con ese sobrecoste disparado”, apostilla la edil del grupo municipal Popular.
Y es en este punto donde también la oposición cierne sombras sobre la gestión municipal. Carmen Luisa Castro asegura que solo cuando ella, tras enterarse de que la empresa pretendía cobrar ya más de un millón y lo comentó a la secretaria municipal, «se dio un giro a todo este extraño asunto».
Porque, según el PP, «fue entonces, y no antes, cuando la funcionaria informó de manera desfavorable al abono de las nuevas facturas y planteó que debía rescindirse el contrato, tras lo cual el alcalde no tuvo más remedio que ordenar la paralización de las obras», en noviembre de 2021.
Sobre este episodio, el gobierno municipal alega que el 14 de noviembre de 2021 resolvió el contrato con la UTE Construcciones Ruesma S.A., Bernegal Infraestructuras SLU y la UTE Camino Las Bajas Güímar, tras rechazar «todas las certificaciones y facturas que habían sido emitidas sin consulta previa ni aprobación del órgano de contratación».
Pero la oposición tiene indicios de que lo que se le había comentado a la adjudicataria desde el Ayuntamiento es que continuara los trabajos que luego se le pagaría, y sospecha que ese era el supuesto plan, aunque luego se habría desbaratado por el desproporcionado sobrecoste para una obra adjudicada sin concurso. Y es también lo que espera que investigue la Fiscalía.
LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA
Rescindido el contrato por la negativa de la secretaria a este sobrecoste, la empresa adjudicataria interpuso recurso-contencioso administrativo contra la anulación de las facturas, litigio en el que se le dio la razón al Ayuntamiento.
Y es la otra sentencia que esgrime en su defensa el gobierno municipal, dictada el 28 de mayo de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que, según esta versión, desestima el recurso interpuesto por las citadas empresas, dando por anuladas facturas por importe de 250.937,63 €.
Destaca el equipo de gobierno que esta sentencia afirma: “La mala fe concurre, pues la prestación no se realiza a causa de actuación de la Administración por medio de sus representantes, que indujesen a creer que le incumbía la obligación de finalizar las obras en favor de aquélla”.
LA «PROMESA» DE QUE PAGABA EL AYUNTAMIENTO
Sin respuesta quedó en la comparecencia ante el Pleno municipal la pregunta acerca de quién del Ayuntamiento prometió a los vecinos afectados que a través de la contrata se les abonaría el importe de los alquileres de su realojo, que iba a ser por solo por unos meses y ya llevan tres años fuera de sus casas, por lo que han asumido un enorme coste cuyo abono algunos afectados han tenido que reclamar a la empresa en los tribunales, que les han dado la razón.
El gobierno local se defiende con una línea de subvenciones para las personas afectadas a razón de 6.600 euros anuales por persona, gestionada por los Servicios Sociales con el fin de garantizar l acceso a la vivienda.
Pero el PP replica que esta convocatoria de ayudas tiene unos requisitos que no puede cumplir casi ninguna de estas familias, de modo que en realidad no la gran mayoría no las recibe e, incluso, de obtenerlas, «son de una cuantía que no les resarciría del perjuicio ocasionado por todo este eternizado tiempo de realojo, que no es culpa suya».
TRES AÑOS PARADA UNA OBRA OBRA DE EMERGENCIA
Otra cuestión controvertida radica en por qué no se han terminado los trabajos, «si tan urgentes alega el gobierno municipal que son, contratando a otra empresa».
Llama poderosamente la atención que hayan pasado tres años sin moverse allí una piedra, cuando se supone que había una situación de grave riesgo que habría que terminar de solucionar cuanto antes, para que además los vecinos puedan volver», subraya la portavoz del PP güimarero.
A este pregunta, el gobierno local responde en un comunicado que «el futuro de la zona, pasa por las diferentes resoluciones pendientes tanto en juzgados como en Administraciones».
El Servicio Provincial de Costas, según esta nota de prensa municipal, «ha informado al Ayuntamiento de la situación de la recuperación posesoria» de domino público marítimo terrestre en Las Bajas, donde existen 19 expedientes abiertos por este motivo.
