PLANETA CANARIO
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras consultar con los servicios jurídicos, ha decidido alzar la resolución de la Dirección General de Función Pública adoptada por el anterior Gobierno autonómico el pasado 19 de julio y dejarla sin efecto para los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, hasta que haya un pronunciamiento judicial.
Con tal fin, se ha firmado una nueva resolución, con fecha 6 de agosto de 2019, que permite continuar el curso de las convocatorias, en sus distintas fases, según explicaron en rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quienes indicaron que las personas actualmente afectadas por estos procesos son unas 15.000, en su mayoría correspondientes a las convocatorias de los cuerpos de Auxiliares y Administrativos.
La Consejería tuvo conocimiento de la decisión del anterior Ejecutivo el pasado 31 de julio a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), tras lo que solicitaron informes de manera inmediata tanto a la Dirección de la Función Pública como de los Servicios Jurídicos del Gobierno “para dar las máximas garantías a dichos procesos selectivos y asegurar los derechos de las personas interesadas y sus familias”, detalló Pérez, quien aseguró que “nos comprometimos en una pronta solución y creemos haber cumplido”.
No obstante, señaló, se entiende pertinente la suspensión del plazo de la convocatoria relacionada con la especialidad de Ingenieros Industriales hasta que se resuelva la rectificación del error material solicitada respecto al fallo de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 14 de junio de 2019. En cuanto a este proceso selectivo son 15 las personas afectadas actualmente.
Pérez destacó que se ha tomado la decisión de levantar la suspensión, basada en derecho, al entender que es la más adecuada jurídicamente. Se trata además, agregó, de una medida política basada en el interés por resolver la situación de forma rápida para no perturbar el funcionamiento de la Administración autonómica y no causar desasosiego en las personas que opositan. “El Gobierno de Canarias quiere cuidar mucho al personal público y esmerarse en los procesos para la selección de aspirantes”, remarcó.
El consejero recordó que el origen de las dudas sobre los procesos selectivos surge a raíz de dos sentencias del de la sección segunda de la Sala lo Contencioso del Tribunal, de fechas 17 de octubre de 2018 y del 14 de junio de 2019, que estiman que el artículo 3 de la orden de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos de la Comunidad Autónoma de Canarias vulnera lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública de Canarias. Dicha norma señala que “la oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición”.
Sin embargo, aclaró, la sentencia que origina el conflicto no se funda en este motivo, sino en la falta de una justificación suficiente en el caso enjuiciado para hacer la selección por concurso-oposición y no por oposición.
“Es decir, lo que pone en duda el TSJC es la fase de concurso de méritos, no los procesos selectivos convocados”, resaltó Pérez, quien remarcó que al llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad “nos hemos encontrado con un problema importante, al que hemos dado máxima prioridad para dar tranquilidad a las personas afectadas y resolverlo en el menor plazo de tiempo posible”. “Para este Gobierno los recursos humanos son los activos más valiosos”, aseguró.
Pérez aprovechó la ocasión para expresar su propósito de reducir la interinidad y promover la estabilización del personal afectado, para lo cual apeló al diálogo con los sindicatos y deseó su contribución, al tiempo que recordó que existe una previsión legal de situarla por debajo del 8%.
El TSJC aclara que no ha suspendido ningún proceso selectivo de funcionarios
La decisión del nuevo Gobierno se produce días después de que, como indicó el consejero, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Salta Cruz de Tenerife aclarara en un comunicado que no había suspendido ningún proceso selectivo de la función pública, y que si alguien lo había hecho hecho era la Administración autonómica con un acto “de dudosa legalidad”.
El tribunal puntualizó, refiriéndose al anterior Gobierno canario (CC), que este hizo una «interpretación excesiva» de dos sentencias de la Sala, que en dos casos concretos – de determinados cuerpos de ingenieros y arquitectos – ha declarado insuficiente la justificación para dar prevalencia al concurso oposición sobre el sistema de oposición pura que declara prevalente la Ley canaria, y basándose en ellas -una de las cuales todavía no es firme; está pendiente de aclaración- ha dictado una orden “suspendiendo un gran número de procesos selectivos, la mayoría de los cuales todavía no estaban impugnados, algunos ya concluidos”.
La Sala «lamenta» que desde algunos foros se haya señalado que es el TSJC el que cuestiona las oposiciones a funcionarios y genera inseguridad jurídica, “cuando lo único que ha anulado el tribunal son dos puntos de dos procesos que se pueden solucionar perfectamente en ejecución de sentencia». «Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se bareme el concurso sólo por el examen, y el proceso será perfectamente válido”, sugiere el TSJC en un comunicado.
Y destaca que lo que genera falta de seguridad jurídica es “la suspensión de todos los procesos selectivos que se ha hecho de oficio». Además”, enfatiza, “cuando hay actos declarativos de derechos, la suspensión de un acto administrativo requiere de unos procedimientos que están tasados por ley, la revisión de oficio o el recurso de lesividad”-
CC aclara que no anuló ningún proceso selectivo ni ninguna fase de concurso
El Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, quien ejerció la competencia de consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad en el Gobierno de Canarias saliente, ha señalado que la sentencia dictada el pasado mes de junio por el TSJC que anulaba la fase de concurso en la selección de Ingenieros Industriales, “se circunscribió solo a ese proceso selectivo, como se refleja en el fallo, con un pronunciamiento en el que se hace referencia a las Bases Generales y no a las Bases Específicas de esa convocatoria”, lo que generó incertidumbre jurídica. “La realidad es que Función Pública no ha anulado ningún proceso selectivo, ni ninguna fase de
concurso”, ha añadido.
Ante dicha sentencia, Función Pública pidió en la pasada legislatura a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias que solicitase al TSJC “aclaración o rectificación de la misma a fin de proporcionar absoluta seguridad jurídica”, ha subrayado Barragán, quien recuerda que “precisamente por la redacción de esa Sentencia se han presentado solicitudes de aspirantes de otros procesos selectivos para que se les aplique y, por tanto, no se lleve a cabo o se anule la fase de concurso”.
Ante esta situación, con la única finalidad de proporcionar seguridad jurídica a todos los aspirantes en protección de sus derechos, se tomó la decisión de suspender cautelarmente el plazo máximo para resolver los procesos en curso. Es decir, “suspender el plazo, que no los procesos selectivos”, ha matizado el exconsejero de nota de prensa. “No se han paralizado los procesos selectivos, que siguen su curso”, insistió.
Por tanto, “no se ha producido ni un solo daño jurídico o material a ningún opositor; lo que se ha buscado es proteger sus derechos. Nadie se ha visto excluido, ni impedido de realizar las pruebas o de presentar sus méritos. Los tribunales de selección han seguido trabajando”, ha aclarado Barragán, para quien “únicamente se aplaza el momento de la resolución final de algunos procesos selectivos, válidamente celebrados, a resultas de la aclaración o rectificación solicitadas”.
El dirigente de CC y diputado regional apunta que «de hecho, el actual equipo de la Consejería, ha dicho públicamente en medios de comunicación que no le gusta la decisión -a nosotros tampoco-, pero que es válida porque se ha dictado en garantía de todos los opositores. De hecho, pudo haber ordenado dejar sin efecto la suspensión, y no se ha hecho. Lo que se ha solicitado es un informe a los Servicios Jurídicos y aclaración al TSJC”.
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