PLANETA CANARIO
El presidente de la Asociación Salvar La Tejita, Rubén Pérez, ha sido absuelto de todos los cargos que le formuló la Guardia Civil tras su detención durante las protestas en El Puertito de Armeñime (costa de Adeje) contra las obras de construcción de la urbanización turística de Cuna del Alma el lunes 26 de septiembre.
Este martes 4 de octubre, el Juzgado de Arona lo ha absuelto de todos los cargos relacionados con su detención, según ha informado el colectivo que preside.

El día de su arresto, Rubén Pérez había estado grabando los incidentes ocurridos en una jornada que fue bastante tensa porque de madrugada obreros y vigilantes de seguridad privada retiraron a la fuerza una excavadora que los activistas contra las obras habían paralizado durante unos meses con una acampada de protesta.
Posteriormente, ecologistas intentaron entrar en las oficinas de Cuna del Alma, y se produjeron algunos incidentes, incluso un forcejeo entre el director del proyecto, Andrés Muñoz, al tratar de impedir que una de las jóvenes activistas se adentrara en las instalaciones.
En el transcurso del día, según la versión de la citada asociación, «las imágenes de vídeo que se utilizaron como prueba muestran cómo el presidente de Salvar La Tejita es derribado por dos miembros de la guardia civil y, a continuación, a pesar de que no ofreció ninguna resistencia, a los agentes se les unió rápidamente un miembro del equipo de seguridad privada de la promotora».

Varias horas más tarde, Rubén Pérez fue puesto en libertad.
Tras su absolución por los Juzgados, ha manifestado que se ha acreditado que no es cierto que agrediera a un guardia civil y que toda la movilización que defiende contra la urbanización de Cuna del Alma es «pacífica».
Este proyecto urbanístico consiste en la construcción de 420 residencias de lujo, con calificación de extrahoteleras, con una inversión de 350 millones, por parte de promotores belgas. Tras las protestas de ecologistas y la denuncia de una asociación de defensa del patrimonio cultural (Tegüico), las obras las paralizó temporalmente el Cabildo de Tenerife por la existencia de yacimientos guanches, aunque finalmente solo el 2% del ámbito de los trabajos está afectado, pueden continuar en el resto.

Aún así, al haber dañado unos restos aborígenes, el Cabildo remitió al Gobierno canario un expediente de sanción por falta muy grave, que podría acarrearle a la empresa una multa de hasta 600.000 euros, la máxima prevista.