VICENTE PÉREZ
La investigación abierta en los Juzgados de Güímar por los vertidos del polígono industrial del Valle de Güímar al mar lleva camino de convertirse en una macrocausa sin precedentes y el final de la impunidad con la deficiente gestión de las aguas residuales en Tenerife.
El titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción 1 de Güímar Francisco Tuero González, ha dictado un auto (adelantada por El Día y al que ha tenido acceso PLANETA CANARIO), en el que cita a declarar por el momento a 12 personas, en una lista que se ampliará en un número aún no determinado de personas.
La cita la tienen para enero y febrero de 2021, y lo harán en calidad de investigados por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación al verter las aguas residuales industriales sin el tratamiento que obliga la legislación.
Deberán comparecer ante el juez María Concepción Brito Nuñez (PSOE), alcaldesa de Candelaria; Carmen Luisa Castro Dorta (PP), exalcaldesa de Güímar; Jose Juan Lemes Expósito (Agrupación Independiente de Arafo, AIA), alcalde de Arafo; Jose Gumersindo Garcia Trujillo (PSOE), exalcalde de Candelaria; Domingo Tomás Ramos Díaz (PSOE), exconcejal de Urbanismo de Candelaria; Francisco Javier Rosario Delgado (PP), exconcejal de Urbanismo de Güímar; Luis Domingo Marrero Ferrera, (AIA), concejal de Arafo; Rosendo Elías Batista García, exconcejal de Arafo (AIA); Fernando Alduán Guerra (PSOE),exconcejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Candelaria; y Antonio Ángel Daroca Vinuesa, secretario del Consejo Rector y Comité Ejecutivo de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono de Güímar.
El juez investiga también responsabilidades en el Cabildo y el Gobierno canario
El auto judicial señala también que debe ser objeto de investigación la posible conducta pasiva o inacción seguida desde el Consejo Insular de Aguas (CIATF), al menos desde agosto de 2014, «con aparente
conocimiento de la situación de abandono de las instalaciones de evacuación de aguas residuales y posible falta de control sobre el tipo de actividades, vertidos, licencias y autorizaciones sobre las empresas situadas en el polígono, junto a la presunta existencia de vertidos continuos carentes de autorización alguna, uno de ellos sobre dominio público hidráulico». En este sentido, se cita al exgerente del CIATF, José Fernández Bethencourt, y al gerente desde 2016, Javier Davara Méndez.
Igualmente deberán declarar ante el Juzgado responsables, en el periodo que abarca los hechos, de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario «por posible conducta pasiva en el control, inspección, actuación, persecución de infracciones o adopción de sanciones con ocasión de los vertidos».
El auto del juez no menciona las personas concretas en este caso que deberán prestar declaración porque en un oficio firmado en 2018 por la entonces viceconsejera Blanca Delia Pérez Delgado (CC) no se detalla quiénes asumían entonces la responsabilidad en la Dirección General de Calidad Ambiental, ni en la Dirección General de Protección de la Naturaleza, por lo que se librará un nuevo oficio a dicho organismo autonómico para conocer esta información.
Por último, tendrán que acudir como investigados también los responsables de las empresas que pudieran no cumplir con las autorizaciones administrativas necesarias e indiciariamente incumplir de forma grave los valores máximos en la emisión de vertidos particularmente contaminantes.
Un informe pericial de 2020 concluye que hubo riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente
La causa fue reabierta en abril de 2017 y declarada compleja en septiembre, con prórroga en junio de 2018. Tras la paralización judicial que supuso el estado de alarma por la pandemia, en junio de 2020 se fijó un nuevo plazo máximo, de 12 meses.
Un informe pericial encargado por el Juzgado y recabado en agosto de 2020 concluye que «si bien pendientes de evaluar de forma más detallada el impacto en la calidad de las aguas receptoras, sí ha existido un riesgo evidente hacia la salud de las personas, el equilibrio de los sistemas naturales y la calidad de las aguas de baño».
El informe ha sido elaborado por Óscar Francisco Díaz Santana (doctor en Criminalística) y Bárbara Abaroa Pérez (doctoranda en Calidad Ambiental y Recursos Naturales y licenciada en Ciencias del Mar), apoyados en un informe preliminar externo por la doctora Daura Vega Moreno (jefa del Servicio de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
El polígono industrial se ubica en los municipios de Güímar, Arafo y Candelaria, con más de 200 empresas en una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados, delimitada por el sur por el Área de Sensibilidad Ecológica de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.
La Viceconsejería de Medio Ambiente contaba desde 2007 con información sobre la existencia en el polígono de dos vertidos no autorizados y otro autorizado (el emisario submarino) con deficiencias, mal estado general y elevada presencia de sólidos y gusanos de fuego, con afección en los tres supuestos valorada como grave.
«Total abandono» de las instalaciones de saneamiento del polígono
Por nota de régimen interior en 2009 el Servicio de Contam deinación de las Aguas y los Suelos de la Viceconsejería de Medio Ambiente remitió al de Información Ambiental la actualización del Censo de Vertidos de Tierra al Mar realizado por la empresa Cívica Ingenieros SL, interesando que se comunicara a diversos organismos, entre ellos la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) y el Seprona, sin que exista constancia de que tales comunicaciones llegaran a materializarse.
El auto judicial dictado este mes expone que «la existencia continuada en el tiempo de vertidos obedeció a la ausencia de limpieza y mantenimiento y total abandono de las instalaciones destinadas al Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (ETARI) y de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del polígono».
En este expediente se efectuó un requerimiento formal en 2015 a los tres ayuntamientos implicados para la regularización en un plazo de 3 meses mediante obtención de la preceptiva autorización de vertidos, reiterándose el requerimiento en 2016, tras lo que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) incoó procedimiento sancionador contra los tres consistorios por infracción grave, que dejó en suspenso hasta la resolución de esta causa penal.
En mayo de 2017 se efectuó la diligencia judicial de recogida de muestras tanto a la entrada (afluentes o agua residual bruta) como a la salida (efluentes o agua residual tratada) de las instalaciones existentes a la cabecera del emisario submarino. Con tales muestras el Instituto Nacional de Toxicología concluyó que no se había hecho un tratamiento de las aguas residuales y que presentaban un cierto grado de toxicidad.
Otros informes periciales anteriores relativizaban el daño al mar
Ya incoado el procedimiento penal, un informe a instancias del Consejo Insular de Aguas de Tenerife elaborado por Heliodoro Ayala Díaz, director del Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna (SEMALL), concluyó en 2017 que el vertido no estaba afectando de manera significativa al mar, al menos en los parámetros analizados, al no superarse los límites permitidos de microbiología para las aguas de baño.
En un informe pericial judicial preliminar elaborado por Cristina María Aparicio Gimón sobre el estudio de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Aqualia en 2017 se señaló que «los efluentes superan considerablemente los valores límites correspondientes, sobre todo en los parámetros DBO5 (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), sólidos en suspensión y sólidos sedimentables (…)» y concluyó que «las aguas vertidas presentan un importante grado de contaminación».
No obstante, esta misma perita aseveró en su dictamen pericial judicial fechado en 2018 relativizó los daños al medio ambiente y la salud debido al “enorme poder autodepurativo que posee una gran masa de agua como es el mar” , que consigue diluir la contaminación de un posible vertido a un cierta distancia de donde salen los efluentes.
Aguas contaminadas entre 10 y 100 veces por encima del tope legal permitido
El ultimo informe pericial, el de agosto de 2020, sus autores aprecian que no ha existido al menos desde el año 2011 un tratamiento de las aguas antes de llegar al mar, por encontrarse las instalaciones a la cabecera del emisario «en estado de abandono, pese a lo cual ha seguido funcionando de forma continua y durante un tiempo prolongado como una fuente de aguas contaminadas hacia el mar, pese a carecer de autorización para ello».
Estos peritos (Óscar Francisco Díaz Santana, Bárbara Abaroa Pérez y Daura Vega Moreno) constatan que «en todas las valoraciones analíticas que se han hecho en la zona y a los efluentes líquidos del emisario en diferentes
puntos muestran no sólo un incumplimiento de la normativa vigente (Decreto 174/1994 del Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico y Real Decreto 509/1996 de Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas), sino además valores que superan en muchos casos en 10 veces los límites admisibles de diversos parámetros, como la DB05, la DQO o los sólidos en suspensión, y que, en algunos casos, superan en 100 veces el valor límite admisible de la bacteria de origen fecal E. coli.
Además, estos expertos determinan que «los resultados de los análisis de las aguas de alcantarillado realizados muestran concentraciones altas de contaminantes (coliformes, nitratos, sólidos en suspensión y cambios de PH) perjudiciales para la salud medioambiental y humana, generando una fertilización del medio receptor y modificando el ecosistema marino, localizando también concentraciones significativas de diferentes metales y químicos perjudiciales, como el plomo, que pueden dañar y modificar el ecosistema marino, así como generar enfermedades y muertes de organismos marinos debido a sus propiedades cancerígenas y mutagénicas,
pudiendo ingerirlo el ser humano al alimentarse con organismos recogidos cerca de la zona».
Una denuncia de IUC y Sí Se Puede
La denuncia que dio pie a este causa penal fue presentada en 2017 por Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí se puede (SSP), que se ha personado como acusación popular. En concreto, la firmaron los concejales Francis Hernández (IUC en Arafo), Agustín Espinosa (SSP en Candelaria) y Lourdes Galindo (SSP en Güímar).
La Asociación Mixta de Compensación del polígono cedió en 2013 la titularidad de los bienes de esta zona industrial, emisario submarino incluido, a los 3 Ayuntamientos del valle (Güímar, Arafo y Candelaria).
Atendiendo a los hechos expuestos en el auto, el juez considera que «deben ser objeto de investigación las esferas de actuación y posible inacción que, en relación a la aparente continuidad de los vertidos ilegales de aguas residuales industriales en el Polígono Industrial del Valle de Güimar, con posible impacto ambiental, y en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades, se puedan haber seguido en las distintas Administraciones Públicas e industrias implicadas».
