PLANETA CANARIO
El Ministerio del Interior ha cerrado el campamento de inmigrantes que había instalado con Cruz Roja en el muelle grancanario de Arguineguín, donde se llegaron a hacinar hasta 2.500 personas (estaba pensado inicialmente para 400) rescatadas de pateras y cayucos. Todos han sido trasladados ya a unos barracones habilitados por el Ejército, en el antiguo polvorín militar de Barranco Seco, en la capital grancanaria, entre otros lugares.
La clausura de este precario centro de acogida en un muelle (han llegado a Canarias este años más de 18.000 inmigrantes en embarcaciones clandestinas desde África) se produce después de que durante tres meses hayan llovido las críticas y las denuncias por las condiciones en que se atendía a estas personas, en carpas y en los momentos de mayor hacinamiento a la intemperie y algunos durmiendo en el suelo.
La última voz crítica fue la del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien reclamó el cierre «inmediato» del campamento.
A partir de ahora, solo quedará en este muelle del municipio de Mogán un retén para el cribado sanitario, es decir, para las pruebas de COVID-19 a los nuevos inmigrantes que lleguen a este puerto tras ser rescatados del mar.
Ante la falta de recursos alojativos, el Gobierno estatal, a través del Ministerio de Migraciones, ha contratado los servicios de hoteles y apartamentos, donde ha alojado a más de 6.000 inmigrantes llegados en pateras. Este mismo organismo anunció que este mismo mes dispondrá de 7.000 plazas en centros de acogida que ha habilitado en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura- La patronal turística grancanaria, la FETH, y los sindicatos UGT y CCOO han reclamado que sean trasladados ya para intentar retomar la actividad turística en las próximas semanas.
Lo mismo han reivindicado cientos de ciudadanos en las calles de Mogán, en una manifestación celebrada el pasado fin de semana y apoyada por el Ayuntamiento, gobernado por el partido local CIUCA. Los consistorios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana pretenden, además, expedientar a los complejos turísticos que a partir del 31 de diciembre alojen a inmigrantes irregulares por encargo del Ministerio de Migraciones.
La alcaldesa moganera, Onalia Bueno, denunció en vía penal el campamento de inmigrantes de Arguineguín por considerar que se vulneraban los derechos humanos, pero un Juzgado de San Bartolomé de Tirajana archivó la causa por no ver delito aunque el juez sí tachó de «deplorable» esta instalación. No obstante, la regidora municipal ha anunciado que la Fiscalía ha recurrido el sobreseimiento de las diligencias.
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), dijo que celebra este desmantelamiento «pero queda mucho por hacer» para gestionar esta crisis migratoria. Y lanzó un mensaje a la sociedad canaria: » No lo olviden: a nadie le gusta dejar atrás a la familia. Como aquellos canarios y canarias, nuestros antepasados, que se vieron obligados a dejarlo todo y a buscar otras orillas. Lo llevamos en el ADN. En Canarias no cabe la xenofobia».
El juez Arcado Díaz Tejera, encargado del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, ha afirmado, tras conocer la decisión del Gobierno estatal, que «tres meses y diez días hemos tardado en que se desaloje el muelle de Arguineguín como almacén de seres humanos» y ha reprochado que «la pandemia ha anestesiado nuestra conciencia humanitaria y nuestra solidaridad».
El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez (NC), ha denunciado que en este campamento «se han vulnerado los derechos de los migrantes, que nos ha avergonzado a todos y a todas, que ha sido ejemplo de la insensibilidad y mala gestión del Gobierno español». ¡Exigimos su cierre definitivo!», ha exclamado.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, a través de su portavoz, Txema Santana, ha manifestado que el desalojo del muelle de Arguineguín «no puede tomarse como una victoria» pues aún resta «un enorme trabajo por delante» para gestionar esta crisis humanitaria.
La alcaldesa de Mogán ha confiado en que “este hecho no se vuelva a repetir en España porque las personas migrantes no merecen para nada este trato indigno que les han dado; esto no puede volver a suceder bajo ningún concepto en el territorio español”.
Onalia bueno hizo estas declaraciones ante los periodistas en el propio muelle, donde en la mañana de este lunes han comenzado las labores de desmantelamiento con la desinfección, por operarios del Ayuntamiento de Mogán, de las carpas, baños químicos, vallas, y en general de los 400 metros de longitud del campamento de emergencia. Y mostró “su decepción absoluta con el Gobierno de España» .
