PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado a primera hora del día de este viernes 3 de julio una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente en la que se ha acordado la paralización de los pagos de 2,3 millones de euros anuales por parte de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) a la empresa concesionaria encargada de la gestión del ciclo integral del agua, Sacyr-Vallehermoso, así como la incoación de un procedimiento de interpretación del contrato suscrito con dicha empresa en el año 2007.
El Ayuntamiento informa en una nota de prensa que ha comprobado y certificado en diversos informes que no existe ningún tipo de documento habilitante que permita a Sacyr recuperar (mediante pagos anuales de 2.3 millones de euros abonados por la propia Emmasa) los 59 millones de euros que pagó en 2007 por hacerse con la gestión integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años.
Así, y a la vista de la documentación obrante y de los informes emitidos tanto por la Dirección General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos como por la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, la Junta de Gobierno -presidida por la alcaldesa, Patricia Hernández-, ha acordado incoar un procedimiento de interpretación del contrato suscrito con Sacyr para la gestión del ciclo integral del agua, en el sentido de considerar que el importe pagado por Sacyr a la firma del contrato constituye el precio pagado por la adquisición de las 212 acciones de Emmasa y el subsiguiente derecho para la explotación del servicio, sin que el contrato suscrito permita que la cantidad de 59 millones abonada deba ser devuelta por Emmasa a lo largo de la concesión de la explotación acordada a través de pagos anuales de 2,3 millones de euros al año, tal y como viene sucediendo desde el año 2007, en tiempos de Miguel Zerolo de alcalde. 
Así, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña mantiene que el derecho del contratista de recuperar su inversión quedó previsto en el contrato mediante formas de retribución expresamente establecidas en el mismo, estableciéndose que estas serían: el derecho a obtener el 5,5% sobre la cifra de negocio de Emmasa, por la transferencia del know how, el eventual reparto de dividendos derivados de los resultados positivos en la gestión de Emmasa y a la finalización del contrato, devolución del valor nominal de las acciones que se le adjudican.
Igualmente se ha aprobado requerir a Emmasa para que, de forma cautelar, suspenda cualquier abono a Sacyr-Vallehermoso por el concepto de devolución del canon que tuviera realizar hasta que se resuelva el procedimiento de interpretación de contrato incoado y proceda a reclamar las cantidades indebidamente abonadas a Sacyr que a fecha de hoy asciende a un total de 29,9 millones de euros.
Finalmente se ha acordado solicitar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz de la normativa vigente en materia mercantil, inste ante la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Emmasa de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse que es contrario al orden público, con las consecuencias jurídicas y económicas que de tal consideración se deriven.
El ayuntamiento otorga a Sacyr y a Emmasa (por considerársele parte interesada) un plazo de 10 días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.
«Nunca tuvo que subir la tarifa»
Esta misma semana fue la alcaldesa quien adelantó que “el Ayuntamiento quiere saber qué ha ocurrido para que a Sacyr, empresa que compró los derechos para la explotación de Emmasa durante 25 años por valor de 59 millones de euros, se le haya perdonado ese dinero, de tal modo que cuando termine la concesión administrativa, obtenga beneficios por valor de 288 millones de euros con cero euros de coste”, avanzando que la situación se pararía “inmediatamente” y que se tomarían decisiones “para no seguir permitiéndola”.
La regidora municipal insiste en que “el dinero que Emmasa ha dado a Sacyr, devolviéndole el dinero que había pagado por gestionar el agua, en opinión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nunca tuvo que haber salido de Emmasa. Nunca tuvo que haberse producido este desequilibrio económico y financiero que produjo una subida de tarifas del agua a los ciudadanos en periodo muy duro en el que lo estaban pasando mal”.
Dámaso Arteaga (CC): “Hasta 2019, ningún informe técnico municipal justifica que el canon de Emmasa fuera irregular”
Coalición Canaria reitera en un comunicado que «ninguno» de sus miembros «ha tenido constancia de irregularidad alguna en el sentido señalado por el gobierno actual, un hecho que tampoco ha sido advertido ni por la Intervención municipal ni por el servicio».
Durante los mandatos en los que José Manuel Bermúdez fue alcalde de la ciudad (2011-2019), Emmasa estuvo presidida por Julio Pérez (PSOE) y Dámaso Arteaga (CC) y como consejero Jose Ángel Martín (PSOE) y en este sentido, el edil nacionalista reitera que “no consta ningún informe técnico municipal que ampare o que justifique que el canon fuera irregular o ilegal”.
De hecho, Arteaga destaca que “la actual Viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Isabel Cubas, y que en aquel momento ocupaba el cargo de jefa de los Servicios Jurídicos Municipales consideró, en uno de los informes, que se trataba de un canon anticipado, por lo esta figura era reconocida y asumida por el propio Ayuntamiento y sus servicios”.
El edil de CC-PONC señala que “la propia lógica del mecanismo administrativo indica que todos los miembros del Consejo conocían que este canon se venía abonando, porque precisamente, tanto presidentes como consejeros, acudían a las reuniones donde se aprobaban las cuentas anuales”. “Entre ellos, destacan los socialistas, José Ángel Martín y Julio Pérez, que estamparon sus firmas durante la etapa en la que José Manuel Bermúdez era alcalde”, confirmó.
Respecto al incremento del precio del agua por efecto directo del pago del canon, tal como ha insinuado Patricia Hernández, Arteaga afirma que “no se ajusta a la verdad”, ya que “el precio siempre se ha vinculado con el IPC, por lo que, cuando éste se ha incrementado, los ciudadanos lo han notado en el recibo; pero también cuando el IPC ha sido negativo, se ha aplicado una disminución en el importe del recibo, tanto es así que la tarifa del agua está congelada desde el año 2013”.
Coalición Canaria «tiene claro que cualquier indicio de irregularidad que pueda surgir en torno a este asunto, indudablemente será puesto en manos, tanto de los técnicos municipales como de la Justicia, si fuese necesario, para la adopción de cuantas decisiones resultasen precisas en defensa del patrimonio público municipal. El edil insiste en que “si la alcaldesa Patricia Hernández detectase irregularidades de tipo punible penalmente, tendría que notificarlo a las autoridades pertinentes de inmediato”.
Para el grupo municpal de CC-PNC,» la alcaldesa se precipita apuntando conclusiones, y destaca que hay que ser rigurosos con el desarrollo del expediente administrativo». En cualquier caso, Arteaga insiste en que “lo que se ha anunciado es la incoación de un expediente administrativo que todavía tiene que ser contestado por EMMASA Sacyr; para posteriormente ir al Consejo Consultivo de Canarias, que será el órgano que interprete si este planteamiento jurídico se ajusta a derecho o no”.
