PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha denegado a la Plataforma de Afectados por la Erupción Volcánica Cumbre Vieja 2021 la copia de las actas de las reuniones que antes de esta catástrofe celebraron el comité científico, el comité técnico y el comité director (donde están representadas las autoridades políticas) del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA).
El motivo de la denegación es porque la información solicitada no se considera de interés público, invocando la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
Y es que, para el Gobierno, que sustenta su argumentación también en sentencias recientes del Tribunal Supremo, el voto o criterio personalizado o las opiniones individuales de cada uno de los miembros de un órgano colegiado «no resultan trascendentes, dado que lo auténticamente relevante es la decisión colegiada del órgano en la que se integran las decisiones particulares de sus miembros». En este supuesto concreto del PEVOLCA, «ni siquiera existe una decisión colegiada, sino meras opiniones, comunicaciones e informes internos entre diferentes Administraciones públicas».
A este respecto -explica el Gobierno canario en una resolución firmada por el director general de Seguridad, y Emergencias Gustavo Armas- «los documentos que debe elevar el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de fenómenos volcánicos se adoptan por consenso, sin perjuicio de puedan producirse discrepancias, en cuyo caso deberán recogerse en un anexo firmado por el defensor de la postura que se separe de la consensuada».
En estos supuestos, dice el Ejecutivo regional, «el criterio del voto resulta unánime y las propias intervenciones, opiniones y manifestaciones de los integrantes del órgano durante la deliberación resultan absolutamente irrelevantes y no tienen la consideración de información a efectos de transparencia, configurándose como meras opiniones que tienen carácter auxiliar o de apoyo a la decisión del órgano».
En todo caso, subraya Gustavo Armas en su resolución, «cualquier posición contraria a la obtenida por el consenso del resto de miembros del órgano debe hacerse constar en un anexo al informe único firmado por todos los miembros, extremo este que no se ha producido en las múltiples reuniones mantenidas por dicho órgano colegiado durante la emergencia volcánica. Por otra parte todos los informes elaborados por el referido Comité Científico se encuentran publicados en el portal web de https://www.gobiernodecanarias.org/infovolcanlapalma/pevolca/«
Igualmente, los contenidos de las reuniones mantenidas por el comité de dirección, por las razones expuestas,» no pueden considerarse como información pública a los efectos de la Ley 19/2013 de Transparencia sino como información auxiliar o de apoyo contenida en opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas», agrega la resolución.
Para colectivos de damnificados, sin embargo, conocer las actas de estas reuniones se ha convertido en una creciente aspiración pues albergan dudas sobre la toma de decisiones en los días y horas anteriores a la erupción volcánica, puesto que en realidad no llegó a haber evacuación preventiva -salvo de las personas con movilidad reducida, y con muy poca antelación, tras el mediodía del domingo 19 de septiembre-, por lo que la población tuvo que salir corriendo precipitadamente una vez iniciado el proceso eruptivo, con lo cual los habitantes de las zonas más cercanas no pudieron salvar enseres.
Pero es más, al no haber evacuación antes de la erupción, estas asociaciones de afectados consideran que se expuso a la población a un riesgo para sus vidas si la tierra se hubiera abierto bajo viviendas o donde ese momento hubiese personas.
Pero es más, el interés por conocer estas deliberaciones no ha hecho sino acrecentarse tras el extraño cambio de versión de la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, quien en el Parlamento canario, preguntada por qué no se elevó de amarillo a naranja el semáforo volcánico antes de la erupción, respondió que el 18 de septiembre en el comité científico del PEVOLCA fue unánime la advertencia de que el proceso eruptivo era «inminente» y animó a consultar en este plan qué implica eso. Pues bien, en el PEVOLCA eso supone elevar a naranja el semáforo de riesgo volcánico y la evacuación de la población, decisión que solo puede tomar el órgano político, el comité de dirección.
Pero al día siguiente, ante el revuelo causado por estas palabras, el Gobierno canario divulgó una nota de prensa en la que Blanco (que en realidad pertenece a la Administración del Estado) cambió de versión, más que matizar, pues apuntó que el informe científico al que aludía antes de la erupción no indicaba «inminente» debido a que había discrepancias entre si el magma podía llegar a la superficie en horas o en días, de modo que se optó por la expresión «a corto plazo» en los dos informes últimos anteriores a que comenzara el fenómeno eruptivo. «A corto plazo» ya no es la expresión que recoge el PEVOLCA para estas situaciones, sino «inminente», con lo cual, al menos desde un punto de vista formal, ya no se habría incumplido la previsión del plan de emergencias, que es lo que se colegía de la primera versión de Blanco dada al Parlamento regional.
La citada plataforma de afectados también pidió el acceso a acta de la reunión del PEVOLCA o si este no se hubiera constituido, acta de la reunión de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias e informes científicos analizados tanto del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Vulcanólogico de Canarias (INVOLCAN) con motivo del enjambre sísmico y seísmos de octubre de 2017 en Cumbre Vieja, así como los informes emitidos por ambos centros científicos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 16 de septiembre de 2021 sobre los enjambres sísmicos y el fenómeno pre-eruptivo en La Palma.
Los solicitantes pueden interponer ahora reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información o bien interponer un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
