PLANETA CANARIO
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata (PP), compareció en el Parlamento de Canarias para explicar los preceptos clave del decreto ley que modifica la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada por el anterior Ejecutivo regional de izquierdas, y que se aprobará próximamente.
El consejero Zapata ha detallado que para poder cumplir los aspectos básicos de dicha normativa, basados en acelerar la transición energética de las islas y favorecer su descarbonización, era necesario “adoptar nuevas medidas clave para la adaptación al cambio climático, corregir errores del pasado y posicionar a Canarias a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático”.
En este sentido, ha explicado que esas medidas están basadas inicialmente “en una obligatoriedad planteada por la Comisión Bilateral Canarias-Estado de modificar 11 de sus puntos, para cumplir con la legalidad y con la Ley estatal”, puesto que “había discrepancias e incompatibilidades que debían ser subsanadas”, según informa el Gobierno en un comunicado.
El consejero popular ha vuelto a criticar la ley impulsada por el antiguo Ejecutivo autonómico, el del denominado Pacto de las Flores, por crear una normativa que “en muchos casos se ha quedado en papel mojado”.
Por otro lado, el consejero afirmó que “la nueva ley es una herramienta dinámica que garantizará un futuro sostenible, simplificando trámites, generando empleo y protegiendo nuestro medio ambiente”.
En este sentido, destacó que dicha modificación es “fruto del consenso” destacando que “se han mantenido más de 50 reuniones de coordinación para “aportar soluciones reales, con decisiones valientes”.
Según el Gobierno canario, la actual situación de emergencia energética que padece Canarias, declarada el pasado 2 de octubre, así como los objetivos de descarbonización del archipiélago y la necesidad de cumplir con las exigencias marcadas por la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivo es alcanzar de aquí a 2030 un 58% de penetración de renovables en el territorio español, (del que actualmente Canarias solo presenta un 20%), han sido otras de las cuestiones más relevantes para motivar esta revisión y cambio.
No obstante, con esta modificación, según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, «no solamente se pretende cumplir con la legalidad sino también hacer un texto más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido”.
Modificaciones incluidas
Entre las modificaciones principales de dicha ley se plantea dar agilidad a la implantación de renovables garantizando la protección ambiental del territorio, con la creación de las Zonas de Aceleración de las energías renovables, en coordinación con los cabildos insulares. Además, se agiliza el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, para implantar energías limpias, y también la diversificación del modelo económico, con la creación de un Plan Formativo Verde, para impulsar el empleo en sectores clave para la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono.
Asimismo, para acelerar la transición energética, garantizando el suministro eléctrico, y basado siempre en el respeto por el medio ambiente, destaca la apuesta por las energías renovables a pequeña escala y el impulso de la participación local con accionariado en nuevos parques solares y fotovoltaicos en los proyectos de más de 2 MW de potencia (hasta un 20%).
Por otro lado, y en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática. Una fórmula para actuar con agilidad sobre proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas. Para llevarlos a cabo, se realizará una simplificación de los trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas para agilizarlos, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.
Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crea la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, en coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno y la Oficina Canaria de Acción Climática, dentro de la propia Consejería de Transición, como órgano propulsor de dichas actuaciones.
Asimismo, se propone la creación de la Empresa Pública Canaria de la Energía, como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia, para entes íntegramente públicos de Canarias. Un ente necesario para lograr los objetivos de la norma, llevar a cabo los mencionados proyectos de mitigación y adaptación y solventar situaciones de pobreza energética.
Respaldo de la CEOE y FEPECO
El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Afonso, ha expresado su respalda estos cambios en la ley, «ya que la anterior no fue suficientemente debatida, considerando su impacto en la economía».
El representante de la patronal destacó la importancia de «avanzar hacia un crecimiento sostenible que equilibre la creación de empleo, la generación de riqueza y la sostenibilidad».
La modificación propuesta, a su juicio,»permitirá reabrir el debate y profundizar en los compromisos de desarrollo sostenible, abordando los desafíos económicos de la transición hacia un modelo más sostenible».
Por su parte, Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, ha recordado que, en reiteradas ocasiones, esta patronal provincial de promotores y constructores en Santa Cruz de Tenerife ha manifestado que la Ley de Canarias de Cambio Climático, aprobada en la pasada legislatura, «nacía con evidentes problemas que ponían en duda su permanencia en el tiempo, lo cual ha sido cierto, dándonos la razón».
El primer problema que contenía era «su potente carga ideológica que la apartaba de la realidad que pretendía modificar y del conocimiento científico vigente». «La segunda perturbación, llevaba un complejo desarrollo con la creación de múltiples órganos, documentos y planes que, extendidos en el tiempo, tardarían muchos años para su completo despliegue y que, para dificultarlo más, atribuía a las empresas funciones de difícil cumplimiento. Es decir, complejidad e inseguridad jurídica», opina el representante de FEPECO.
