VICENTE PÉREZ
El vallado del acceso a Las Bajas, en Güímar, para que sus habitantes no pueden entrar en sus viviendas, de las que se fueron en 2021, ni usarse el camino costero , vuelve a encender la polémica entre el gobierno municipal (CC-PSOE-Unidas sí Podemos) y el principal partido de la oposición, el PP. Si es que alguna vez ha estado apagada. Este asunto tiene varias vertientes: social, política, admnistrativa y judicial (en vía contencioso administrativa pero también penal).
Los populares, liderados por la exalcaldesa Carmen Luisa Castro, han pedido un pleno extraordinario ante «las injusticias y mentiras» del gobierno municipal con estos vecinos, y exige explicaciones sobre estas medidas coercitivas «sin informe geotécnico del riesgo ni autorización judicial»-
El equipo gobernante defiende que “la decisión que se tomó en su momento no fue fácil, pero la inseguridad derivada del riesgo de desprendimiento, amenazando la integridad de bienes y personas, hacía necesario actuar con celeridad para evitar desgracias”.
Pero sobre todo este asunto merodean sombras, para los vecinos y la oposición política, sobre el riesgo real de derrumbes inminentes en el paredón al pie del cual están estas casas, algunas excavadas en las rocas o aprovechando cuevas naturales, porque los afectados aseguran que nunca ha habido desprendimientos de importancia.
De hecho, algunos de ellos testifican que el concejal de Urbanismo, Airam Puerta, en una ocasión, y ante la insistencia del vecindario contra el desalojo, sólo reconoció «cierto riesgo», pero no convenció a la mayoría sobre que la situación haya sido alguna vez «inminente» y de extremo peligro.
Esta cuestión no es baladí, porque la obra se encargó sin concurso público precisamente alegando esa situación de emergencia. El PP ha denunciado en Fiscalía este asunto, por lo que también hay una vertiente penal.
Hay que recordar que el enfado de los vecinos radica en que abandonaron sus casas con la promesa de que los trabajos durarían unos meses y que además se les abonaría el pago de los alquileres (según el PP, se les ofreció que este abono sería a través de la propia empresa que ejecutaría las obras).
Todo comenzó con un informe de la Policía Local el 2 de diciembre de 2020, que advirtió «el deficiente estado del talud» y, según el Ayuntamiento «ello fue, corroborado mediante informe técnico, el día 9 siguiente.
Pero no fue hasta el 15 de febrero de 2021 cuando un informe de un ingeniero detectó «riesgo inminente» de «fenómenos gravitacionales de peligrosidad alta (en concreto: grandes volúmenes movilizados y frecuencia dominante de ocurrencia)», con una «elevada» «vulnerabilidad» de las personas y bienes. Sin embargo, el mismo informe añade que «la mayoría de las inestabilidades identificadas presentan un grado de actividad dormido y se encuentran en fase de desarrollo».
El coste de la obra para las arcas municipales pasó de 342.000 euros a la previsión, por parte de la adjudicataria, de más de un millón, por lo que la secretaria municipal, avalada además por un informe del Consejo Consultivo de Canarias, planteó en el verano de 2021 la rescisión del contrato, y el alcalde paralizó los trabajos.
Tras lo cual la empresa ha recurrido en vía judicial y el asunto está pendiente de los tribunales. Desde entonces todo está parado, con la desesperación de los vecinos afectados.
La portavoz del Partido Popular (PP) señala que para proceder al vallado «no hay resolución, ni decreto municipal fundamentado, ni resolución de la Dirección General de Costas», y además expone, como agravante de la actuación del Ayuntamiento, que hay casas en Las Bajas sobre las que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias otorga una concesión administrativa de Costas, en relación a lo cual a día de hoy se está tramitando un expediente para su traspaso.
La concejala recuerda que «los vecinos se fueron en 2021 como gesto de buena voluntad, porque les prometieron que desde el Consistorio y a través de la contrata se les abonarían el importe de los alquileres, promesa que luego se incumplió».
Pero ahora sobre algunas de estas familias recae el peso de sentencias judiciales que les obligan a sufragar hasta 25.000 euros al haber denunciado los arrendadores de sus viviendas provisionales el impago del alquiler.
Ante estos hechos, la portavoz del PP insiste en preguntar «en qué nuevo informe geotécnico y resolución judicial se basan el alcalde y el primer teniente de alcalde para impedir a los vecinos entrar a sus hogares».
A ello hay que unir la circunstancia de que para algunos residentes en Punta Pietra, La Caleta o El Tablado esta es la única vía de acceso para ir a El Puertito caminando.
Tras el temporal marítimo de abril pasado, que dañó la pista de acceso a Las Bajas, los propios vecinos contrataron una pala para arreglar esta vía, lo cual motivó un nuevo roce con el Ayuntamiento, porque la Policía Local constató el 19 de abril que estas obras carecían de autorización.
El gobierno municipal decretó por ello la obligación de desalojar la zona, previo trámite de audiencia a los afectados.
“No podemos permitir que determinadas personas hayan adoptado este tipo de actitud, porque están arriesgando su vida con esta decisión, por lo que les instamos a que sean conscientes y acaten la medida que se adoptó”, expresó el gobierno local en un comunicado, en el que además invocó el caso «de la tragedia moral en la playa de Los Guíos», en Santiago del Teide, «el derrumbe en el barrio de Santa Lucía, o la caída de parte de la ladera en la carretera de acceso a la playa de Argaga, en La Gomera».
El Ayuntamiento explica que en mayo decretó la segunda concesión de ayudas al alquiler para los vecinos, cuyo importe alcanza los 6.600 euros por afectado.
Pero el PP replica que los interesados «no se han podido acoger» a estas subvenciones, «porque el alcalde las anunció cuando ya había acabado el plazo de solicitud,nadie se enteró».
El vallado tras el temporal de abril, a lo largo de casi 350 metros, ha costado 34.700 euros, ejecutado «con sujeción estricta a los condicionantes técnicos marcados por el Gobierno de Canarias y la demarcación de Costas del estado».
Ya en junio de 2021 el Ayuntamiento invirtió casi 95.000 euros por los daños de otro temporal marítimo.
Viviendas en domino público
Todo este asunto tiene además una vertiente administrativa en Costas. El grupo gobernante ha puesto de relieve además que se tramitan en la zona un total de 19 expedientes de recuperación posesoria del dominio público marítimo por parte de Costas.
En torno al 90% de las viviendas están en dominio público marítimo terrestre, sin autorización. Por otra parte,a los efectos de la Dirección General de la Costa, realizar obras con una pala en una playa sin autorización de Costas es infracción grave.
