VICENTE PEREZ
El gobierno municipal de Granadilla de Abona (CC-PP) ha roto su habitual silencio sobre la polémica en torno al hotel que se construye en primera línea de la playa de La Tejita, un asunto que estos días cobra aún más actualidad por la protesta de dos activistas encaramados desde hace más de seis días en lo alto de las grúas de construcción de esta obra, respaldados por el movimiento ciudadano contrario a este proyecto, que el domingo reunión a más de 1.500 personas para reclamar la paralización de los trabajos.
En un comunicado, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo cuyo responsable es José Luis Vera, comunica que «la construcción consta de todos los informes sectoriales que se solicitaron a los distintos organismos», antes de la «concesión de licencia de construcción, todos ellos favorables al proyecto». Horas después de esta nota, el Gobierno estatal anunció que paralizaba de forma cautelar las obras hasta que se resuelva el nuevo deslinde del dominio público y su zona de servidumbre.
Este hotel de 5 estrellas que promueve la mercantil Construcción, Promoción y Derivados S.A., del grupo gallego Viqueira, cuenta, según el Ayuntamiento, «con la autorización del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea desde 2015; la autorización de la Consejería de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife desde abril de 2016; la autorización de la viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias desde junio de 2016 y licencia municipal, ya que cumple con lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Granadilla de Abona, aprobado el 26 de enero de 2005, que recogía la calificación de los terrenos como urbanos, de uso Turístico Hotelero».
En su nota, el Ayuntamiento no menciona que el Gobierno canario actual, y, en concreto, el consejero de Política Territorial, José Antonio Valbuena (del PSOE), ha remitido a Costas un informe diametralmente opuesto al que el anterior Ejecutivo envió (cuando gobernaba CC-PNC).
En concreto, Valbuena concluye que la parcela no reunía los requisitos para que fuera suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, por lo que la servidumbre de protección del dominio público, que se halla en revisión, debe fijarse en 100 metros de anchura y no en los 20 que propone el organismo estatal, lo que supondría la inviabilidad del proyecto para el que se concedió licencia. Aún así, el nuevo deslinde previsto afecta en torno a un 20% del proyecto y a unas 50 habitaciones de las proyectadas.
El consejero ha manifestado este lunes en Onda Tenerife que el hotel de La Tejita es» una burrada”, y que el Ayuntamiento «debe paralizar las obras de manera cautelar hasta que se conozca el nuevo deslinde”.
El 29 de enero de 2019, según refiere la nota de prensa municipal, «posteriormente a la concesión de la licencia, el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife acordó incoar un expediente de revisión del deslinde en el tramo de costa en el que se había autorizado al hotel el 12 de noviembre de 2018, por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar».
Se da la circunstancia de el consistorio dio la licencia cuando ya había pasado más de un mes desde que el 13 de noviembre de 2018 el Ministerio de Medio Ambiente (ahora llamado para la Transición Ecológica) había adoptado la resolución de autorizar la revisión del deslinde, como además aparece publicado en la web ministerial.
El Servicio de Costas de Tenerife demoró hasta enero el inicio del trámite, un tiempo mayor de lo habitual. La solicitud, presentada por los ecologistas, de cambiar el deslinde databa de octubre de 2017, por lo que Costas en Madrid tardó más de un año en tomar una decisión.
En su comunicado, el consistorio recuerda que «con fecha 24 de junio de 2019, el Servicio de Vigilancia de Costas ha confirmado que la empresa no está trabajando en los terrenos afectados por el deslinde en tramitación» y que «inspecciones posteriores han constatado que los trabajos continúan parados en la zona afectada por la delimitación provisional de expediente de revisión de deslinde».
No obstante y a pesar de lo citado anteriormente, el gobierno local de Granadilla de Abona asegura que ha solicitado a la Dirección Provincial de Costas informe o comunicación de las actuaciones realizadas después de la fecha del último informe remitido a la administración municipal, «contestación que por el momento no ha sido remitida». El silencio de Costas en toda esta polémica también resulta llamativo.
Ya el pasado año, el acalde, José Domingo Regalado (CC-PONC), presentó alegaciones en contra del nuevo deslinde público marítimo terrestre. Como argumento principal expone los «daños y perjuicios» que causaría a los promotores, lo que a su juicio «conllevaría el ejercicio de acciones en defensa de los respectivos derechos de los perjudicados» frente al Ayuntamiento. Dicho de otro modo: el regidor municipal alega que la empresa inmobiliaria pedirá indemnizaciones.
Todo este asunto está denunciado en vía penal en los Juzgados de Granadilla por la asociación Salvar La Tejita y la licencia de obras recurrida en la jurisdicción contencioso administrativa por este colectivo y por la asociación ecologista ATAN.
