VICENTE PÉREZ
La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Frigola, tendrá en la capital tinerfeña una plaza en reconocimiento de su labor en el caso Las Teresitas, que a la postre ha permitido al Ayuntamiento recuperar el dinero malversado en 2001 por la compraventa del frente de playa más sus intereses, en total 95 millones de euros.
La iniciativa de esta distinción para Farnés, que requerirá del acuerdo del Pleno municipal, la anunció la alcaldesa, Patricia Hernández, al informar días pasados en rueda de prensa sobre el acuerdo alcanzado con uno de los condenados, el empresario Antonio Plasencia (que cumple condena de cárcel) y su familia, para saldar, con propiedades y dinero, su responsabilidad civil con el Ayuntamiento capitalino, en virtud de la condena judicial por esta causa penal, ya firme.
La plaza con el nombre de la fiscal se ubicará junto uno de los edificios, ubicado en Cabo Llanos frente al Auditorio de Tenerife, con los que Plasencia hará frente a este pago, y que pasará a titularidad municipal.
Se da la circunstancia que es el mismo que meses antes de las elecciones de 2019 el Cabildo de Tenerife, por iniciativa de CC-PNC cuando era presidente Carlos Alonso, quiso comprar a la familia Plasencia para convertirlo en residencia de ancianos del IASS.
Una operación, finalmente frustrada tras airearse en la prensa, a la que inicialmente había dado el visto bueno el PSOE, que entonces cogobernaba con CC-PNC en el Cabildo, pero que luego se desmarcó de su socio tras la polémica suscitada por que el inmueble era de una empresa de la familia Plasencia, que ya estaba condenado por este asunto (cosa que de todos modos era vox pópuli y constaba en el expediente), y tener pendiente precisamente la ejecución de esta sentencia con el consistorio capitalino.
La alcaldesa justifica su propuesta de una plaza con el nombre de la fiscal porque cree «justo que la ciudad de Santa Cruz rinda homenaje a aquellos y aquellas que han demostrado capacidad de sacrificio y trabajo por velar por los intereses públicos» y en este marco, apostilló, María Farnés «es una de las responsables de haber acabado con la impunidad».
La regidora municipal se mostró convencida de que su propuesta saldrá adelante porque señaló que ya la había consultado con otros miembros de la corporación.
Antes de su destino en Tenerife, Farnés desarrolló su trabajo en San Sebastián. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife es fiscal delegada de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.
Se encargó de investigar la denuncia que presentó el colectivo ínsula viable por el escándalo de Las Teresitas, y que fue escrita por Santiago Pérez, en la actualidad concejal lagunero de Urbanismo por el partido Avante La Laguna y máximo responsable insular del PSOE cuando se llevó a cabo la compraventa fraudulenta del frente de playa a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, cuando era alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo (CC-PNC) y edil de Urbanismo Manuel Parejo.
La fiscal logró desentrañar la trama de Las Teresitas, que afectaba a poderosos empresarios y políticos, y presentar querella en 2006. Hiló de forma tan certera los cabos sueltos de esta historia, que el caso acabó en condena de prisión y a devolver el dinero del Ayuntamiento para los empresarios y políticos citados, en uno de los casos de corrupción político empresarial más sonados y complejos que ha habido en Canarias.
En el pasado mandato, cuando cogobernaban en la capital CC-PNC y PP, fue rechazada una moción de Sí se Puede e Izquierda Unida con la que se quería distinguir el trabajo de otra funcionaria, la exarquitecta municipal Pía Oramas, en la actualidad trabajadora del Cabildo, cuya declaración fue clave en el caso Las Teresitas. En el actual mandato cogobiernan PSOE y Ciudadanos, con apoyo externo de Unidas Podemos.
Como quedó acreditado en la causa penal, pese a ser la funcionaria del Ayuntamiento competente en las tasaciones inmobiliarias, su valoración del frente de playa se excluyó intencionalmente del expediente ya que para ella valía 19 millones, frente a los más de 52 que finalmente pagó el Ayuntamiento a los empresarios.
