PLANETA CANARIO
La Asociación Agua para La Palma ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción relativa al convenio mediante el cual el Consejo Insular de Aguas, organismo adscrito al Cabildo palmero, concedió 969.230 euros en dos subvenciones directas a la comunidad de propietarios del pozo de El Roque para ponerlo de nuevo en producción. En el momento de aprobarse este convenio, en 2020, la entidad privada beneficiaria tenía entre sus accionistas al padre del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, miembro del Consejo Insular de Aguas, y, según subraya el colectivo denunciante, «máximo responsable de todas las decisiones tomadas».
La asociación, según informa en un comunicado, emprende estas acciones penales «al entender que se han vulnerado leyes, y por lo tanto, se trata de una decisión pública en perjuicio del interés general, por el proceder en este caso de responsables políticos y cargos públicos del Consejo Insular de Aguas».
Para la asociación, «ya es hora de que empiecen a dar explicaciones ante los Juzgados», y por ello se recurre a la Justicia «por haber perdido la esperanza en nuestros representantes públicos, empeñados en ocultar detrás de sonrisas y eslóganes que incumplen su obligación de tomar decisiones que favorezcan a la mayoría».
El convenio que ha motivado esta denuncia, asevera la entidad denunciante, es uno de «los muchos ejemplos de decisiones tomadas en la que nos ha embarcado el Consejo Insular de Aguas en su continua huida hacia adelante, dando cabida mayoritariamente a medidas adoptadas de forma urgente, dejando fuera las que realmente necesita la isla, o sea, las importantes, con el triste logro de haber convertido este organismo en una máquina de picar dinero público».
En el Consejo Insular de Aguas el acuerdo se tomó por mayoría, pues diez miembros se pronunciaron en contra de estas subvenciones al entender que la entidad beneficiaria no debía recibirlas por no estar inscrito el pozo en el Registro de Aguas de Canarias.
El gobierno insular alegó entonces la necesidad de contar con más agua ante la sequía que padecía la isla y que el Cabildo obtendrá como contraprestación durante el periodo de vigencia del convenio el 50% del agua extraída del pozo.
El expresidente del Cabildo palmero, José Luis Perestelo (CC), afirmó también 2020 que «el expediente para conceder esa subvención da pena; en algún momento acabará en manos de la Fiscalía y va a producir un problema para aquellas personas que, con buena fe, votaron a favor de la ayuda».
Mientras se invierte dinero público en rescatar y reactivar este pozo privado, se deja con cero euros «una actuación seria y responsable como sería salvar del estado de ruina del Túnel de Trasvase, ejecutar bien sus cierres que actualmente están mal ubicados y pierden agua, además de perforar un kilometro más por la boca de Hermosilla. Está obra pública, que financió en su día el Estado, es la solución definitiva para cuando haya déficit hídrico en el Valle de Aridane, y para crear reservas cada vez mayores con su correcta gestión”.
Agrega la asociación que «tampoco apuesta el Cabildo por los cierres hidráulicos en las galerías de la isla, de 100 existentes sólo 7 tienen cierres , y en esos casos hechos por iniciativa privada, con lo que en las galerías no existe control a la salida del agua que permita no extraerla cuando no es necesario, y hay que recordar que la responsabilidad en cómo ha de realizarse la gestión del agua, con independencia de su titularidad ,es del Consejo Insular de Aguas de La Palma, que también queda sujeto al cumplimiento de la Ley».
