VICENTE PÉREZ
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (más conocida como Costas) ha aceptado fijar en la polémica parcela del hotel junto a la playa de La Tejita una servidumbre de protección del nuevo deslinde de dominio público marítimo terrestre de solo 20 metros de anchura, en lugar de los 100 que había inicialmente planteado, pese a reconocer que con los datos aportados por el Gobierno canario ( en informes fechados en 4 junio de 2019 y 3 de julio de 2019) y el Ayuntamiento de Granadilla «no puede afirmarse de manera taxativa» que se cumplen los requisitos para establecer esa franja mínima, en lugar de la máxima.
En concreto, el requisito es que el plan parcial de Costabella en el que se insertan estos terrenos debía estar ejecutado dentro de los plazos previstos, y que, por tanto, se podían considerar suelo urbano antes de la Ley de Costas de 1988 porque la urbanización en su conjunto ya estuviera terminada entonces.
Costas se vale además de una deducción, expresada además como mera posibilidad y no como certidumbre, para interpretar que, habiendo constancia de que en 1987 las obras de la urbanización del plan parcial estaban paradas pero que en 1991 y 1994 se realizaron trabajos, estos pudieron ser meramente complementarios, y no suponer impedimento para que en 1988 el suelo ya fuera urbano.
Nuevamente en este caso el informe del organismo estatal se decanta por la opción más favorable para la parcela urbanística donde se construye el hotel, ya que esgrime una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2010 en la que en otro caso de obras complementarias de urbanización no implicaba que el suelo no fuera ya urbano consolidado.
Pero sorprende que la funcionaria firmante de este informe concluya que «a falta de documentación más concreta, podría deducirse que se trata de obras complementarias de urbanización», una mera conjetura que no apoya en ninguna prueba documental.
Por tanto, pese a que Costas no tiene certezas, sino dudas, de que la servidumbre deba quedarse en 20 metros, cambia su criterio inicial en un informe con registro de salida el 9 de julio firmado por la jefa del área de Planeamiento, Ana B. Moreno Inocencio, y esgrime como motivo que fijarla en 100 metros «supondría una modificación del aprovechamiento urbanístico que podría ar lugar a indemnización, ya que en la parcela afectada por la modificación del deslinde existe una licencia de edificación ya otorgada».
De hecho, la promotora del hotel, el grupo gallego Viqueira, tras tener que parar en junio los trabajos en la nueva servidumbre (la asociación Salvar La Tejita ha denunciado que la ha invadido en varias ocasiones), ha continuado las obras mientras se desarrollaba toda esta polémica, que dicho grupo ecologista ha llevado a la vía penal (denuncia que tramitan los Juzgados de Granadilla) y a la contencioso administrativa (con recurso judicial de la mano de ATAN), además de que Podemos denunció en junio los hechos en la Fiscalía Provincial por presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Informes del Gobierno canario en pleno traspaso de poderes de CC a PSOE
Se da la circunstancia de que los informes y documentación con los que Costas a principios de julio resolvió provisionalmente el acta de apeo del deslinde con la servidumbre más favorable a la promotora provienen de la etapa en que CC dirigía la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno canario, en la persona de Jesús Romero, que se halla investigado en el llamado caso Monkey Beach con relación a obras irregulares en zona de servidumbre dentro de este establecimiento de ocio ubicado en Adeje, frente a la playa de Troya, en otra causa penal que instruye el Juzgado Número 4 de Arona.
Varias semanas después de este trámite del acta de apeo se produjo el cambio de dirección política en la Consejería a la que estaba adscrito Romero, la ahora llamada de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, que en la actualidad está en manos del consejero socialista José Antonio Valbuena. Y el puesto de Romero lo ocupa ahora el viceconsejero Leopoldo Díaz, jurista funcionario del Cabildo de Lanzarote y exsecretario de la Fundación César Manrique.
A este diario le consta que Valbuena ha puesto especial interés en que esté correcto todo lo relativo a este expediente que haya tenido o tenga que ver con el área de la que ha tomado las riendas, dada la gran controversia existente y su judicialización. Para hoy estaba previsto que se reuniera con representantes de la asociación Salvar La Tejita, que esperan que el nuevo Gobierno canario formado por PSOE, Sí Podemos, ASG y NC revisen sus informes en el sentido de que la parcela del hotel no era suelo urbano en 1988, con lo que la servidumbre se fijaría en 100 metros. De no ser así, confían en que los tribunales puedan esclarecer todo este asunto con las pruebas que han ido aportando en los últimos meses. El encuentro ha sido aplazado por el infarto que ha sufrido otro consejero del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis.
Alegaciones de ATAN contra la servidumbre en 20 metros
Que la parcela no reunía tal requisito en 1988 es el argumento con el que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha presentado alegaciones al acta de apeo del deslinde. En su escrito, este grupo ecologista aporta un dato que puede ser «concluyente» para la resolución de este expediente: en la Memoria de las Normas Subsidiarias de Granadilla de Abona (1994) se especifica que de las urbanizaciones de «los planes Parciales de la Mareta, Costabella, Playa de la Tejita, Ensenada de Pelada, El Topo, Marazul, Médano Beach y Mar Vela […] bien pocas entre dichas iniciativas, y en muy escaso grado en dicho caso, se han ejecutado» y agrega que «en su práctica totalidad no se ha llevado a cabo la urbanización prevista, o ésta lo ha sido de forma muy fragmentaria; ni se han ocupado más que en muy reducida proporción las zonas edificables» porque «la crisis de los setenta y el mismo carácter, absolutamente desajustado a la oferta potencial, se encargó de paralizar la mayor parte de dichos planes”.
Para ATAN, si no se había ejecutado el plan parcial de Costabella en los plazos previstos y encontrándose en situación de abandono las unidades de obra de urbanización que se habían cumplimentado en el año 1988, «es lógico deducir que no es de aplicación la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, debiendo fijarse la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros».
«A la misma conclusión debe llegarse», según la alegación de este grupo ecologista, «si se comprueba que los otros deberes urbanísticos (cesión de viales, espacios públicos y aprovechamiento urbanístico, sistemas de equidistribución, etc), tampoco fueron cumplimentados a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, extremos sobre los que no hace la mínima referencia el informe del Área de Planeamiento de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre de 9 de julio de 2019».
Sobre la licencia de ejecución del proyecto concedida por la Junta Local de Gobierno (CC-PP) del Ayuntamiento de Granadilla en diciembre de 2018 (seis semanas después de que el Ministerio al que está adscrita Costas autorizada a sus funcionarios en Tenerife a incoar la modificación del deslinde a instancias de ATAN y Salvar La Tejita), la asociación alegante discrepa también del informe del Servicio de Planeamiento de Costas, al entender que, si se aprobara el nuevo deslinde, ya no cabría hablar de aprovechamientos urbanísticos residenciales en la porción de la parcela afectada por la servidumbre, y la licencia carecería de efectos en esa franja porque sería ilegal urbanizarla.
A la vista de los informes del Gobierno canario y de Costas en el acta de apeo del deslinde efectuada en julio de 2019, para ATAN resulta «evidente que si el nivel de ejecución del plan parcial a la entrada en vigor de la Ley de Costas es uno de los elementos esenciales a la hora de determinar la anchura de la servidumbre, no puede el Servicio de Costas llegar a conclusión alguna hasta que conozca con exactitud cuál era el nivel de ejecución a aquella fecha, quedando seriamente cuestionada su conclusión dado que, no acaba de entenderse cómo-, ante esa incertidumbre limitante, opte por aquella solución excepcional y que menos salvaguarda el dominio público marítimo terrestre, al reducirla a 20 metros».
«No debe olvidarse», observa ATAN «que tal informe [ de Costas] se elabora con la base fáctica que aportan sendos informes del Ayuntamiento de Granadilla y la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, órganos con competencias urbanísticas para determinar con suficiente detalle el grado de ejecución del citado plan parcial, por lo que si de la información facilitada por estas administraciones no pudo afirmarse de manera taxativa que el Plan Parcial se realizó en los plazos previstos, la conclusión más acorde a la realidad es que, a la fecha de entrada en vigor de Ley de Costas, el plan parcial de Costabella no se ajustaba a los plazos previstos».
El alcalde rechaza el nuevo deslinde y todo el gobierno local parar la obra
Se da la circunstancia de que el alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado (CC-PNC), alegó a finales de febrero ante Costas en contra de que se cambie el deslinde. Una de sus razones es que no había motivos para cambiarlo, sin que aportara ningún informe geomorfológico que así avalara su razonamiento, frente al que sí aportaron los grupos ecologistas, a raíz del cual se incoó la modificación del deslinde. La otra razón del alcalde es que si la parcela se ve afectada por la nueva franja pública, la empresa puede pedir indemnizaciones. Y otro argumento es que todos los permisos necesarios estaban dados cuanto Costas incoó la revisión del deslinde (lo cierto es que la licencia para ejecutar el proyecto se dio 6 semanas después de que el Ministerio dictara la resolución a favor de abrir este expediente, cuya apertura demoró inusualmente el Servicio Provincial de Costas de Tenerife hasta dos meses y medio después).
Lo cierto es que Sí Podemos ha pedido este mes en un pleno del Ayuntamiento que se suspendan las obras de forma cautelar hasta que el nuevo deslinde y su servidumbre de protección sean definitivos, propuesta que apoyó el PSOE ( partido que, se da la circunstancia, gobernaba en 2002, cuando se firmó el convenio urbanístico que posibilitó este hotel en primera línea de playa, aunque en aquella época lo lideraba el entonces alcalde Jaime González Cejas, quien deberá afrontar un juicio en una causal penal como acusado por prevaricación, y ahora lo lidera la joven abogada Jénifer Miranda).
Pero la moción de Sí Podemos fue rechazada por los votos contrarios del equipo gobernante que forman CC y PP, que justificó tal negativa en que los técnicos municipales no les han advertido de irregularidad alguna en la licencia dada ni de que las obras invadan terrenos afectados por la revisión del deslinde y su servidumbre. Llama la atención que el PSOE acusara en ese pleno a CC-PP de no querer enviar a la Policía Local a comprobar si, como denuncian los ecologistas, las obras invaden la nueva servidumbre, y que el gobierno local no se defendiera de tal acusación.
