VICENTE PÉREZ
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado una moción de CC-PNC, apoyada por el PP, para que se aplique en el consistorio el Pacto Antitransfuguismo suscrito hace más de 20 años a escala estatal y la Ley canaria de Municipios que prevé dejar sin sueldo a los ediles que hayan abandonado o hayan sido expulsados por el partido por el que fueron elegidos.
La moción fue planteada por CC-PNC, y apoyada por PP, los partidos que gobernaron en el pasado mandato (el primero durante casi cuatro décadas) aún como una declaración de intenciones, motivada por la situación de los dos concejales de Ciudadanos (Cs) Maitilde Zambudio y Ramón Lazcano, a los que el partido naranja ha abierto expediente de expulsión por apoyar el cambio político en el municipio e integrarse en el grupo de gobierno con el PSOE, aunque todavía no existe una resolución definitiva que los deje fuera de esta fuerza política.
Votaron en contra de la moción el PSOE, Unidas Podemos y los propios afectados. Tanto Zambudio (que dejó claro que aún no ha sido expulsada de su partido) como el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, alegaron que aplicar a este caso el Pacto Antitransfuguismo resultaría pervertirlo, porque argumentaron que son precisamente los concejales expedientados los que han evitado una traición a los votantes, ya que Cs antes de las elecciones prometió regenerar la vida política en la capital y ello pasaba por no apoyar la continuación de CC en el poder.
El portavoz de CC-PNC, Juan Jesús Martínez afirmó que el calificativo de «tránsfugas» lo han puesto dirigentes regionales de Cs, y reclamó una adhesión «inquebrantable» a este código de conducta política sobre transfuguismo, que, a su juicio, debe «condenarse por ser la peor perversión del sistema democrático, pues supone una traición a la voluntad de los ciudadanos». Un argumento al que le dieron la vuelta Unidas Podemos y Zambudio, para quienes precisamente la traición hubiera sido permitir que volviera a gobernar Bermúdez, en contra del compromiso electoral.
El portavoz nacionalista dijo que le sonrojaba escuchar este criterio, y señaló que la moción se refería a «valores y principios democráticos» que además promovió en su día el PSOE a escala nacional. «Usted ha hecho historia por haber sido la primera alcaldesa de la ciudad, no haga también historia por ser la primera apoyada por tránsfugas, cuando tiene opciones para evitarlo», ironizó Martínez.
En nombre de los dos afectados por esta situación, Zambudio recordó que con esta moción «se pretende confundir a los chicharreros» ya que, aseguró, aún son concejales de Cs hasta que el Comité de Garantías nacional rechace sus alegaciones y tome una decisión definitiva. Dicho esto, defendió su decisión de no permitir que gobernara CC-PNC, «porque así hemos cumplido lo que prometimos en la campaña electoral, regenerar el Ayuntamiento; pero entiendo que CC en valores y principios está confundida en sus términos y que el PP incumple reiteradamente sus compromisos electorales porque también prometió lo mismo».
Enfatizó la edil, que lleva las riendas de las áreas de Desarrollo Económico, Cultura y Patrimonio Histórico, que no quería empezar en política «incumpliendo de manera flagrante» su compromiso con los electores, y sostuvo que «el acta de concejal es personal, no del partido».
Pasando a la ofensiva, Zambudio esgrimió que «si ser tránsfuga es no cumplir con las órdenes del partido, entonces CC lo que hizo en Santa Cruz los últimos cuatro años lo hizo en calidad de tránsfuga, porque las órdenes eran pactar con el PSOE [el famoso pacto en cascada] y no con el PP, así que en este asunto cuando les conviene se agarran al transfuguismo y cuando no, no».
Desde el PP, Carlos Tarife señaló que le apenaba que el Ayuntamiento capitalino sera noticia por estas cosas, calificó la moción como «de bastante sentido común» y manifestó que «si no queremos obedecer a los partidos, cambiemos entonces la ley electoral y hagamos listas abiertas, pero somos elegidos por formaciones políticas». Y añadió que en Santa Lucía (Gran Canaria ) Podemos expulsó a un concejal por querer «entrar en un gobierno a toda costa, mientras aquí defiende lo contrario, o sea, la coherencia propia del populismo». «Y ha sido Zambudio la que ha dicho que Cs ha muerto en Canarias, no yo», remachó.
Desde las filas de Unidas Podemos (Equo, Izquierda Unida y Podemos), Ramón Trujillo mantuvo que le parecía «kafkiano» y también «propio de Groucho Marx» que se invoque la normativa antitransfuguismo para defender lo contrario de lo que la inspiró. Y se explicó: «SI se trata de que los cargos públicos acaten sus compromisos con la ciudadanía, estamos de acuerdo con ese Pacto Antitransfuguismo y su normativa, pero el caso que motiva esta moción es muy distinto, porque busca castigar a los cargos públicos que han acatado sus comprimíos con sus votantes y en cambio premiar a los dirigentes de un partido que exigen violar sus compromisos con la ciudadanía».
«Se trata de un dilema ético», prosiguió el edil de IUC, «ante el cual yo elegiría sin duda acatar a mis votantes, y no dimitiría, porque sería no asumir la responsabilidad de desarrollar mis promesas electorales y además permitir que mi sucesor las viole, pues la legitimidad de un partido es indisociable de su voluntad de cumplir sus compromisos electorales».
Y a su juicio, los de Cs estaban «no tanto en el eje izquierda derecha en este asunto, como en el de caciquismo o democracia». «A veces hay conflicto en tre la ley y la ética, y en el 99% de los casos la ley antitransfuguismo se aplica bien, pero aquí en Santa Cruz de Tenerife todo el mundo sabe que hay unas circunstancias muy concretas», zanjó Trujillo.
Tras producirse la votación, con el rechazo a la moción, el portavoz del PSOE, que no intervino en el debate, se quejó, muy enfadado, de que el portavoz de CC-PNC había llamado por dos veces «sinvergüenzas» a quienes habían votado en contra, extremo que no negó Martínez pero que no reprobó la alcaldesa porque dijo no había escuchado tales expresiones.
