PLANETA CANARIO
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos que la organización trasladaba en contenedor desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta diversos países africanos.
En el marco de estas actuaciones, están siendo investigadas 32 personas y cuatro sociedades, con domicilios en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, según informan las citadas fuentes oficiales en un comunicado.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife, detectaron un continuo trasiego de mercancías que viajaban en contenedores por vía marítima, entre el puerto de Santa Cruz y varios países africanos.
Los investigados ocultaban su actividad por medio de facturas falsas para evitar la inspección de la mercancía o la denegación de la exportación.
De esta manera, enviaban al extranjero residuos de muy diversa naturaleza, incluyendo residuos peligrosos, generando un riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas.
Entre las mercancías exportadas había residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, en su mayoría motores o compresores extraídos ilegalmente de aparatos frigoríficos desechados sin la debida descontaminación.
Esto permite liberar a la atmósfera los gases contenidos en su interior, generando un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
También había repuestos y piezas de automóviles, igualmente sin la debida descontaminación, y alrededor de 38 toneladas de extintores.
De igual forma, la red enviaba numerosos turismos, camionetas y camiones, con documentación falsa para facilitar su exportación como mercancía de segunda mano.
En total, la organización habría transportado ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos, junto con 86 toneladas de residuos no peligrosos, valorados en conjunto en 800.000 euros.
El entramado criminal estaba liderado por cinco personas con roles diferenciados.
Dos de ellas, residentes en Gran Canaria, llevaban a cabo la gestión, tanto documental como logística, para exportar los residuos.
Los otros tres individuos, residentes en Tenerife, enviaban los residuos directamente, o por medio de terceros, y conseguían toda la documentación legal, ilegal o falsificada, necesaria.
Para dar la apariencia de que la mercancía vendida estaba descontaminada, la organización contaba con varios negocios que realizaban facturas a nombre de terceros, en algunos casos incluso desconocedores de la actividad de esta red criminal.
Prohibición y delito
El delito de traslado ilegal de residuos, introducido en el Código Penal en 2015, está castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año.
El tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos es objeto de creciente preocupación internacional por la necesidad de controlar rigurosamente los movimientos transfronterizos, así como la necesidad de reducir, en la medida de lo posible, esos movimientos al mínimo, tal y como se expone en el preámbulo del Tratado de las Naciones Unidas sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el denominado ‘Convenio de Basilea’.
