Unas 27.000 personas han muerto en Canarias desde 2007 mientras esperaban por la prestación o servicio a los que les daba derecho la Ley de Atención a la Dependencia, en vigor desde hace más de 12 años, según ha informado Mírame TV, una cifra estimada a partir de datos facilitados por el propio Gobierno canario.
De esta cantidad, 16.693 canarios murieron con el grado de dependencia reconocido, pero sin poder recibir la ayuda pública prevista en dicha ley. Y otros 10.591 ciudadanos fallecieron sin que ni siquiera se tramitara su solicitud. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que forma el Observatorio de la Dependencia precisa que, estadísticamente, el 80% de las personas que espera por ser valorada termina con un grado de dependencia reconocido.
De acuerdo con esta noticia que firma el periodista Esaú Hernández, y que cita datos recabados del Gobierno regional, la media de tiempo que pasaron esperando estas personas para ser valoradas fue de 235 días, aunque cientos esperaron años y uno supera la década de espera y otras seis personas la rozan.
Sin embargo, un decreto del propio Ejecutivo regional dictado en 2008 establece un «plazo máximo» tres meses para el reconocimiento del grado de dependencia y otros 90 días para tramitar el Programa Individual de Atención (PIA) con el que proceder al pago del servicio o la prestación que corresponda.
Quejas ante el Diputado del Común
Precisamente las quejas relacionadas con la discapacidad y dependencia fueron las más numerosas (376) de las tramitadas ante el Diputado del Común en 2018, según el informe anual presentado la pasada semana en el Parlamento por el titular de esta institución, Rafael Yanes. Esa cantidad supuso un incremento del 32% con respecto a 2017.
Durante el año 2018 esta institución tramitó 302 expedientes nuevos de queja referidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que corresponden con 308 personas, quejas en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En el informe se incluye un amplio análisis de las actuaciones de esta institución con respecto a la atención a las personas dependientes, elaborado por el adjunto al Diputado del Común Felipe Afonso El Jaber, quien afirma que «los contextos personales, familiares y sociales, de esas personas conllevan, en la mayoría de las ocasiones, a situaciones especialmente vulnerables».
El 51% de estas quejas se refieren a ciudadanos con una media de 72 años que acuden al Diputado del Común ante la falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia. El Jaber constata un caso de un anciano de 101 años que estuvo esperando 352 días para ser reconocida su situación de dependencia, pero falleció sin recibir ayuda pública. Consta también expedientes con casi año y medio de espera, en Gran Canaria, como es el caso de un hombre de 99 años. Otra mujer de 79 años, residente en Tenerife, llevaba en espera 3 años y 7 meses, desde que presentó la solicitud para reconocimiento de situación de dependencia en febrero de 2017, sin tener respuesta.
El 22% de las quejas tiene que ver con el retraso en la aprobación del PIA. Se trata de personas con 77 años de media, aunque figura en una mujer de 104 años, de La Palma, reconocida en enero de 2017 en situación de gran dependencia, grado III y que presenta escrito de queja en marzo de 2018 por no disponer de prestación ni servicio para sus cuidados. También se da un caso de un menor de cuatro años, en situación de gran dependencia, reconocida en octubre de 2017 y a la espera de ser aprobado su Programa Individual de Atención.
El tiempo medio de espera en estos casos, una vez reconocida la discapacidad, para tener el PIA, es de un año y nueve meses, con un máximo constatado, a juicio de El Jaber, «cuanto menos escandaloso», de un ciudadano que tuvo que esperar más de siete años, a pesar de tener reconocida dependencia severa, con grado II, desde septiembre de 2010.
Tres partidos han tenido responsabilidades en el área de Políticas Sociales del Gobierno canario: CC -el que más tiempo ha estado al frente de esta área-, PP y PSOE, y estos dos últimos además en el poder estatal (fue un Ejecutivo socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, el que promovió la aprobación de la Ley de Dependencia).
Canarias está a la cola en aplicación de esta ley nacional. En toda España fallecen cada día más de 80 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios, según el último informe del Observatorio de la Dependencia. Además, 250.037 personas esperan en todo el país para recibir prestación o servicios a los que tienen derecho.
