VICENTE PÉREZ
Tras una prolongada batalla en vía administrativa e incluso judicial, los vecinos de Güímar que han denunciado una planta de reciclaje de escombros en suelo rústico agrícola de cultivo intensivo reclaman el cierre de esta industria -propiedad de Insulares de Demoliciones y Obras S.L.- ocho meses después de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) declarara que es «ilegal e ilegalizable» al carecer de licencia municipal y haber determinado el Ayuntamiento la imposibilidad de regularizar su situación.
La empresa denunciada asegura a PLANETA CANARIO que, si bien reconoce que no ha obtenido licencia municipal de apertura, cuenta con todos los demás títulos habilitantes para esta actividad clasificada, otorgados por el Cabildo y del Gobierno canario, que pasó evaluación de impacto ambiental, y que un informe técnico del Ayuntamiento fue favorable y luego el consistorio se contradijo en otros informes posteriores.
También expone esta industria que figura en el listado oficial de gestores autorizados de residuos no peligrosos, que ha recibido subvenciones con fondos europeos y que esta actividad la permiten en el ámbito donde está instalada el Plan General, el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y el Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife (PTEOR).
Por todo ello, fuentes de esta sociedad limitada, que asegura tener en plantilla a 20 trabajadores pero de cuya actividad dependen otros 80 empleos indirectos, confirman que acudirá a la vía judicial en defensa de sus intereses, mediante un recurso contencioso administrativo.
Una larga batalla en varias administraciones
El portavoz de los vecinos denunciantes, Antonio Díaz, propietario de una finca ecológica colindante con esta industria que está ubicada en la parcela 191 del polígono 12 de Güímar, relata a este periódico un tortuoso periplo administrativo y judicial. Explica que el 2 de enero solicitó a la APMUN la ejecución de la resolución que les da la razón, lo cual implica, afirma, no solo la clausura de la instalación sino restablecer los terrenos a su estado original. Según estos vecinos, en el entorno existen una casa y un hotel -a 90 metros- dedicados al turismo rural (concretamente el hotel rural Salamanca)
Poco antes acudieron al Diputado del Común, ante el que presentaron una queja (el 26 de diciembre admitida a trámite) por la continuidad de esta actividad de machaqueo pese a su ilegalidad declarada en vía administrativa, pues la APMUN desestimó las alegaciones que había presentado Insulares de Demoliciones y Obras S.L., y el propietario del terreno. El pasado 1 de febrero los denunciantes formularon también denuncia ante la Policía Local güimarera los ruidos que produce la maquinaria y el tránsito de camiones.
La industria logró el visto bueno del Cabildo por encajar en el PIOT
La historia comienza cuando en 2015 los propietarios de las fincas aledañas observaron cómo se instalaban dos machacadoras y, al año siguiente, 22 de ellos, con apoyo de 58 firmas más, denunciaron el caso ante el Ayuntamiento sureño y el Cabildo de Tenerife, que le otorgó calificación territorial favorable a esta industria, por estar ubicada en el ámbito 26 de los barrancos de Güímar, donde el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) permite las plantas de tratamientos de residuos de demolición y construcción, al considerar que la zona ya está degradada.
No obstante, según los denunciantes, el entorno en cuestión se halla cultivado, y la industria, inicialmente concebida como una planta de reciclaje de residuos de la construcción (RCD) se ha dedicado también al machaqueo de piedras para generar áridos.
La Fiscalía archivó el caso pero le sorprendió la inacción municipal
El asunto llegó incluso en 2016 a la Fiscalía Provincial, aunque no halló responsabilidades penales, sino, en todo caso administrativas, por lo que archivó el caso de manera provisional, pero dejando claro que no encontraba explicación a que el Ayuntamiento de Güímar no hubiera adoptado medida alguna, como pudiera haber sido la apertura de expediente sancionador o incluso el precinto de las instalaciones, si entendía que no podía dar permiso a esta actividad.
Ante la «impotencia» que sentían, los vecinos afectados presentaron nuevos escritos ante el Cabildo, dirigidos al propio presidente, Carlos Alonso, al área de Planificación insular y a la de Medio Ambiente, entre otras instancias insulares.
«Indignante» respuesta de Medio Ambiente del Cabildo
La respuesta de este departamento, firmada por el jefe de servicio, José Gregorio Rodríguez, les resultó a estos vecinos «indignante e impropia de un organismo público» que debe velar por el medio ambiente y la salud.
En concreto, se les responde que, aparte de que ya era extemporáneo alegar contra el uso industrial que prevé el PIOT en esos terrenos, porque el plan ya estába aprobado, «las molestias a los colindantes pueden ser consustanciales a la convivencia; incluso en el ámbito urbano, los vecinos pueden sentirse molestos por actividades legales como un bar, restaurante, discoteca, supermercado, etc. Conseguir una ubicación para una actividad no moleste en absoluto a otras colindantes, es casi imposible».
La planta recicladora obtuvo permiso de Industria
Sorprendidos por esta contestación del Cabildo, los denunciantes comprobaron que la empresa había presentado un proyecto, autorizado, en la Dirección General de Industria Gobierno canario, aunque carecía de licencia municipal. Fue entonces cuando decidieron denunciarlo en la APMUN, a la que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo también remitieron en 2016 los escritos de estos ciudadanos, y a quienes ha llamado la atención que en todo este tiempo el consistorio no se haya dirigido a ellos de forma oficial en ningún momento.
En octubre de 2016 volvieron a remitir un escrito a la alcaldesa de Güímar, con 30 firmantes, solicitando el expediente administrativo sobre este asunto, petición que no les fue nunca contestada, por lo que en noviembre de 2016 registraron otro escrito en el que reclamaban que se les diera la documentación solicitada, al entender que se les había concedió por silencio administrativo positivo. Pero tampoco hubo resultado.
En febrero de 2018 afectados por esta industria sin licencia de apertura insistieron con una nueva denuncia ante el Ministerio Fiscal, y otra ante el Seprona (servicio del que no recibieron respuesta) y en abril siguiente ante la Dirección General de Industria del Gobierno canario, recordando que incumple la normativa de medidas correctoras de impactos ambientales, y quejándose de que la nave no disponga de aislamiento acústico y lluvia húmeda que evite la emisión de polvo al exterior.
La Apmun emplaza a restaurar la parcela y al recurso judicial
Finalmente, en junio de 2018 llegó para los denunciantes la notificación de la APMUN en la que se les daba la razón y obligaba a la empresa a presentar en un mes un proyecto de restauración paisajística para devolver el aspecto original del terreno.
No obstante, este consorcio público que vela por la legalidad en suelo rústico de los municipios que se han adherido, comunicó que además del recurso de reposición cabe el recurso contencioso administrativo ante los tribunales de Justicia.
Se da la circunstancia de que cerca del lugar de los hechos se hallan los enormes huecos dejados por las extracciones de áridos, uno de los atentados contra el medio ambiente más graves en la historia d Canarias, objeto de una sonada causa penal en la que cinco empresarios, entre ellos Antonio Plasencia, han sido condenados, y deberán afrontar una responsabilidad económica de más de 160 millones quienes quieran eludir la cárcel, dinero con el que, además, se tendrá que pagar el complejo proyecto de restauración de un paisaje hoy dantesco tras décadas de excavaciones ilegales.
La empresa se defenderá en los tribunales de Justicia
En la versión de la empresa para PLANETA CANARIO deja claro que no realiza actividad extractiva en la zona, y que el primer paso que dieron para instalarse fue acudir al Ayuntamiento, que al principio emitió un informe positivo puesto que el uso industrial al que dedica la parcela cabe en el planeamiento, aunque para ello fue preciso la calificación territorial que otorgó el Cabildo, exigible por ley entonces.
Las fuentes de Insulares de Demoliciones y Obras S.L consultadas por este diario recordaron que ha recibido una subvención por el Plan estatal de Reindustrialización, y que se trata de una planta desmontable, provisional, en tanto en cuanto no se cambie el planeamiento vigente, y que su actividad es la de reciclar material procedente de demoliciones para volver a ponerlo en uso.
Enfatizan también desde esta sociedad limitada que su proyecto pasó de forma favorable el trámite de evaluación de impacto ambiental -publicado en el Boletín Oficial de Canarias- , que se ha sometido a pruebas de ruidos, que dispone de sistemas de autorriego y que el polvo que pueda generar es muy ocasional, y en todo caso solo cuando se descarga el material desde un camión, aunque afirman que el hotel rural se halla en realidad «a un kilómetro de distancia».
También subraya la empresa que figura en el registro de productores y gestores de residuos no peligrosos del Gobierno canario, publicado en la web de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en cuya ficha correspondiente a esta entidad mercantil se especifica que cuenta con permisos para el «transporte» y la «valorización» (machaqueo para reciclaje) de residuos de construcción.
