Cuando un servicio público en vez de ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos de manera simple, rápida y eficaz se transforma en una forma sufrimiento -física, emocional y mentalmente-, es una inmoralidad y un trato deshumanizante. Tres modalidades la hacen posible: la digitalización impuesta a la fuerza, la cita previa y el teletrabajo. Estas tres formas de trabajo fueron impuestas como medidas de urgencia en la época del covid.
Diego Gómez, abogado y profesor universitario de Derecho Administrativo de Vigo nos dice: una vez desaparecida la urgencia pública del covid, mantenerla dificulta el acceso a los ciudadanos a los servicios públicos y vulnera el ordenamiento público aplicable. No se puede mantener una ley impuesta por medidas de urgencia, cuando estas han cesado.
El Gobierno canario ha querido imponer el teletrabajo con una ley, pero la impopularidad, las protestas vecinales por la falta de atendimiento en persona, la han ralentizado en su aplicación. Además el rechazo de los partidos del Gobierno, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, han terminado por defenestrarla.
Preguntamos a un político si se controlaba el trabajo de los funcionarios en sus casa, y nos confesó que, supuestamente, no. ¡Imaginen poner a inspectores para controlar el teletrabajo de los funcionarios en casa! Y mientras, las oficinas y mesas vacías durante tres días a la semana y la imposibilidad de atender al público presencialmente.
Y si llaman por teléfono ¡nadie contesta! Descuelgan los teléfonos, supuestamente ¡para que no molesten a los señoritos funcionarios! ¡Tienen que desayunar y hacer sus compras en El Corte Inglés! Yo mismo he visto a funcionarios que, sin ningún recato, entraban con sus bolsas de compra a las oficinas de su departamento. Y mientras, las personas vulnerables cultural y económicamente, jubilados… sufriendo problemas de todo tipo que no pueden resolver, ni se los resuelven, porque los responsables políticos apoyan la irresponsabilidad y negligencia de estos funcionarios indeseables.
¿Todos son así? No. Hay trabajadores con ética profesional que se desviven por los vecinos y ciudadanos, que además aplauden nuestras denuncias y nos animan a luchar contra esta pandemia moral que sacude la Administración pública y deshumaniza el trato a los usuarios.
¿Y qué dice la ley a este respecto? La ley está en contra de esta forma de trato.
La Ley 20/2022 del 25 de febrero dice: la protección a los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica protege no sólo a los mayores de 65 años sino a cualquiera persona a la que moralmente se le hace sufrir, como son los casos que estamos describiendo.
Resumiendo: no nos quieren atender en persona, dificultando los trámites, no atendiendo al teléfono, dándonos citas lejanas en el tiempo o imposibles de cogerlas; incluso ¡nos mandan a otra isla para atendernos! ¡Cara más dura! O imponiendo hacer la atención por internet, que no tenemos o no sabemos, obligando a muchos a pagar asesores para resolver los problemas burocráticos.
¿Y cuál es el nivel de conciencia que esto implica y su grado de moralidad?
Cuando en la vida reflexionamos sobre nuestra conducta o sobre la de los demás, hay parámetros que nos indican el grado de ética y de moralidad. ¿Qué parámetros son esos? Si nuestras acciones provocan un sufrimiento a terceros, deben tener la seguridad de que estamos o están cometiendo una falta de ética o moralidad. El sufrimiento -físico emocional, mental y espiritual- que se causa es la medida del valor o no de las acciones.
Claro está, hoy en día quieren relativizar y confundir lo que es moral y lo que es ético. Su objetivo es confundir para que los inmorales campen a sus anchas e impunemente. Y eso la sociedad humana no lo va a permitir. Los niveles de conciencia cada vez son mayores en todos los campos y sobre todo en el humanitario, donde se evita el sufrimiento innecesario, a uno mismo, a los demás, a los animales y al medio ambiente.
ABEL ROMÁN,
COORDINADOR DE LA ALIANZA DE VECINOS DE TENERIFE
