VICENTE PÉREZ
Gobierno y oposición vuelven a protagonizar en Güímar un desencuentro como el del agua y el aceite. En este caso precisamente del líquido elemento se trata, el abastecimiento de agua, ya que la empresa concesionaria, Aqualia, ha pedido que se le permita utilizar el pozo de Cataño para cubrir la demanda de la zona de El Puertito, a pesar de que el Ayuntamiento güimarero había puesto como condición, cuando adjudicó la gestión de este servicio público, que desde finales de 2023 ya no se utilizara más debido a que contiene agua contaminada por nitratos que es preciso filtrar, desinfectar y mezclar con otras aguas para que sea potable, y siempre mediante un exhaustivo plan de seguimiento con análisis periódicos.
En el Pleno de finales de febrero el asunto lo llevó el gobierno tripartito (CC-PSOE-Unidas Sí podemos) con la intención de que se aprobase, pero las críticas del PP a la medida propuesta hicieron que el alcalde, Gustavo Pérez (CC), optara por dejar el punto para más adelante.
Los populares consideran que se incumplen las normas de la licitación y que Aqualia debería buscar agua alternativa para cumplir con lo establecido en un contrato que se le adjudicó por 71 millones de euros.
AIRAM PUERTA (PSOE): «LA COSA ESTÁ BASTANTE COMPLICADA»
Durante la sesión plenaria, el concejal del Ciclo Integral del Agua, y líder del PSOE, Airam Puerta, reconoció que desde el 29 de noviembre del pasado año no se puede utilizar el pozo de Cataño, pero que la empresa ha alegado que no encuentra en el mercado recursos hídricos para suplirlo. «La cosa está bastante complicada», enfatizó el edil socialista, quien añadió que la DIrección General de Salud Pública posibilita usar esa agua siempre que se le haga el tratamiento adecuado para que cumplan los parámetros sanitarios y haciendo un seguimiento con muestreos.
«No hay que alarmarse, nos gustaría tener agua de mayor calidad, pero la situación es la que es y mucho me temo que va ir a peor», auguró el primer teniente de alcalde en alusión a la sequía que sufre la isla.
El asunto fue retirado del orden del día, según dijo entonces el alcalde, por la «alarma y la incertidumbre» que ha generado el PP y para evaluar con los servicios jurídicos municipales las críticas de Grupo Popular acerca de que se trataría de un incumplimiento del pliego de condiciones del concurso, así como recabar información sobre la búsqueda alternativa de agua que plantea la oposición.
CASTRO (PP): «EL GOBIERNO LOCAL HACE MANIOBRAS ILÍCITAS»
Pero la portavoz del PP, Carmen Luisa Castro, asegura en un comunicado que el aplazamiento del debate sobre este asunto lo decidió el alcalde de manera unilateral, sin votarse que este punto quedara sobre la mesa, lo cual señala que es «ilegal», y a pesar de que ella le requirió que era preciso votar, a lo cual el regidor municipal «hizo caso omiso». Esta decisión, argumenta Castro, «vulnera la normativa estatal (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conocido como ROF) y la del propio Ayuntamiento».
Pero «no menos sorpresivo», según relata el PP en su nota de prensa, es que, días después del Pleno, el concejal del Ciclo Integral del Agua, Airam Puerta (PSOE), haya remitido de manera oficial al grupo municipal del PP una petición para que le aporte «información sobre los suministros de agua alternativos” e indicando que hace este requerimiento formal en aplicación de un «supuesto acuerdo» del Pleno con tal finalidad. De ahí que la exalcaldesa eleve el tono al afirmar que hay «ilícitas maniobras» del gobierno tripartito sobre este asunto.
La edil popular atribuye lo sucedido a un «ridículo y malintencionado intento de responsabilizar al PP de algo que solo es responsabilidad del grupo de gobierno, porque además es su competencia legal vigilar el correcto cumplimiento de los contratos con las empresas adjudicatarias. Es decir, “quieren cambiar a toro pasado las reglas de juego de la licitación, sin acreditar a la oposición la falta de proveedores de agua alternativos, y esta es la clave de todo el asunto».
«No tiene que ser el PP el que demuestre que hay agua alternativa a la del pozo de Cataño, es el concejal responsable del servicio el que debe demostrarnos que no hay entidades comercializadoras de agua, ni dentro ni fuera del Valle de Güímar, que dispongan de recursos hídricos para evitar la utilización del agua del pozo de Cataño», enfatiza Castro.
LOS INFORMES DE SALUD PÚBLICA
En 2019 la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario constató que el agua pozo de Cataño presenta una contaminación “muy grave” de nitratos, y que es preciso filtrarla, desinfectarla y hacer un estricto plan de seguimiento con que asegurar que es apta para el consumo humano. En el Pleno de febrero, el concejal Francisco Hernández (PP) fue claro al advertir de que los problemas de salubridad de estas aguas tienen que ver con la infiltración de aguas residuales.
Lo cierto es que el Ayuntamiento, según detalla el PP, incluyó en las normas el concurso del ciclo integral del agua, adjudicado en 2021, dejar de usar esta explotación subterránea, «una condición a la que ahora pretende renunciar el grupo de gobierno, cuando la realidad, subraya el PP, es que las empresas que optaron a esta adjudicación sabían a qué se atenían y recibieron su puntuación precisamente a partir de su mayor o menor garantía de cumplir, e incluso mejorar, estos requisitos para la gestión del servicio público».
PLAN DE SEGUIMIENTO QUE NUNCA LLEGÓ A SALUD PÚBLICA
Ya en noviembre de 2019 el Servicio de Inspección de Salud Pública requirió un Plan Sanitario del Agua en el Puertito de Güímar, documento que nunca recibiría este organismo de la Consejería autonómica de Sanidad. Y en 2023 lo ha vuelto a poner como condición.>
De ahí que el PP se pregunte por qué el gobierno municipal no supervisó desde el pasado mandato esas recomendaciones tras la inspección de Salud Pública y se siguió suministrando agua del pozo de Cataño a la población sin el debido seguimiento y control oficial.
La gestión del ciclo integral del agua la realiza desde 1995 la empresa Aqualia, que renovó en 2021 la concesión por 25 años, tras el correspondiente concurso público que fue adjudicado por el gobierno entonces formado por CC y PSOE.
