PLANETA CANARIO
Un grupo de ocho familias, la mayoría con todos sus miembros en paro y algunas con hijos menores, han reclamado públicamente a las administraciones públicas una alternativa habitacional tras el intento de ser desalojados del edificio que ocupan en San Isidro (Granadilla de Abona) por vigilantes privados contratados por el nuevo propietario del edificio, de nacionalidad rusa, qus lo adquirió a precio de ganga a su actual propietario, la Sareb,el llamando banco malo de propiedad pública
Los afectados se han quejado ante los medios de comunicación de que la empresa de seguridad privada les coacciona y no les dejaba entrar en el edificio, por lo que estas familias se han tenido que atrincherar dentro.
«No queremos coacciones, sino que esto se haga por los cauces legales, no estamos aquí por maldad sino por nuestra situación económica y por el grave problema que tiene esta sociedad con el derecho a una vivienda mientras hay tantas vacías», se lamenta uno de los vecinos afectados.
El eco mediático de su problema ha hecho que el propietario desista de momento se sus intenciones hasta la próxima semana.
El inmueble, según ha publicado Diario de Avisos, tiene 15 viviendas y 13 años de antigüedad, quedó sin terminar por la crisis económica que afectó a su promotora y fue adquirido recientemente en subasta por su nuevo dueño por apenas 85.000 euros. Hace unos dos años estas familias con problemas económicos decidieron utilizarlo como hogar.
Agrupados el torno a la plataforma Montaña Clara, han solicitado al Cabildo y al Ayuntamiento de Granadilla por escrito que se les aplique el protocolo antideshaucios, de modo que no se les expulse de estos pisos hasta que tengan alternativa habitacional, puesto que alegan que su situación se debe a la imposibilidad de haber alquilado y no mucho menos comprado una casa en el mercado libre.
Argumentan que el acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido en la Constitución Española así como el de velar por la protección de las familias y de los menores.
De forma paralela el grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife ha solicitado también por escrito la mediación de la institución insular en este conflicto, aplicando el protocolo antideshaucios aprobado por el Pleno de esta Corporación.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha explicado a PLANETA CANARIO que no tuvo constancia de esta intento de desalojo porque se intentó llevar a cabo con una empresa de seguridad privada, y no mediante un proceso judicial, y que la propia plataforma es la que se ha encargado de contactar con el Gobierno canario, el consorcio y el Cabildo.
Las mismas fuentes oficiales aseguraron este jueves que por en ese momento el Ayuntamiento no había recibido ninguna solicitud ninguna por parte del Gobierno canario para prestar ayuda a estos vecinos y vecinas, puesto que en ese es el procedimiento para estas situaciones por las competencias que tiene cada administración.
