VICENTE PÉREZ
Los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes reclaman al Gobierno canario el abono de los costes que han tenido para poner en marcha el servicio de salvamento y socorrismo en sus playas, después de que, en 2023, una sentencia del Tribunal Supremo anulara el decreto de 2018 con el que el Ejecutivo regional les obligó a asumir esta competencia, más conocido como el decreto de playas.
Esta reclamación se acordó en el seno de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), organismo que representa a los 88 ayuntamientos del Archipiélago y que recurrió ante el Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) favorable al Gobierno canario.
A la espera de una resolución política sobre este asunto, y puesto que aún no hay acuerdo con el Ejecutivo canario sobre esta reivindicación histórica de la FECAM, hay ayuntamientos, como el de El Rosario, que en Semana Santa han decidido no desmantelar el servicio de salvamento y socorrismo en sus playas.
En un post en Facebook, el consistorio rosariero ha recordado que a pesar de la reciente sentencia del Supremo que anula la obligación de prestarlo por decreto autonómico, mantiene este servicio «con el objetivo de primar la seguridad y evitar posibles incidencias ante la mayor afluencia de bañistas» a su litoral por estas fechas tan señaladas.
En dicha red social, el Ayuntamiento que preside Escolástico Gil precisamente explica que el que Alto Tribunal del Estado dio la razón a la FECAM en que imponer la obligatoriedad de un servicio de e este tipo a los municipios de menos de 20.000 habitantes no se puede hacer con un decreto autonómico, sino mediante una norma con rango de ley y con dotación financiera suficiente.
En el caso de El Rosario, este servicio especial de vigilancia y seguridad en las zonas de baño costeras lo forman agentes de la Policía Local, Guardia Civil y, en tareas de salvamento y socorrismo, miembros de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife que están presentes en la playa de La Nea, playas de Radazul y litoral de Tabaiba; además de la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Rosario.
Con su sentencia favorable a la FECAM, el Supremo revocaba una sentencia del TSJC según la cual el mandato del Gobierno canario a los municipios pequeños sería, en realidad, un desarrollo de algo que ya estaba previsto en la Ley de Costas de 1988.
Pero la Ley estatal de Bases de Régimen Local determina que solo los ayuntamientos de más de 20.000 vecinos están obligados a contar con un servicio propio de protección civil, competencia en la que se inserta el socorrismo y salvamento en playas, como alegó la FECAM ante los tribunales de Justicia.
