Días atrás, el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife presentó la propuesta que estudia conjuntamente con la Red Eléctrica de España para construir una gran central hidroeléctrica en el Valle de Güimar, que produzca energía para más de una tercera parte de la Isla. Aunque la idea inicialmente parece atractiva, considero que deben aclararse algunos aspectos que, desde mi punto de vista, podrían hacer inviable económicamente una obra muy compleja técnica y constructivamente. La cuestión es ¿cómo contener el agua almacenada en unos hoyos excavados sin control, con altísimas paredes de terreno suelto inestable que continuamente se desploman por simple gravedad?. Si el proyecto del Cabildo y REE contempla construir muros de hormigón armado para contener las tierras y la propia agua que se pretende almacenar, podemos estar hablando de una inversión necesaria de cientos de millones de euros, lo que posiblemente obligue adesechar la idea.
Si, por el contrario, el consejero insular se refiere al proyecto elaborado por Balten en 2012, respaldado por la anterior alcaldesa y por el consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, el pasado noviembre, entonces pienso que no van bien encaminados. Dicho proyecto, además de actuar en tan solo dos canteras, plantea grandes depósitos de agua con un diseño tradicional de gran impacto visual, que no resuelven el deterioro del conjunto de hoyos abandonadas e incrementa los daños por construcción de canalizaciones soterradas atravesando barrancos y suelo agrícola, destruye más suelo para la adaptación del entorno, necesita grandes rellenos, construye nuevos viarios, etc. Sin conocer en detalle el proyecto, tan sólo por las imágenes publicadas en prensa, se deduce que será necesario extraer un enorme volumen de material en otros puntos de la geografía insular, lo que incrementa aún más los daños al paisaje y la degradación medioambiental de la isla.
En este sentido, recordemos que el volumen de tierra necesario para devolver a su estado previo los terrenos afectados por las canteras ilegales, según obliga la sentencia de los
tribunales, supera los 22 millones de metros cúbicos, que equivale a construir en toda la superficie del Parque García Sanaría un edificio de 120 plantas, lo que resulta un objetivo totalmente inviable de ejecutar. Además, habría que explicar los motivos que mantienen la presa de los Campitos sin impermeabilizar, impidiendo lograr objetivos similares a los proyectados en Güimar, pero con costes mucho más reducidos ya que la presa se encuentra ejecutada desde hace muchos años.
En Güimar, la sentencia judicial obliga a restaurar el terreno afectado, es decir, a devolverle el aspecto y uso que tenía antes de su degradación por la extracción de áridos. Sin embargo, el proyecto que defiende el consejero insular y el consejero regional, nada tiene que ver con esa obligada restauración, aunque estoy convencido de que, con imaginación, se podrán encontrar soluciones que realmente logren restituir el suelo y el paisaje agrícola dañado en el Valle de Güimar.
JOAQUÍN GALERA GASPAR,
arquitecto, urbanista y miembro de ATAN
Días atrás, el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife presentó la propuesta que estudia conjuntamente con la Red Eléctrica de España para construir una gran central hidroeléctrica en el Valle de Güimar, que produzca energía para más de una tercera parte de la Isla. Aunque la idea inicialmente parece atractiva, considero que deben aclararse algunos aspectos que, desde mi punto de vista, podrían hacer inviable económicamente una obra muy compleja técnica y constructivamente. La cuestión es ¿cómo contener el agua almacenada en unos hoyos excavados sin control, con altísimas paredes de terreno suelto inestable que continuamente se desploman por simple gravedad?. Si el proyecto del Cabildo y REE contempla construir muros de hormigón armado para contener las tierras y la propia agua que se pretende almacenar, podemos estar hablando de una inversión necesaria de cientos de millones de euros, lo que posiblemente obligue adesechar la idea.
Si, por el contrario, el consejero insular se refiere al proyecto elaborado por Balten en 2012, respaldado por la anterior alcaldesa y por el consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, el pasado noviembre, entonces pienso que no van bien encaminados. Dicho proyecto, además de actuar en tan solo dos canteras, plantea grandes depósitos de agua con un diseño tradicional de gran impacto visual, que no resuelven el deterioro del conjunto de hoyos abandonadas e incrementa los daños por construcción de canalizaciones soterradas atravesando barrancos y suelo agrícola, destruye más suelo para la adaptación del entorno, necesita grandes rellenos, construye nuevos viarios, etc. Sin conocer en detalle el proyecto, tan sólo por las imágenes publicadas en prensa, se deduce que será necesario extraer un enorme volumen de material en otros puntos de la geografía insular, lo que incrementa aún más los daños al paisaje y la degradación medioambiental de la isla.
En este sentido, recordemos que el volumen de tierra necesario para devolver a su estado previo los terrenos afectados por las canteras ilegales, según obliga la sentencia de los
tribunales, supera los 22 millones de metros cúbicos, que equivale a construir en toda la superficie del Parque García Sanaría un edificio de 120 plantas, lo que resulta un objetivo totalmente inviable de ejecutar. Además, habría que explicar los motivos que mantienen la presa de los Campitos sin impermeabilizar, impidiendo lograr objetivos similares a los proyectados en Güimar, pero con costes mucho más reducidos ya que la presa se encuentra ejecutada desde hace muchos años.
En Güimar, la sentencia judicial obliga a restaurar el terreno afectado, es decir, a devolverle el aspecto y uso que tenía antes de su degradación por la extracción de áridos. Sin embargo, el proyecto que defiende el consejero insular y el consejero regional, nada tiene que ver con esa obligada restauración, aunque estoy convencido de que, con imaginación, se podrán encontrar soluciones que realmente logren restituir el suelo y el paisaje agrícola dañado en el Valle de Güimar.
JOAQUÍN GALERA GASPAR,
arquitecto, urbanista y miembro de ATAN
Días atrás, el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife presentó la propuesta que estudia conjuntamente con la Red Eléctrica de España para construir una gran central hidroeléctrica en el Valle de Güimar, que produzca energía para más de una tercera parte de la Isla. Aunque la idea inicialmente parece atractiva, considero que deben aclararse algunos aspectos que, desde mi punto de vista, podrían hacer inviable económicamente una obra muy compleja técnica y constructivamente. La cuestión es ¿cómo contener el agua almacenada en unos hoyos excavados sin control, con altísimas paredes de terreno suelto inestable que continuamente se desploman por simple gravedad?. Si el proyecto del Cabildo y REE contempla construir muros de hormigón armado para contener las tierras y la propia agua que se pretende almacenar, podemos estar hablando de una inversión necesaria de cientos de millones de euros, lo que posiblemente obligue adesechar la idea.
Si, por el contrario, el consejero insular se refiere al proyecto elaborado por Balten en 2012, respaldado por la anterior alcaldesa y por el consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, el pasado noviembre, entonces pienso que no van bien encaminados. Dicho proyecto, además de actuar en tan solo dos canteras, plantea grandes depósitos de agua con un diseño tradicional de gran impacto visual, que no resuelven el deterioro del conjunto de hoyos abandonadas e incrementa los daños por construcción de canalizaciones soterradas atravesando barrancos y suelo agrícola, destruye más suelo para la adaptación del entorno, necesita grandes rellenos, construye nuevos viarios, etc. Sin conocer en detalle el proyecto, tan sólo por las imágenes publicadas en prensa, se deduce que será necesario extraer un enorme volumen de material en otros puntos de la geografía insular, lo que incrementa aún más los daños al paisaje y la degradación medioambiental de la isla.
En este sentido, recordemos que el volumen de tierra necesario para devolver a su estado previo los terrenos afectados por las canteras ilegales, según obliga la sentencia de los
tribunales, supera los 22 millones de metros cúbicos, que equivale a construir en toda la superficie del Parque García Sanaría un edificio de 120 plantas, lo que resulta un objetivo totalmente inviable de ejecutar. Además, habría que explicar los motivos que mantienen la presa de los Campitos sin impermeabilizar, impidiendo lograr objetivos similares a los proyectados en Güimar, pero con costes mucho más reducidos ya que la presa se encuentra ejecutada desde hace muchos años.
En Güimar, la sentencia judicial obliga a restaurar el terreno afectado, es decir, a devolverle el aspecto y uso que tenía antes de su degradación por la extracción de áridos. Sin embargo, el proyecto que defiende el consejero insular y el consejero regional, nada tiene que ver con esa obligada restauración, aunque estoy convencido de que, con imaginación, se podrán encontrar soluciones que realmente logren restituir el suelo y el paisaje agrícola dañado en el Valle de Güimar.
JOAQUÍN GALERA GASPAR,
arquitecto, urbanista y miembro de ATAN
Días atrás, el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife presentó la propuesta que estudia conjuntamente con la Red Eléctrica de España para construir una gran central hidroeléctrica en el Valle de Güimar, que produzca energía para más de una tercera parte de la Isla. Aunque la idea inicialmente parece atractiva, considero que deben aclararse algunos aspectos que, desde mi punto de vista, podrían hacer inviable económicamente una obra muy compleja técnica y constructivamente. La cuestión es ¿cómo contener el agua almacenada en unos hoyos excavados sin control, con altísimas paredes de terreno suelto inestable que continuamente se desploman por simple gravedad?. Si el proyecto del Cabildo y REE contempla construir muros de hormigón armado para contener las tierras y la propia agua que se pretende almacenar, podemos estar hablando de una inversión necesaria de cientos de millones de euros, lo que posiblemente obligue adesechar la idea.
Si, por el contrario, el consejero insular se refiere al proyecto elaborado por Balten en 2012, respaldado por la anterior alcaldesa y por el consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, el pasado noviembre, entonces pienso que no van bien encaminados. Dicho proyecto, además de actuar en tan solo dos canteras, plantea grandes depósitos de agua con un diseño tradicional de gran impacto visual, que no resuelven el deterioro del conjunto de hoyos abandonadas e incrementa los daños por construcción de canalizaciones soterradas atravesando barrancos y suelo agrícola, destruye más suelo para la adaptación del entorno, necesita grandes rellenos, construye nuevos viarios, etc. Sin conocer en detalle el proyecto, tan sólo por las imágenes publicadas en prensa, se deduce que será necesario extraer un enorme volumen de material en otros puntos de la geografía insular, lo que incrementa aún más los daños al paisaje y la degradación medioambiental de la isla.
En este sentido, recordemos que el volumen de tierra necesario para devolver a su estado previo los terrenos afectados por las canteras ilegales, según obliga la sentencia de los
tribunales, supera los 22 millones de metros cúbicos, que equivale a construir en toda la superficie del Parque García Sanaría un edificio de 120 plantas, lo que resulta un objetivo totalmente inviable de ejecutar. Además, habría que explicar los motivos que mantienen la presa de los Campitos sin impermeabilizar, impidiendo lograr objetivos similares a los proyectados en Güimar, pero con costes mucho más reducidos ya que la presa se encuentra ejecutada desde hace muchos años.
En Güimar, la sentencia judicial obliga a restaurar el terreno afectado, es decir, a devolverle el aspecto y uso que tenía antes de su degradación por la extracción de áridos. Sin embargo, el proyecto que defiende el consejero insular y el consejero regional, nada tiene que ver con esa obligada restauración, aunque estoy convencido de que, con imaginación, se podrán encontrar soluciones que realmente logren restituir el suelo y el paisaje agrícola dañado en el Valle de Güimar.
