PLANETA CANARIO
Los respectivos gobiernos insulares de Tenerife y Gran Canaria han anunciado que mantendrán la gratuidad del transporte público este año aunque se haya rechazado en el Congreso de los Diputados convalidar el decreto ley que recogía, entre otras muchas medidas, la financiación de esta medida con cargo a los presupuestos del Estado.
La presidente del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila (CC), ha confirmado que, a pesar del decaimiento del Real Decreto del transporte público decidido en Madrid, Tenerife mantendrá el acceso gratuito a guaguas y tranvías para los usuarios durante 2025.

Esta medida, que ha beneficiado a más de 150 millones de pasajeros en los últimos dos años, continuará siendo una realidad para 2025, porque «este es un derecho esencial para los tinerfeños y tinerfeñas».
La presidenta insular subrayó que «mantener esta medida representa un importante esfuerzo financiero, pero destacó que es imprescindible para evitar que los ciudadanos sufran las consecuencias de decisiones tomadas en Madrid que no tienen en cuenta las particularidades de territorios como Canarias.»

Desde la implementación de la gratuidad en 2023, se han evitado 33 millones de desplazamientos en coche, «fomentando así un cambio cultural hacia el uso del transporte público como una alternativa real y eficiente al vehículo privado», explica el gobierno del Cabildo tinerfeño.
“En Tenerife seguiremos avanzando, con o sin apoyo estatal, para garantizar una movilidad gratuita y sostenible. Este compromiso no es negociable,” concluyó Rosa Dávila.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha asegurado también que esta Administración insular “seguirá pagando la gratuidad del transporte público y mantendrá los servicios como se vienen prestando hasta ahora”, a pesar de que el pasado miércoles no saliera adelante en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto que garantiza esa gratuidad, por los votos en contra del Partido Popular, Junts per Catalunya y VOX.
Así, tras este desenlace parlamentario, Morales manifestó de forma tajante que el rechazo de la Cámara a esa norma «s un ataque a Canarias, un ataque a los pensionistas, un desprecio absoluto a la realidad de este país, en un juego político de oposición sin fronteras, que está haciendo un enorme daño a la sociedad, a la democracia y a las instituciones”.
Y, en este escenario, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía grancanaria, al aseverar que, “afortunadamente, el Cabildo prefinancia esa gratuidad, como lo está haciendo cada año”, subrayó.
“En 2024, recibimos la subvención del Estado en diciembre, por lo tanto, el que no se haya aprobado ahora da margen para que, durante este año, se pueda modificar la propuesta, realizar otro decreto o que se busque otra fórmula alternativa para que el Consejo de Ministros nos pueda hacer llegar la subvención”, mantuvo.
Porque, como puso de relieve, “por fortuna, ese dinero figura en los Presupuestos Generales del Estado, donde figuran también las partidas que corresponden al Cabildo de Gran Canaria, y recibiremos esos 80 millones”, afirmó, para concluir insistiendo en que, “mientras tanto, el Cabildo continuará pagando la gratuidad y seguirá manteniendo los servicios que se prestan en esos momentos”.
FRENTE COMÚN CON TENERIFE
El consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, Anunció que el Gobierno insular grancanario se ha puesto en contacto con el Cabildo de Tenerife, con objeto de adoptar decisiones conjuntas para enfrentar la situación, ya que se trata de “dos islas capitalinas, con aproximadamente el mismo número de viajeros y con las mismas necesidades”.
Además, incidió en que también se efectúan gestiones con el Gobierno central, “porque entendemos que es el que debe mirar si hay alguna alternativa a la convalidación de este decreto”.