PLANETA CANARIO
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha notificado la orden que permite el retorno de las familias que residen de forma habitual en el edificio Dácil, en la carretera de Bajamar, inmueble desalojado de forma cautelar el pasado martes. La notificación se produce una vez concluido el informe técnico en el que se establece que “la estructura se encuentra dentro de los límites de seguridad, que permiten afirmar que en estos momentos la misma línea mantiene su estabilidad, por lo que sería factible permitir el realojo de los propietarios de las diferentes fincas”, según se señala en el documento municipal.
En total son 12 las familias que, según cifra oficial, estaban afectadas por este desalojo, aunque propietarios de la edificación indican que en realidad suelen estar ocupadas 25 de las 28 viviendas.
El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, explica en un comunicado que el Ayuntamiento ordenó la pasada semana el desalojo inmediato del edificio “por el informe que nos hizo llegar el arquitecto de la comunidad de propietarios, cumpliendo con su deber legal y haciéndonos saber, según su propio criterio técnico, ‘la gravedad de la situación por el peligro del posible colapso estructural del edificio’ si no se actuaba de inmediato. Ante la contundencia de este informe, nuestra obligación era tomar las medidas cautelares de manera urgente para garantizar la seguridad de las personas”.
A partir de ahí, explica el concejal, la propia comunidad de propietarios encargó un informe técnico a la firma Bureau Veritas que ha sido entregado este lunes, donde se especifica que el edificio está en condiciones de ser realojado. Una vez corroborado dicho informe por los servicios técnicos de la Gerencia, se permite el realojo del inmueble y se ordena que se tomen una serie de medidas preventivas.
En concreto deberá procederse a la reparación y revisión de todos los pilares dañados, así como la adopción de las medidas necesarias en aquellos pilares que estén afectados por procesos oxidativos. Asimismo, se procederá a la reparación de las viguetas que se encuentran en mal estado en una de las viviendas, así como en el sótano de uno de los locales comerciales. Además, se establece la necesidad de reparar las fisuras situadas en el paramento vertical y de los enfoscados situados en las fachadas, que se encuentran en malas condiciones de adherencia. También deberá repararse la cara inferior de las losas de hormigón de los balcones y elementos de cubrición en la entrada de los portales.
Como medida cautelar, para evitar el riesgo de la caída de cascotes a la vía y hasta la realización de los trabajos indicados, se procederá a la colocación de un vallado estable y seguro a lo largo de toda la fachada principal del edificio. Además es necesario el apuntalamiento del dormitorio de una de las viviendas, así como de la primera línea de viguetas situadas en el sótano de uno de los locales. Para la realización de estas medidas cautelares se estima un plazo de 20 días.
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La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha notificado la orden que permite el retorno de las familias que residen de forma habitual en el edificio Dácil, en la carretera de Bajamar, inmueble desalojado de forma cautelar el pasado martes. La notificación se produce una vez concluido el informe técnico en el que se establece que “la estructura se encuentra dentro de los límites de seguridad, que permiten afirmar que en estos momentos la misma línea mantiene su estabilidad, por lo que sería factible permitir el realojo de los propietarios de las diferentes fincas”, según se señala en el documento municipal.
En total son 12 las familias que, según cifra oficial, estaban afectadas por este desalojo, aunque propietarios de la edificación indican que en realidad suelen estar ocupadas 25 de las 28 viviendas.
El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, explica en un comunicado que el Ayuntamiento ordenó la pasada semana el desalojo inmediato del edificio “por el informe que nos hizo llegar el arquitecto de la comunidad de propietarios, cumpliendo con su deber legal y haciéndonos saber, según su propio criterio técnico, ‘la gravedad de la situación por el peligro del posible colapso estructural del edificio’ si no se actuaba de inmediato. Ante la contundencia de este informe, nuestra obligación era tomar las medidas cautelares de manera urgente para garantizar la seguridad de las personas”.
A partir de ahí, explica el concejal, la propia comunidad de propietarios encargó un informe técnico a la firma Bureau Veritas que ha sido entregado este lunes, donde se especifica que el edificio está en condiciones de ser realojado. Una vez corroborado dicho informe por los servicios técnicos de la Gerencia, se permite el realojo del inmueble y se ordena que se tomen una serie de medidas preventivas.
En concreto deberá procederse a la reparación y revisión de todos los pilares dañados, así como la adopción de las medidas necesarias en aquellos pilares que estén afectados por procesos oxidativos. Asimismo, se procederá a la reparación de las viguetas que se encuentran en mal estado en una de las viviendas, así como en el sótano de uno de los locales comerciales. Además, se establece la necesidad de reparar las fisuras situadas en el paramento vertical y de los enfoscados situados en las fachadas, que se encuentran en malas condiciones de adherencia. También deberá repararse la cara inferior de las losas de hormigón de los balcones y elementos de cubrición en la entrada de los portales.
Como medida cautelar, para evitar el riesgo de la caída de cascotes a la vía y hasta la realización de los trabajos indicados, se procederá a la colocación de un vallado estable y seguro a lo largo de toda la fachada principal del edificio. Además es necesario el apuntalamiento del dormitorio de una de las viviendas, así como de la primera línea de viguetas situadas en el sótano de uno de los locales. Para la realización de estas medidas cautelares se estima un plazo de 20 días.
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La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha notificado la orden que permite el retorno de las familias que residen de forma habitual en el edificio Dácil, en la carretera de Bajamar, inmueble desalojado de forma cautelar el pasado martes. La notificación se produce una vez concluido el informe técnico en el que se establece que “la estructura se encuentra dentro de los límites de seguridad, que permiten afirmar que en estos momentos la misma línea mantiene su estabilidad, por lo que sería factible permitir el realojo de los propietarios de las diferentes fincas”, según se señala en el documento municipal.
En total son 12 las familias que, según cifra oficial, estaban afectadas por este desalojo, aunque propietarios de la edificación indican que en realidad suelen estar ocupadas 25 de las 28 viviendas.
El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, explica en un comunicado que el Ayuntamiento ordenó la pasada semana el desalojo inmediato del edificio “por el informe que nos hizo llegar el arquitecto de la comunidad de propietarios, cumpliendo con su deber legal y haciéndonos saber, según su propio criterio técnico, ‘la gravedad de la situación por el peligro del posible colapso estructural del edificio’ si no se actuaba de inmediato. Ante la contundencia de este informe, nuestra obligación era tomar las medidas cautelares de manera urgente para garantizar la seguridad de las personas”.
A partir de ahí, explica el concejal, la propia comunidad de propietarios encargó un informe técnico a la firma Bureau Veritas que ha sido entregado este lunes, donde se especifica que el edificio está en condiciones de ser realojado. Una vez corroborado dicho informe por los servicios técnicos de la Gerencia, se permite el realojo del inmueble y se ordena que se tomen una serie de medidas preventivas.
En concreto deberá procederse a la reparación y revisión de todos los pilares dañados, así como la adopción de las medidas necesarias en aquellos pilares que estén afectados por procesos oxidativos. Asimismo, se procederá a la reparación de las viguetas que se encuentran en mal estado en una de las viviendas, así como en el sótano de uno de los locales comerciales. Además, se establece la necesidad de reparar las fisuras situadas en el paramento vertical y de los enfoscados situados en las fachadas, que se encuentran en malas condiciones de adherencia. También deberá repararse la cara inferior de las losas de hormigón de los balcones y elementos de cubrición en la entrada de los portales.
Como medida cautelar, para evitar el riesgo de la caída de cascotes a la vía y hasta la realización de los trabajos indicados, se procederá a la colocación de un vallado estable y seguro a lo largo de toda la fachada principal del edificio. Además es necesario el apuntalamiento del dormitorio de una de las viviendas, así como de la primera línea de viguetas situadas en el sótano de uno de los locales. Para la realización de estas medidas cautelares se estima un plazo de 20 días.
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La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha notificado la orden que permite el retorno de las familias que residen de forma habitual en el edificio Dácil, en la carretera de Bajamar, inmueble desalojado de forma cautelar el pasado martes. La notificación se produce una vez concluido el informe técnico en el que se establece que “la estructura se encuentra dentro de los límites de seguridad, que permiten afirmar que en estos momentos la misma línea mantiene su estabilidad, por lo que sería factible permitir el realojo de los propietarios de las diferentes fincas”, según se señala en el documento municipal.
En total son 12 las familias que, según cifra oficial, estaban afectadas por este desalojo, aunque propietarios de la edificación indican que en realidad suelen estar ocupadas 25 de las 28 viviendas.
El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, explica en un comunicado que el Ayuntamiento ordenó la pasada semana el desalojo inmediato del edificio “por el informe que nos hizo llegar el arquitecto de la comunidad de propietarios, cumpliendo con su deber legal y haciéndonos saber, según su propio criterio técnico, ‘la gravedad de la situación por el peligro del posible colapso estructural del edificio’ si no se actuaba de inmediato. Ante la contundencia de este informe, nuestra obligación era tomar las medidas cautelares de manera urgente para garantizar la seguridad de las personas”.
A partir de ahí, explica el concejal, la propia comunidad de propietarios encargó un informe técnico a la firma Bureau Veritas que ha sido entregado este lunes, donde se especifica que el edificio está en condiciones de ser realojado. Una vez corroborado dicho informe por los servicios técnicos de la Gerencia, se permite el realojo del inmueble y se ordena que se tomen una serie de medidas preventivas.
En concreto deberá procederse a la reparación y revisión de todos los pilares dañados, así como la adopción de las medidas necesarias en aquellos pilares que estén afectados por procesos oxidativos. Asimismo, se procederá a la reparación de las viguetas que se encuentran en mal estado en una de las viviendas, así como en el sótano de uno de los locales comerciales. Además, se establece la necesidad de reparar las fisuras situadas en el paramento vertical y de los enfoscados situados en las fachadas, que se encuentran en malas condiciones de adherencia. También deberá repararse la cara inferior de las losas de hormigón de los balcones y elementos de cubrición en la entrada de los portales.
Como medida cautelar, para evitar el riesgo de la caída de cascotes a la vía y hasta la realización de los trabajos indicados, se procederá a la colocación de un vallado estable y seguro a lo largo de toda la fachada principal del edificio. Además es necesario el apuntalamiento del dormitorio de una de las viviendas, así como de la primera línea de viguetas situadas en el sótano de uno de los locales. Para la realización de estas medidas cautelares se estima un plazo de 20 días.
