PLANETA CANARIO
El Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de El Rosario de tramitar por vía de emergencia la construcción de la depuradora de aguas resiuales industriales en el polígono de La Campana para resolver los vertidos que llegaban al mar, por lo que ha archivado la denuncia por supuesta prevaricación contra el alcalde, Escolástico Gil, y el concejal de Servicios Hidráulicos, Miguel Ángel Yanes, presentada por los partidos en la oposición en el municipio rosariero )PSOE, CC y Podemos).
El auto de archivo, del que ha informado este jueves, 8 de abril, el periódico El Día y que ha sido confirmado por el Ayuntamiento en su página de Facebook, concluye que el alcalde no omitió trámites esenciales en este expediente administrativo e «incluso ha aportado informes técnicos para fundamentar las razones de su decreto» con el que adjudicó mediante el procedimiento de emergencia esta infraestructura de saneamiento.
La jueza no solo no aprecia delito sino que respalda que la motivación de la resolución municipal fue «poner fin a los vertidos que causaban un grave riesgo; por tanto el resultado pretendido era materialmente justo, y en definitiva el alcalde y concejal actuaron conforme a derecho y con la intención de salvaguardar a la población y el ecosistema de esos vertidos».
Hay que recordar que en diciembre de 2019 se produjo la rotura de un pozo en la urbanización residencial de Costanera, adonde llegaban las aguas residuales del polígono industrial situado al otro lado de laTF-3, debido a un desvío de una canalización realizado bajo la autopista cuando gobernaba el PSOE el municipio sin las autorizaciones preceptivas. La rotura provocó que las aguas residuales llegaran al mar, y que se tuvieran que cerrar las playas y zonas de baño de la Nea, Radazul y Bocacangrejo, donde quedó prohibido el baño.
El Ayuntamiento, que desde 2015 tramitaba con el Cabildo -entonces gobernado por CC-PSOE- la construcción de una depuradora para el polígono industrial de La Campana, ya había cedido en 2019 al Consejo Insular de Aguas el solar para esta instalación, y la institución insular tenía ya terminado el proyecto para financiar su ejecución, al considerarla una infraestructura comarcal.
Sin embargo, cuando, al declararse esta emergencia el alcalde pidió al Cabildo -gobernado en este mandato por PSOE y Cs- que llevara a cabo la construcción de la depuradora, el gobierno insular se negó en un primer momento y posteriormente afirmó que no le daría prioridad.
En este contexto, de «grave riesgo» ambiental y para las personas, el alcalde, amparándose en un informe del arquitecto municipal que certificaba la emergencia de esta obra y ante el enorme coste mensual que acarreaba a las arcas municipales transportar las aguas negras del polígono hasta una depuradora situada en Santa Cruz de Tenerife, procedió a adjudicar su construcción por 2 millones de euros. Procedimiento que ahora ha avalado la Justicia.
De todos modos, el Cabildo deberá financiar esta depuradora, después de que una iniciativa promovida en tal sentido por CC-PNC prosperara en el pleno de esta institución con los votos a favor del PP y de Sí Se Puede, que se desmarcó en esa vocación de Podemos (con el que forma la alianza electoral Sí Podemos), pues el partido morado votó en contra, secundando así a CC
