PLANETA CANARIO
Este lunes se ha celebrado en un Juzgado de la capital tinerfeña la vista oral sobre medidas cautelares por la demanda que han intepuesto los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Matilde Zambudio y Ramón Lazcano contra Ciudadanos (Cs) por haberles expulsado del partido supuestamente de forma indebida, con presunta vulneración de sus derechos.
En la vista oral, el fiscal, Miguel Ángel Martín, ha respaldado la petición de ambos ediles, que forman parte del gobierno que preside la socialista Patricia Hernández, para que se suspenda de forma cautelar su expulsión porque se ha vulnerado el derecho de defensa de estos concejales en el procedimiento del expediente disciplinario y de expulsión llevado a cabo por Cs. El fiscal aprecia además una «confusión enorme» en la estrategia que el partido naranja siguió con respecto a su estrategia en el Ayuntamiento capitalino tras las pasadas elecciones municipales.
A los dos representantes electos por Cs en el Consistorio chicharrero les ha salido caro, de momento, apoyar el cambio político en este municipio, es decir, su voto a favor de la investidura de Patricia Hernández como alcaldesa, e integrarse en el nuevo gobierno municipal, dejando en la oposición a CC-PNC, que llevaba casi cuatro décadas en el poder chicharrero.
La postura del fiscal la ha confirmado la propia Zambudio, quien, en declaraciones a los periodistas, mostró su satisfacción por este apoyo, «ya que se vulneró mi derecho fundamental por la forma en que se llevó a cabo el expediente disciplinario y también por el fondo».
«El Ministerio Fiscal ha corroborado lo que yo digo, el caos que hubo en las negociaciones, a lo que se añadió un expediente disciplinario que ha incumplido el propio reglamento» del partido, afirmó la edil, que lleva las áreas de Cultura, Desarrollo Económico y Patrimonio Histórico.
Agregó que «el expediente se inició con unas alegaciones, y cuando contestamos, nos dijeron que no eran insuficientes para continuar, y se aportó un nuevo informe como prueba del que no nos dieron traslado, lo cual nos generó indefensión, con arreglo al artículo 24 de la Constitución».
El letrado de Ciudadanos defendió el expediente disciplinario y apuntó que «nunca hubo un documento de pacto con el Partido Socialista, por lo que no podían apoyarlo». Según ha trascendido, la prueba que aporta Cs un pantallazo de un mensaje de texto en un grupo de WhatsApp para concejales y otros cargos públicos en el que se les instaba a votarse a sí mismos salvo que hubiera un pacto firmado y aprobado por el partido.
CC-PNC ha pedido en el pleno municipal que se les apliquen las medidas de la Ley de Municipios de Canarias contra los tránsfugas, es decir, que se les deje sin sueldo y pasen al grupo mixto ya, aunque el secretario del Ayuntamiento estima que esta ley es inconstitucional, aunque está vigente.
En la sesión plenaria del pasado jueves, el debate de este asunto quedó aplazado porque Cs, antes de la convocatoria de pleno, no había entregado aún la documentación acreditativa de esta expulsión con los requisitos legales establecidos.
Aunque CC-PNC afirmó que ese mismo día, por la mañana, esos papeles habían sido ya registrados, el gobierno municipal resolvió que este punto debía quedar aplazado porque los expedientes deben estar completos antes de elaborarse el orden del día de cada pleno.
