PLANETA CANARIO
El empresario Ignacio González Martín, ex presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ha fallecido en la cárcel Tenerife II, donde en abril de este año, con 83 años, ingresó para cumplir 5 años y 3 meses de prisión por el caso Las Teresitas, como corresponsable de un delito de malversación de fondos, una vez que la sentencia de la Audiencia Provincial fue ratificada por el Tribunal Supremo.
El conocido hombre de negocios entró en prisión ( junto al constructor Antonio Plasencia, el exalcalde Miguel Zerolo, el exconconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo -ambos de CC- y los funcionarios José Tomás Martín y Víctor Reyes) después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras un examen médico forense, determinase que a pesar de sus problemas de movilidad y otros relacionados con su edad, podía cumplir condena en la cárcel.
El fallecido nació 1936 en Santa Cruz de La Palma y con 17 años emigró a Venezuela, donde cursó estudios de Economía en la Universidad de Punto Fijo en el Estado venezolano de Falcón. En 1962 regresó a Canarias, donde comenzó su actividad profesional en el sector de la automoción (fue propietario de la desaparecida Vultesa). En los años 90 del pasado siglo presidió el Partido Popular (PP) de Tenerife. Durante 16 años fue el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Por el caso Las Teresitas el fallecido y lo demás condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerirfe con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa del frente de playa y por 9,1 millones por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses, cantidad que los denunciantes (el colectivo Ínsula Viable, vinculado al PSOE), elevan a unos 100 millones de euros.
Los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos del frente y de la trasera de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado «en condiciones extraordinariamente llamativas».
El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios, uno de ellos, Ignacio González, consejero de la entidad de ahorro.
Una parte de esos terrenos, once parcelas del frente de playa con un valor de mercado de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2001 por 52,5 millones, mediante un convenio en el que además se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de los dos empresarios y que fueron vendidas posteriormente por 90 millones.
La transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado se realizaron «a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase», según la sentencia ratificatoria del Supremo.
En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y la empresa Pool Gest, que valoraban los terrenos en torno a 20 millones de euros. Solo se incluyó la «valoración mutilada» de Sociedad de Tasación, por 47 millones de euros, así como un informe de Tinsa (vinculada a la entonces Cajacanarias) que lo elevaba hasta 60 millones.
