VICENTE PÉREZ
El ya exdiputado del Común, Rafael Yanes, afirma que ve al Parlamento canario «como una institución que no vive el día a día del ciudadano» y admite que, después de 6 años al frente de este cargo, se va, entre otras «decepciones», con una «frustración»: «No me han hecho caso en que la prioridad deben ser las políticas sociales».
Hay que recordar que la Diputación del Común está adscrita al Parlamento canario y su función es la defensa de los derechos fundamentales y libertades de la ciudadanía y la supervisión de las actuaciones de las Administraciones públicas canarias. El 23 de mayo de 2024 tomó posesión la nueva diputada del Común, Dolores Padrón.
En una entrevista por videoconferencia con PLANETA CANARIO, realizada cuando estaba en sus últimos días al frente del cargo, Yanes confiesa que le ha asombrado comprobar cómo, ante determinadas quejas que ha tramitado, «hay políticos más pendientes de su nivel de popularidad o de los votos que pueden ganar o perder, que de la solución de los problemas de las personas».
Despedida con «sabor agridulce»
«Me voy con un sabor agridulce», se sincera: «Por un lado, con la satisfacción de algunas metas conseguidas en casos puntuales y de vivir una experiencia que, sin duda, me ha cambiado la vida; pero con la decepción de comprobar que muchos políticos están más pendientes del resultado electoral que de resolver los problemas de base que tienen los más vulnerables de nuestra Comunidad Autónoma».
En estos 6 años, desde que Yanes tomó posesión como diputado, han cogobernado Canarias numerosas formaciones políticas : en 2018 CC en minoría, tras romperse en 2016 su alianza con el PSOE; luego en la legislatura 2019-2023 el Pacto de Las Flores, PSOE-NC-Sí Podemos-ASG; y desde el verano de 2023 el pacto CC-PP-ASG-AHI.
«El Parlamento me daba la razón pero luego no en el Presupuesto»
En todo este tipo, evoca Yanes, «cuando he ido al Parlamento y decía que hacía falta más dinero para las políticas sociales, todos me daban la razón, pero al día siguiente aprobaban el Presupuesto y otra vez volvíamos a ser la Comunidad Autónoma que menos dinero aporta a los servicios sociales; por lo que es como un diálogo de sordos».
El exdiputado del Común sostiene que gestionar mejor la Renta Canaria de Ciudadanía, las prensiones no contributivas, el reconocimiento del grado de discapacidad o, en general, la Ley de Dependencia, «es cuestión de voluntad política, de fijar prioridades», pues «hay comunidades autónomas con un nivel económico similar al nuestro que pueden hacerlo, y en cambio nosotros parece que no, y sí lo podríamos hacer».
«La ciudadanía debe quejarse más, pero no solo en el bar»
Preguntado si cree que los ciudadanos deberían quejarse más, responde que sí, «pero donde procede, ante la Diputación del Común, no tomándonos un café tú y yo en un bar, porque esa queja no tiene ninguna constancia oficial».
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Cuestionado sobre qué le ha impresionado más durante el ejercicio de su cargo, confiesa que «casos como el de una señora cuya madre tenía el grado uno de dependencia; hace 12 meses se le rompieron las dos caderas y pasó al grado tres, pero llevaba un año esperando que se le recalculara el grado de dependencia; una situación en la que esta familia sufre esta torpeza de la Administración».
Defiende sancionar a las Administraciones incumplidoras
En cuanto a la institución de la que ha sido máximo responsable entre 2018 y 2024, es partidario de modificar la ley que la regula para que, como ha hecho Navarra desde 2021, su equivalente a la Diputación del Común (allí el Defensor del Pueblo navarro) tenga la posibilidad de sancionar a una Administración pública que incumpla con sus obligaciones de contestar a las quejas.