PLANETA CANARIO
Nueve asociaciones palmeras, la gran mayoría de afectados por la erupción de 2021, solicitan a la nueva comisionada de Transparencia de Canarias, la exalcaldesa de Los Llanos de Aridane Noelia García Leal, que revise la decisión de su antecesor en este cargo y permita a la población damnificada acceder a las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) celebradas antes, durante y después de esta catástrofe.
Una documentación que consideran «fundamental para que los afectados puedan defender sus derechos frente a una gestión de la emergencia sin evacuación antes de la erupción, con lo que estuvieron en riesgo su vida y la de sus animales, y se perdieron mascotas, enseres y objetos personales, con el sufrimiento psicológico que todo ello conlleva».
Según informan estos colectivos en un comunicado, esta petición está promovida por la asociación Tierra Bonita, que ha presentado por escrito una solicitud formal a la comisionada, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021, la Plataforma El Pampillo-Todoque, la Plataforma Jaraco de Afectados de Puerto Naos y La Bombilla, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por el Volcán, la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR), la Asociación Agua para La Palma y Unidad de Protección Animal de La Palma (UPA).
Estos colectivos recuerdan que, cuando Noelia García era alcaldesa, en 2022 el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción con la que se adhirió a la petición de dos asociaciones (la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 y Agua para La Palma) y una ciudadana a título particular, Mónica Riverol, para que el Gobierno de Canarias entregara esta documentación. Votaron a favor el PP y CC, mientras que el PSOE se abstuvo.
Negativa del Gobierno canario y del comisionado anteriores
Las actas y grabaciones fueron denegadas a los afectados por el anterior Gobierno de Canarias. Una plataforma y un periodista buscaron amparo en el entonces comisionado de la Transparencia, Daniel Cerdán, quien en 2023 dio la razón al Ejecutivo regional denegándoles el derecho a conocer el contenido pormenorizado de las deliberaciones del PEVOLCA, por entender que no es de relevancia pública.
Apelan a la «coherencia» y al «sentimiento» de Noelia García
Por tanto, estas asociaciones proponen a la nueva comisionada de Transparencia que, «por coherencia personal y por las obligaciones de su cargo» promueva una revisión de oficio o, de no ser así, a instancia de afectados, de la resolución adoptada por su antecesor. Esperan que Noelia García tenga esta «sensibilidad personal y el compromiso moral” de hacer cuanto esté en sus manos en este asunto. Y, en este sentido, entienden que su nombramiento “puede ser positivo” para esta reivindicación.
Para las entidades suscribientes de este comunicado, la nueva comisionada dispone de herramientas legales para ello y, si necesita argumentos, le apuntan ya de antemano varios: la existencia de posibles errores en la resolución anterior como no contemplar toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo o dar por buenas presuntas irregularidades en la documentación que aportó el Gobierno canario anterior como “llamar indebidamente” «actas» del PEVOLCA lo que en realidad son los escuetos informes de consenso diarios del comité científico, que además figuran en la web oficial ni siquiera firmados ni cumplimentados con los mínimas formalidades.
Para estas asociaciones, «no menos significativo es cómo el Gobierno canario en la pasada legislatura, cuando lo presidía Ángel Víctor Torres, a los efectos de no entregar esta documentación, trató de atribuir al comité científico un papel marginal y no de órgano colegiado, cuando se trata de un órgano determinante en PEVOLCA para las decisiones políticas en términos de protección civil».
Estas asociaciones recuerdan que la práctica totalidad de los colectivos de afectados ha reprobado la gestión del plan de emergencias por no haberse evacuado a la población antes de la erupción pese a las evidencias científicas de que el proceso era «inminente».
«Así lo han reconocido además de manera pública miembros del IGN, IGME-CSIC, INVOLCAN e IEO, y hay que incidir una vez más que estas circunstancias obligan en el PEVOLCA a subir el nivel de alerta o semáforo a naranja y la evacuación de la población en riesgo», aseguran las asociaciones firmantes del comunicado.
Sin embargo, aquellas deliberaciones científicas y políticas «se mantienen secuestradas y ocultas a los afectados, impidiéndoles así su legítimo derecho a defenderse y que se diriman las posibles responsabilidades, en una inaceptable, inmoral e injusta falta de transparencia», añade la nota de prensa vecinal.
