NOÉ RAMÓN
El Tribunal Supremo (TS) acaba de poner punto y final a la recurrente discusión sobre el valor de los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas. Esta ha sido, probablemente, la cuestión fundamental que ha determinado la entrada en prisión de los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia que presentaron este recurso de aclaración. La respuesta del TS es que da por válida la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial en 2017 de que el ayuntamiento de Santa Cruz gastó tres veces más de lo que realmente costaban los solares.
En 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) compró el total de las parcelas por 33,3 millones y en 2001 vendió sólo el frente al ayuntamiento de Santa Cruz por 52,6. Sin embargo, la tasación de su propia arquitecta apuntó que el valor no sobrepasaba los 17 millones y la hecha por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló esta cifra. Los peritos de los empresario llegaron a situar el precio en más de 60 millones. Sin embargo, la corporación local sólo incluyó en el expediente las más caras mientras que escondió la que resultaban más beneficiosas para los intereses municipales.
Las variaciones son tan evidentes y llamativas que ocuparon gran parte de los debates durante el juicio celebrado a finales del año 2016 en la Audiencia Provincial. Las diferencias se basan en aspectos como tomar en cuenta la aplicación de la moratoria y los estándares turísticos, que un tercio de los terrenos eran de dominio público o que no se cedió el 10% de aprovechamientos.
Ahora los empresarios han intentado que el TS tome en cuenta el informe elaborado por el catedrático, José María Baño León en el que se incluían nuevas variables para fijar al alza el valor. La respuesta del Supremo es que estas premisas fueron incluidas en la sentencia original, en la emitida desde este último ámbito y también se debatieron con profundidad y detalle durante el juicio que se alargó por espacio de tres meses.
Por lo tanto el Supremo da por zanjada esta discusión y considera que el asunto ha obtenido “la debida respuesta” en fallo judicial en el que se tuvo en cuenta todos los aspectos relativos a los condicionantes del valor de estos solares. Tanto las administrativas, como las urbanísticas o legales.
El TS atisba que tras este nuevo recurso de ILT se esconde un intento de volver a plantear un asunto que ya ha sido debatido y estudiado en profundidad durante este procedimiento judicial que se inició en 2004 y acaba de culminar ahora.
NOÉ RAMÓN
El Tribunal Supremo (TS) acaba de poner punto y final a la recurrente discusión sobre el valor de los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas. Esta ha sido, probablemente, la cuestión fundamental que ha determinado la entrada en prisión de los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia que presentaron este recurso de aclaración. La respuesta del TS es que da por válida la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial en 2017 de que el ayuntamiento de Santa Cruz gastó tres veces más de lo que realmente costaban los solares.
En 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) compró el total de las parcelas por 33,3 millones y en 2001 vendió sólo el frente al ayuntamiento de Santa Cruz por 52,6. Sin embargo, la tasación de su propia arquitecta apuntó que el valor no sobrepasaba los 17 millones y la hecha por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló esta cifra. Los peritos de los empresario llegaron a situar el precio en más de 60 millones. Sin embargo, la corporación local sólo incluyó en el expediente las más caras mientras que escondió la que resultaban más beneficiosas para los intereses municipales.
Las variaciones son tan evidentes y llamativas que ocuparon gran parte de los debates durante el juicio celebrado a finales del año 2016 en la Audiencia Provincial. Las diferencias se basan en aspectos como tomar en cuenta la aplicación de la moratoria y los estándares turísticos, que un tercio de los terrenos eran de dominio público o que no se cedió el 10% de aprovechamientos.
Ahora los empresarios han intentado que el TS tome en cuenta el informe elaborado por el catedrático, José María Baño León en el que se incluían nuevas variables para fijar al alza el valor. La respuesta del Supremo es que estas premisas fueron incluidas en la sentencia original, en la emitida desde este último ámbito y también se debatieron con profundidad y detalle durante el juicio que se alargó por espacio de tres meses.
Por lo tanto el Supremo da por zanjada esta discusión y considera que el asunto ha obtenido “la debida respuesta” en fallo judicial en el que se tuvo en cuenta todos los aspectos relativos a los condicionantes del valor de estos solares. Tanto las administrativas, como las urbanísticas o legales.
El TS atisba que tras este nuevo recurso de ILT se esconde un intento de volver a plantear un asunto que ya ha sido debatido y estudiado en profundidad durante este procedimiento judicial que se inició en 2004 y acaba de culminar ahora.
NOÉ RAMÓN
El Tribunal Supremo (TS) acaba de poner punto y final a la recurrente discusión sobre el valor de los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas. Esta ha sido, probablemente, la cuestión fundamental que ha determinado la entrada en prisión de los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia que presentaron este recurso de aclaración. La respuesta del TS es que da por válida la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial en 2017 de que el ayuntamiento de Santa Cruz gastó tres veces más de lo que realmente costaban los solares.
En 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) compró el total de las parcelas por 33,3 millones y en 2001 vendió sólo el frente al ayuntamiento de Santa Cruz por 52,6. Sin embargo, la tasación de su propia arquitecta apuntó que el valor no sobrepasaba los 17 millones y la hecha por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló esta cifra. Los peritos de los empresario llegaron a situar el precio en más de 60 millones. Sin embargo, la corporación local sólo incluyó en el expediente las más caras mientras que escondió la que resultaban más beneficiosas para los intereses municipales.
Las variaciones son tan evidentes y llamativas que ocuparon gran parte de los debates durante el juicio celebrado a finales del año 2016 en la Audiencia Provincial. Las diferencias se basan en aspectos como tomar en cuenta la aplicación de la moratoria y los estándares turísticos, que un tercio de los terrenos eran de dominio público o que no se cedió el 10% de aprovechamientos.
Ahora los empresarios han intentado que el TS tome en cuenta el informe elaborado por el catedrático, José María Baño León en el que se incluían nuevas variables para fijar al alza el valor. La respuesta del Supremo es que estas premisas fueron incluidas en la sentencia original, en la emitida desde este último ámbito y también se debatieron con profundidad y detalle durante el juicio que se alargó por espacio de tres meses.
Por lo tanto el Supremo da por zanjada esta discusión y considera que el asunto ha obtenido “la debida respuesta” en fallo judicial en el que se tuvo en cuenta todos los aspectos relativos a los condicionantes del valor de estos solares. Tanto las administrativas, como las urbanísticas o legales.
El TS atisba que tras este nuevo recurso de ILT se esconde un intento de volver a plantear un asunto que ya ha sido debatido y estudiado en profundidad durante este procedimiento judicial que se inició en 2004 y acaba de culminar ahora.
NOÉ RAMÓN
El Tribunal Supremo (TS) acaba de poner punto y final a la recurrente discusión sobre el valor de los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas. Esta ha sido, probablemente, la cuestión fundamental que ha determinado la entrada en prisión de los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia que presentaron este recurso de aclaración. La respuesta del TS es que da por válida la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial en 2017 de que el ayuntamiento de Santa Cruz gastó tres veces más de lo que realmente costaban los solares.
En 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) compró el total de las parcelas por 33,3 millones y en 2001 vendió sólo el frente al ayuntamiento de Santa Cruz por 52,6. Sin embargo, la tasación de su propia arquitecta apuntó que el valor no sobrepasaba los 17 millones y la hecha por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló esta cifra. Los peritos de los empresario llegaron a situar el precio en más de 60 millones. Sin embargo, la corporación local sólo incluyó en el expediente las más caras mientras que escondió la que resultaban más beneficiosas para los intereses municipales.
Las variaciones son tan evidentes y llamativas que ocuparon gran parte de los debates durante el juicio celebrado a finales del año 2016 en la Audiencia Provincial. Las diferencias se basan en aspectos como tomar en cuenta la aplicación de la moratoria y los estándares turísticos, que un tercio de los terrenos eran de dominio público o que no se cedió el 10% de aprovechamientos.
Ahora los empresarios han intentado que el TS tome en cuenta el informe elaborado por el catedrático, José María Baño León en el que se incluían nuevas variables para fijar al alza el valor. La respuesta del Supremo es que estas premisas fueron incluidas en la sentencia original, en la emitida desde este último ámbito y también se debatieron con profundidad y detalle durante el juicio que se alargó por espacio de tres meses.
Por lo tanto el Supremo da por zanjada esta discusión y considera que el asunto ha obtenido “la debida respuesta” en fallo judicial en el que se tuvo en cuenta todos los aspectos relativos a los condicionantes del valor de estos solares. Tanto las administrativas, como las urbanísticas o legales.
El TS atisba que tras este nuevo recurso de ILT se esconde un intento de volver a plantear un asunto que ya ha sido debatido y estudiado en profundidad durante este procedimiento judicial que se inició en 2004 y acaba de culminar ahora.
