VICENTE PÉREZ
El Gobierno de Güímar ha iniciado la creación de una empresa municipal para gestionar servicios sin el apoyo de la secretaria del Ayuntamiento para la fórmula jurídica elegida, una sociedad pública mercantil, al considerar que no queda justificado desde el punto de vista económico-financiero que esta opción sea la mejor, al tiempo que asegura que la memoria justificativa está llena de errores y de imprecisiones.
Votaron a favor de la aprobación inicial de este expediente los concejales de las tres fuerzas políticas gobernantes (CC, PSOE y Unidas Sí podemos, USP), alegando que el informe de la citada funcionaria no es vinculante, mientras que la oposición, PP y NC-BC, votó en contra.
Se da la circunstancia de que la secretaria municipal no estuvo en el pleno, y como quiera que el PP pidió dejar el asunto sobre la mesa hasta que lo avalara esta funcionaria, el concejal de Hacienda, José Miguel Hernández (PSOE), desveló que esta ausencia no fue casual.
«La secretaria no está hoy aquí porque no quiso», manifestó el edil socialista, unos minutos después de que la concejala de USP, Nayra Caraballero, simplemente apuntara que desconocía la razón por la que la jurista no asistió a la sesión, una explicación que Hernández calificó de «benévola», ya que, según reveló, esta técnica había presentado por escrito que delegaba sus funciones en la interventora, que sí acudió al pleno.
Es más, mientras Caraballero se afanó por no cargar contra la secretaria, afirmando que intentaron llegar a un acuerdo con ella pero no pudo ir a reunión a la que se le convocó, antes del pleno, el edil de Hacienda no dejó lugar a dudas: «No había posibilidad de acuerdo».
La edil del PP Raquel Díaz advirtió de que esta funcionaria y un técnico municipal señalan que la memoria justificativa «incumple la normativa vigente, pues, entre otras deficiencias, adolece de falta de análisis económico detallado, contiene proyecciones financieras poco claras y ofrece una insuficiente justificación para la selección del modelo de gestión, una sociedad mercantil».
Miguel Ángel Hernández defendió seguir adelante con el expediente porque lo avala la interventora municipal , en cuanto a la justificación económico-financiera; se relacionan los costes del servicio en los últimos años con las previsiones recaudatorias, y además el informe de la secretaria es preceptivo «por razones procedimentales», pero no vinculante, y, subrayó el edil, carece de fundamentación jurídica.
Tensión entre el alcalde y un concejal del PSOE
Las claras alusiones a la secretaria municipal se toparon con la advertencia, reiterada, del alcalde, Gustavo Pérez, al concejal socialista sobre que no tenía ya turno de palabra y además estaba haciendo «apreciaciones personales» sobre por qué no estaba presente la secretaria; un momento del pleno en el que se tensó el ambiente, entre el regidor municipal y el edil Hacienda, que finalmente se vio obligado a no seguir hablando de este asunto.
En el pleno se dio el ok a la memoria justificativa y los estatutos de la constitución de la Empresa Pública de Güímar, SA, que se encargará de gestionar la limpieza viaria y la recogida y el tratamiento de residuos, así como el mantenimiento de jardines y fuentes municipales.
El PP ve demasiadas dudas aún
La edil del PP Raquel Díaz advierte en un comunicado de que ambos funcionarios señalan que la memoria justificativa «incumple la normativa vigente, pues, entre otras deficiencias, adolece de falta de análisis económico detallado, contiene proyecciones financieras poco claras y ofrece una insuficiente justificación para la selección del modelo de gestión, una sociedad mercantil».
La portavoz popular, Carmen Luisa Castro, critica la «huida hacia delante» del gobierno tripartito. «El PP», expone Castro, «está a favor de estudiar que el Ayuntamiento asuma de forma directa la gestión de servicios que llevan años funcionando de manera muy deficiente, como el de la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, pero este respaldo está condicionado a que se demuestre la viabilidad económico-financiera de esa empresa pública sin ningún tipo de dudas, cosa que ahora no ocurre, y por eso nuestra abstención».
«CC y PSOE a toda siguen adelante con esta iniciativa sin las debidas garantías, más para contentar a la concejala de USP Nayra Caraballero, que para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos», apostilla la exalcaldesa.
ASESORAMIENTO DE UN “AMIGO”
De hecho, durante el pleno en el que se trató este asunto, los concejales del PP Raquel Díaz y Francisco Hernández, reprocharon al gobierno municipal que el informe externo recabado sea de un economista «amigo» de Caballero.
La edil de USP se defendió alegando que se contó con esta persona por ser doctor en Economía, que su informe lo hizo suyo la comisión municipal de estudio para crear esta empresa pública, y que no fue posible encontrar una empresa que hiciera este trabajo.
Concretamente, según Caraballero, el gobierno municipal contactó con «7 u 8», y solo una quiso optar, porque las otras o no prestaban este servicio o «decían que había que ir a una licitación». El caso es que la única empresa que estaba dispuesta, y a la que se contrató inicialmente este asesoramiento, cometió «plagio», por lo que se decidió «desechar» su contratación, y llegados a este punto es cuando la concejala de USP consigue que este economista colabore gratis para redactar la memoria y cederla a la comisión de estudio.
Esta colaboración gratuita fue consultada a la interventora, quien dio el ok, porque, no habiendo gasto municipal, no planteó objeciones.
Sin embargo, para el PP este proceder suscita «muchísimas dudas» con la Ley de Contratos del Sector Público en la mano.
Además, ante las objeciones de la secretaria y el técnico municipal de Contratación, los populares critican que no se ha recabado nuevo informe de ambos funcionarios en este caso favorable, sino que ha sido el propio concejal del área de gobierno, en este caso José Miguel González (PSOE), el que firma la memoria justificativa, «lo cual excedería de sus competencias y llegado el caso podría incluso constituir un presunto delito», subraya el PP.
