VICENTE PÉREZ
El Ministerio de la Transición Ecológica (antes llamado de Medio Ambiente) ha denegado al Gobierno canario la ocupación del dominio público marítimo terrestre para el futuro puerto de Fonsalía, un serio traspiés para las pretensiones de construir esta infraestructura en el litoral del municipio tinerfeño Guía de Isora, que ya cuenta incluso con una nueva carretera de conexión con el Anillo Insular.
Un proyecto, con un coste estimado de ejecución de 200 millones, que para los ecologistas supone un «atentado ecológico» pero que goza de un firme apoyo del presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín (PSOE) -exalcalde isorano- y su homólogo del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo (ASG), cuyos partidos forman parte del pacto a cuatro bandas que sustenta el nuevo Gobierno canario.
En un informe firmado por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oroño, y fechado en mayo de 2018, este organismo se posiciona de manera desfavorable a la construcción de este puerto-isla (llamado así porque solo estaría unido con tierra a través de un puente de acceso), poniendo diez condiciones para cambiar el sentido del informe, algunas de las cuales son de gran calado.
Entre los reparos que plantea Costas figura que la ubicación elegida para el puerto no es la que menor afección tendría, pues se ha preferido situar esta infraestructura en el entorno de calas con pequeñas playas: a saber, las de Alcalá, Méndez, La Baja Larga, La Carrera y Los Topos o Caja del Dinero, «con un alto valor ambiental y paisajístico». En cambio, más al sur, hacia la playa de Fonsalía, Costas cree que sería una opción menos impactante porque solo se encuentra la playa de la Barrera y la el litoral es «más homogéneo y regular sin formaciones marítimo-terrestres singulares».
El informe ha sido aportado por dicha dirección general a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que lo pidió formalmente en abril y ha tenido que presentar una queja para que finalmente se lo pudieran facilitar, según fuentes de este grupo ecologista, que ha presentado alegaciones al proyecto.
A principios de año, el entonces consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), había reconocido ante el Parlamento de Canarias que Costas había emitido un informe desfavorable a la solicitud de adscripción de domino público marítimo terrestre, pero no se había conocido su contenido hasta ahora. A raíz de este informe negativo, el Gobierno canario -que en julio cambió de signo político y ahora la citada Consejería está en manos del PSOE- tiene que enviar un documento para subsanar este informe desfavorable, y luego tendría que haber otro favorable para hacer viable el proyecto.
Fue en enero de 2015 cuando el Gobierno de Canarias solicitó la adscripción al dominio público marítimo terrestre para hacer el puerto de Fonsalía, con una superficie de 154.000 metros cuadrados, de los que 63.649 tendrían uso comercial, 59.128 deportivo, 13.399 pesquero y 17.211 viarios. Tendría cinco atraques para buques comerciales, que cubrirían las rutas con La Gomera, La Palma y El Hierro; 433 atraques para embarcaciones deportivas y 30 para barcos de pesca.
Apunta también el Ministerio que «no se ha tenido en cuenta en ningún momento» el criterio de ocupar la menor franja marítima posible, por lo que no se ha analizado construir un puerto menor ubicando en tierra todas las zonas de servicio, con un diseño más tradicional, reduciendo así la longitud del frente marítimo afectado, lo que permitiría salvaguardar las calas de la zona, y se reducirían los elevados costes del proyecto y el tiempo de su construcción, al tener que hacer menos diques y menos rellenos en el mar.
El informe e Costas también insta a aportar estudios recientes sobre valores naturales en la zona; hacer subsanaciones sobre la dinámica litoral, la regeneración de las playas situadas en el entorno del futuro puerto, la exposición a contaminación de estas; pide aportar la evaluación de posibles efectos del cambio climático, ubicar los fuera de puerto -es decir, en tierra- los dos helipuertos previstos, y suprimir la zona de reserva marítima recogida en el proyecto para una futura ampliación de esta infraestructura portuaria.
Por otra parte, el Ministerio señala que «la escasa separación del puerto isla con respecto a la costa no evita el gran impacto visual sobre este singular frente marítimo terrestre, cerrando las vistas desde el núcleo urbano de Alcalá y provocando pérdida en los valores paisajísticos más valiosos» de este litoral.
También pide Costas un informe sobre el transporte de pasajeros previsto en el nuevo puerto y a qué se van a destinar los espacios ahora ocupados por usos deportivos y comerciales que se van a trasladar de Los Cristianos a Fonsalía, así como qué uso va a tener la zona pesquera del puerto de Playa San Juan una vez que los barcos de pesca sean llevados al nuevo puerto.
El organismo estatal exige además justificar por qué se ha aumentado a 463 el número de amarres para embarcaciones deportivas, dado que el Plan de Puertos de Canarias solo se estimaban necesarios 220 y que el Gobierno canario no ha tenido en cuenta en el proyecto que para este fin se podrían utilizar los puertos de Los Cristianos y Playa de San Juan.
Informes desfavorables desde 2011
El primer informe desfavorable de Costas lo emitió en febrero de 2011, y en septiembre de ese año reiteró las mismas observaciones en otro. Entre ellas destacan los impactos previsibles del incremento del tráfico marítimo con el nuevo puerto, junto con el de Los Cristianos, afectando a la calidad de de las aguas, la contaminación acústica y una mayor presión sobre el medio marino de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca; y los efectos «críticos» del proyecto en cuando a ocupación y desfiguración de una extensa zona de domino público marítimo terrestre, con afección a medios marino y costera.
En 2011 la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife advirtió de que mientras sea un puerto del Estado, seguirá teniendo tráfico comercial y marítimo, frente a la pretensión del Gobierno canario de trasladarlo todo a Fonsalía.
También un informe crítico del Gobierno canario
Pero es más, la propia Dirección General de Protección de la Naturaleza, del Gobierno canario, en mayo de 2014, echa en falta en un informe que no se estudie las alternativas que no impliquen la construcción de un nuevo puerto, o sea, la gestión, remodelación y ampliación de las existentes en Playa de San Juan, Los Gigantes, Las Galletas y Puerto Colón, pues solo se han analizado variantes de diseño y dimensiones de uno en Fonsalía.
La Cotmac le dio declaración de impacto ambiental favorable en diciembre de 2014, con 25 condicionantes, «sin que analice ni tenga en cuenta» los informes discrepantes de la Autoridad Portuaria y el Ministerio referido.
En marzo de 2015, el Servicio Provincial de Costas señaló que en el proyecto no constaba la preceptiva evaluación de los efectos del cambio climático ni se cuantifican lo usos y superficies para cumplir con el Reglamento General de Costas.
En marzo de 2018, la Subdirección General para la Protección de la Costa ratificó el informe de 2011 en su análisis del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. Y señalaba cuatro conclusiones: 1) el estudio de regeneración de playas afectadas es insuficiente, y no se justifica el cambio de diámetro del sedimento de la arena que se les aportará. 2) Existe riesgo de afección por erosión a las unidades fisiográficas adyacentes al canal angosto creado artificialmente entre la costa y el puerto. 3) El proyecto afectará a la dinámica costera. 4) Las playas quedarán expuestas a mayor contaminación.
En diciembre de 2017 el Cabildo de Tenerife inició el trámite del Plan Territorio Parcial de Ordenación de la Operación Singular Estructurante del Puerto y Polígono de Servicios de Fonsalía, y salió a consulta pública.
