PLANETA CANARIO
Cientos de personas se han manifestado este sábado en las calle de Santa Cruz de Tenerife para reivindicar una condena «firme y justa» en el macrojuicio que desde el pasado 7 de marzo se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, contra 23 personas (8 de Canarias, entre ellos un veterinario y un policía local de Adeje) acusadas de maltrato animal y pertenencia a una organización criminal que celebraba peleas de perros en distintos lugares de España, y que fue desmantelada por la Guardia Civil durante las que organizó en Güímar en febrero de 2017.
Los agentes rescataron entonces 226 perros, la mayor parte en grave estado de salud, de los que murieron 42.
La Fiscalía pide para los acusados penas que oscilan entre 7 años y 4 meses, y 3 años y 4 meses de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, pero al inicio del juicio 19 de los encausados han acordado con el Ministerio Fiscal reconocer los hechos que les imputa a cambio de una reducción de esa petición de pena inicial, que se concretará a lo largo de la vista oral, informaron a Efe varios de los letrados de la causa.
Los participantes en la manifestación que se ha celebrado este sábado con punto de partida en la playa de Weyler y punto y final ante el Cabildo tinerfeño, critican precisamente las bajas penas que se imponen en España por maltrato animal y por ello exigen un endurecimiento del Código Penal «acorde con la realidad, por dignidad, sensibilidad y respeto a seres sintientes».
La protesta la han convocado organizaciones animalistas, que además han tenido el apoyo de decenas de colectivos defensores de los animales.
Durante la marcha se han leído varios manifiestos. En uno de ellos, se explica que los participantes alzan la voz y exigen justicia «por todas las vidas que se han perdido de manera cruel por entretenimiento y dinero manchado de sangre».
Aseguran los animalistas que los acusados «por esta atrocidad son un peligro no solo para los animales sino para la sociedad» y un rebajarles la pena al mínimo en este caso «sobrepasa el colmo de la desvergüenza».
En este sentido, defienden que se endurezca el Código Penal siguiendo «un criterio moral», el de que «un animal pueda sentir dolor», por lo que «se deben reformular y revisar las leyes» para dar protección a estos seres vivos, «sin importar la raza, el sexo o la especie».
En otro vídeo divulgado por FAUDA (Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal), un activista lee otro manifiesta en el que expone que esta manifestación «nace de la impotencia ante una Justicia ciega, a la que debemos abrirle los ojos y hablarle en nombre de quienes no tienen voz».
«Estamos hartos de que cada crimen cometido contra animales quede en el olvido y las sanciones no sean consecuentes a la gravedad de estos actos», sostienen los animalistas.
ADEPAC (Asociación de Defensa y Protección de Animales en Canarias), en cuyo albergue ha cuidado a los perros rescatados, asegura en Facebook que ha sufrido «daños colaterales» y «ha tenido que cargar con un inmenso peso emocional y económico derivado de estas acogidas sin apoyo ni ayuda de ningún tipo por parte de las autoridades competentes». Su presidenta, Yahaira Thovar, contó a Mírame TV su testimonio sobre cómo encontró a estos animales, en una escena espeluznante:
Los ocho acusados de Tenerife son: E.P.C. (organizaba, dirigía y coordinaba), para el que la acusación popular pide 21 años y 6 meses de prisión y la Fiscalía, 7 años y 10 meses; F.C.G. (policía local de Adeje), para quien la acusación pide 30 años de prisión y la Fiscalía, 7 años y 10 meses de cárcel; G.U.G.G. (organizaba, dirigía y coordinaba), para el que la acusación popular pide él 22 años de prisión mientras que la Fiscalía 3 años y 4 meses; J.C.H.V. (veterinario): la acusación popular pide 18 años y medio de cárcel y la Fiscalía, 3 años y 4 meses, según publicó en su momento El Día.
La red delictiva se había organizado a nivel nacional y en 2017, cuando tuvo lugar la operación policial, tocó celebrar las peleas de perros en Tenerife (Güímar), aunque los organizadores prevenían de varios puntos de España. Estas riñas ilegales y cruentas para los canes también se celebraban en Madrid, Murcia, Almería, Alicante y Málaga. La operación policial se dirigió desde Madrid, instruida por un Juzgado de Torrejón de Ardoz.
La asociación dedicada al rescate de animales Salvando Ángeles sin Alas (SASA) ejerce la acusación particular, así como Podemos Canarias, que pide condenas más elevadas que la Fiscalía, y se oponen al acuerdo alcanzado entre esta y los procesados.
Entre los 23 acusados, de varias partes de la geografía española, se encuentran dos veterinarios, uno de Canarias y otro de Madrid, quienes presuntamente se dedicaban a facilitar el soporte documental necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, además del suministro de diversos medicamentos para los animales.
La organización, según la Fiscalía, criaba a perros potencialmente peligrosos a los que adiestraba para ser más agresivos, proporcionaba sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular y entrenaba “hasta la extenuación».
Después, los empleaban en peleas concertadas con contratos previos en las que los canes acababan “muertos o gravemente heridos”. A estos los usaban como sparring de entrenamiento o los mataban cuando ya no les eran de utilidad
