PLANETA CANARIO
El desde este lunes nuevo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha planteado “declarar la emergencia social en Santa Cruz de Tenerife con la finalidad de agilizar la toma de decisiones y poder disponer de recursos casi de manera inmediata, para atender de forma urgente las necesidades de la población más vulnerable, así como hacer llegar las ayudas y subvenciones a las entidades y asociaciones del Tercer Sector que colabora en la atención de estas personas”.
Esta será una instrucción que cursará al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), pues sostiene que “es imposible atender o responder a la post pandemia o a la crisis que se genera tras ella con las normas que existen cuando no hay crisis».
La medida ya la aplicó el Ayuntamiento en 2009, cuando el entonces alcalde, Miguel Zerolo, de CC (hoy en la cárcel por el caso Las Teresitas), dictó un decreto para agilizar las ayudas sociales en la crisis económica que sacudía esos años España, y que entonces se comparaba como la peor desde los años 50. La actual, la del coronavirus, se considera aún peor que aquella, y se compara con la posguerra española.
Acompañado por la concejala de Asuntos Sociales, Rosario González, Bermúdez se reunió este miércoles 13 de julio con una decena de asociaciones y entidades del Tercer Sector que atienden a personas vulnerables y dependientes en el municipio, así como con otras dedicadas a la formación y el empleo.
Según un comunicado del Ayuntamiento, los representantes de las ONG hicieron hincapié en la necesidad de que se ponga en marcha y se desarrolle la Ley de Servicios Sociales de Canarias, sustentada en el Catálogo de Servicios Sociales y el Mapa de Recursos, cuya puesta en marcha se retrasa tras un año de su aprobación, y que entienden que es absolutamente imprescindible para que las prestaciones a estas personas no dependen de los presupuestos anuales sino establecer una continuidad en la atención a las personas más vulnerables.
Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia, Candelaria Delgado, estableció como líneas prioritarias, además del desarrollo de la Ley, el refuerzo de las plantillas de trabajadores sociales, “ya que aunque se dispongan de medios económicos, si no se tienen los profesionales que los canalicen, no llegarán a tiempo a las necesidades de los usuarios de los Servicios Sociales”.
Las asociaciones y entidades del Tercer Sector, entre las que asistieron Cruz Roja, Provivienda, Cáritas Diocesana, Aspronte, Amate, Mensajeros de la Paz, ONCE, Ataretaco, Fundación Tutelar Sonsoles Soriano y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Es más, el Tercer Sector insistió en la necesidad de que se presione en todos los frentes y sobre la Federación Canaria de Municipios (Fecam), con la intención de que cuanto antes se detalle el Catálogo de Servicios Sociales y el Mapa de Recursos, con la intención de que las subvenciones y ayudas contempladas en la Ley no queden al albur de decisiones temporales y se pueda dotar a los programas de atención social de la necesaria continuidad plurianual.
