PLANETA CANARIO
El conflicto entre el principal sindicato de la enseñanza no universitaria en Canarias, ANPE, y la Consejería de Educación del Gobierno canario va en aumento por la situación de más de 5.000 profesores que declararon tener patologías de riesgo frente al Covid-19.
ANPE ha denunciado esta semana ante la Diputación del Común «la discriminación de miles» de profesores que se han declarado especialmente sensibles al coronavirus. El servicio de Quirón Salud, al que Consejería de Educación subcontrató la prevención de riesgos, «no ha emitido informes de adaptación al puesto de trabajo de estos docentes, que se han visto obligados a volver a sus centros sin medidas extras de seguridad.
La Consejería ha comentado a PLANETA CANARIO que ha seguido los criterios establecidos por el Gobierno estatal, que ha fijado cuatro categorías de patologías, una de las cuales se considera que no es compatible con el puesto de trabajo, situación en la que se encuentra «un reducido» grupo de docentes.
El resto, según Educación, es apto para las clases presenciales, aunque asegura que adaptará el puesto de trabajo a todo el que acredite tener una determinada patología que lo haga especialmente sensible al coronavirus. No obstante, la Consejería señala que son los docentes afectados los que deben presentar la documentación acreditativa de padecer estas enfermedades.
Lo cierto es que el sindicato ANPE tiene claro que el comportamiento del Gobierno canario en este asunto «atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, puesto que vulnera las normativas en materia de prevención de riesgos laborales, y pone en peligro la salud de miles de profesionales que han demostrado padecer determinadas patologías que los hacen más vulnerables ante un posible contagio de coronavirus».
Para el sindicato, «cada caso debe ser analizado de forma pormenorizada y la Administración debe dar una solución para cada uno de los docentes y nadie debe desempeñar su trabajo sin garantías de seguridad.»
ANPE explica en un comunicado que la Consejería remitió a mediados del pasado mes de mayo un cuestionario para detectar al personal especialmente sensible al coronavirus. Este formulario, según este sindicato, «iba en sintonía con las indicaciones dadas en ese momento por el Ministerio de Sanidad para prevenir los riesgos laborales en un contexto de pandemia sanitaria; sin embargo, Quirón Salud no ha tenido en cuenta las patologías que han acreditado y los docentes se han visto obligados a incorporarse a sus centros sin medidas de seguridad extras».
Se considera patología o situación de riesgo padecer diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida la hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodeficiencia, estar embarazada o superar los 60 años.
«El diseño y aplicación de protocolos, medidas sanitarias, planes de contingencia, anexos… se ha realizado tarde y sin los medios suficientes», sostiene la organización sindical, que enumera en su comunicado cuatro deficiencias, cuya descripción reproducimos íntegra a continuación:
«1- Mascarillas, pantallas faciales, gafas, guantes y batas deben ser considerados EPI y por lo tanto suministrados por la Administración en calidad y cantidad según necesidades razonables a la propia actividad.
2. La presencia de personal sanitario en el centro educativo es vital. Es inexplicable que en un lugar donde se concentran y confinan de media más de 500 personas durante al menos seis horas diarias y cinco días a la semana no tengamos en plantilla este perfil profesional. Dejan en manos del docente la gestión de una “sala de aislamiento sanitario” ante posibles situaciones de contagio Covid. El docente no cuenta con la formación y experiencia necesaria para garantizar en esa circunstancia del protocolo de actuación ante una persona con síntomas, así como de su propia seguridad que evite el contagio. La buena fe no exime de la enfermedad y posible muerte. No nos vale la excusa “no hay recursos”, desde marzo ya se señalaba de los posibles brotes con la llegada del otoño o finalizando el verano.
3. La ya expuesta necesidad de revisión de los criterios para el personal sensible al Covid. No podemos admitir que de más de 5.000 expedientes cursados por el personal educativo reflejando sensibilidad en la salud individual ante las consecuencias del contagio por Covid, tan sólo 40 personas sean tratados como graves y apartados de la obligación de presencialidad en los centros educativos. La combinación de varios factores de riesgo debe ser considerada como grave y favorecer la docencia telemática u otras medidas de adaptación al puesto de trabajo.
4. La Administración no puede dejar el peso de la responsabilidad sanitaria en los centros educativos. Los centros educativos deben colaborar fielmente en esta lucha ante la pandemia, pero no se les dota de los recursos económicos, técnicos y personales suficientes para garantizar la aplicación de unos protocolos y planes de contingencias impropios para una entidad eminentemente educativa».
PLANETA CANARIO
El conflicto entre el principal sindicato de la enseñanza no universitaria en Canarias, ANPE, y la Consejería de Educación del Gobierno canario va en aumento por la situación de más de 5.000 profesores que declararon tener patologías de riesgo frente al Covid-19.
ANPE ha denunciado esta semana ante la Diputación del Común «la discriminación de miles» de profesores que se han declarado especialmente sensibles al coronavirus. El servicio de Quirón Salud, al que Consejería de Educación subcontrató la prevención de riesgos, «no ha emitido informes de adaptación al puesto de trabajo de estos docentes, que se han visto obligados a volver a sus centros sin medidas extras de seguridad.
La Consejería ha comentado a PLANETA CANARIO que ha seguido los criterios establecidos por el Gobierno estatal, que ha fijado cuatro categorías de patologías, una de las cuales se considera que no es compatible con el puesto de trabajo, situación en la que se encuentra «un reducido» grupo de docentes.
El resto, según Educación, es apto para las clases presenciales, aunque asegura que adaptará el puesto de trabajo a todo el que acredite tener una determinada patología que lo haga especialmente sensible al coronavirus. No obstante, la Consejería señala que son los docentes afectados los que deben presentar la documentación acreditativa de padecer estas enfermedades.
Lo cierto es que el sindicato ANPE tiene claro que el comportamiento del Gobierno canario en este asunto «atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, puesto que vulnera las normativas en materia de prevención de riesgos laborales, y pone en peligro la salud de miles de profesionales que han demostrado padecer determinadas patologías que los hacen más vulnerables ante un posible contagio de coronavirus».
Para el sindicato, «cada caso debe ser analizado de forma pormenorizada y la Administración debe dar una solución para cada uno de los docentes y nadie debe desempeñar su trabajo sin garantías de seguridad.»
ANPE explica en un comunicado que la Consejería remitió a mediados del pasado mes de mayo un cuestionario para detectar al personal especialmente sensible al coronavirus. Este formulario, según este sindicato, «iba en sintonía con las indicaciones dadas en ese momento por el Ministerio de Sanidad para prevenir los riesgos laborales en un contexto de pandemia sanitaria; sin embargo, Quirón Salud no ha tenido en cuenta las patologías que han acreditado y los docentes se han visto obligados a incorporarse a sus centros sin medidas de seguridad extras».
Se considera patología o situación de riesgo padecer diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida la hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodeficiencia, estar embarazada o superar los 60 años.
«El diseño y aplicación de protocolos, medidas sanitarias, planes de contingencia, anexos… se ha realizado tarde y sin los medios suficientes», sostiene la organización sindical, que enumera en su comunicado cuatro deficiencias, cuya descripción reproducimos íntegra a continuación:
«1- Mascarillas, pantallas faciales, gafas, guantes y batas deben ser considerados EPI y por lo tanto suministrados por la Administración en calidad y cantidad según necesidades razonables a la propia actividad.
2. La presencia de personal sanitario en el centro educativo es vital. Es inexplicable que en un lugar donde se concentran y confinan de media más de 500 personas durante al menos seis horas diarias y cinco días a la semana no tengamos en plantilla este perfil profesional. Dejan en manos del docente la gestión de una “sala de aislamiento sanitario” ante posibles situaciones de contagio Covid. El docente no cuenta con la formación y experiencia necesaria para garantizar en esa circunstancia del protocolo de actuación ante una persona con síntomas, así como de su propia seguridad que evite el contagio. La buena fe no exime de la enfermedad y posible muerte. No nos vale la excusa “no hay recursos”, desde marzo ya se señalaba de los posibles brotes con la llegada del otoño o finalizando el verano.
3. La ya expuesta necesidad de revisión de los criterios para el personal sensible al Covid. No podemos admitir que de más de 5.000 expedientes cursados por el personal educativo reflejando sensibilidad en la salud individual ante las consecuencias del contagio por Covid, tan sólo 40 personas sean tratados como graves y apartados de la obligación de presencialidad en los centros educativos. La combinación de varios factores de riesgo debe ser considerada como grave y favorecer la docencia telemática u otras medidas de adaptación al puesto de trabajo.
4. La Administración no puede dejar el peso de la responsabilidad sanitaria en los centros educativos. Los centros educativos deben colaborar fielmente en esta lucha ante la pandemia, pero no se les dota de los recursos económicos, técnicos y personales suficientes para garantizar la aplicación de unos protocolos y planes de contingencias impropios para una entidad eminentemente educativa».
PLANETA CANARIO
El conflicto entre el principal sindicato de la enseñanza no universitaria en Canarias, ANPE, y la Consejería de Educación del Gobierno canario va en aumento por la situación de más de 5.000 profesores que declararon tener patologías de riesgo frente al Covid-19.
ANPE ha denunciado esta semana ante la Diputación del Común «la discriminación de miles» de profesores que se han declarado especialmente sensibles al coronavirus. El servicio de Quirón Salud, al que Consejería de Educación subcontrató la prevención de riesgos, «no ha emitido informes de adaptación al puesto de trabajo de estos docentes, que se han visto obligados a volver a sus centros sin medidas extras de seguridad.
La Consejería ha comentado a PLANETA CANARIO que ha seguido los criterios establecidos por el Gobierno estatal, que ha fijado cuatro categorías de patologías, una de las cuales se considera que no es compatible con el puesto de trabajo, situación en la que se encuentra «un reducido» grupo de docentes.
El resto, según Educación, es apto para las clases presenciales, aunque asegura que adaptará el puesto de trabajo a todo el que acredite tener una determinada patología que lo haga especialmente sensible al coronavirus. No obstante, la Consejería señala que son los docentes afectados los que deben presentar la documentación acreditativa de padecer estas enfermedades.
Lo cierto es que el sindicato ANPE tiene claro que el comportamiento del Gobierno canario en este asunto «atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, puesto que vulnera las normativas en materia de prevención de riesgos laborales, y pone en peligro la salud de miles de profesionales que han demostrado padecer determinadas patologías que los hacen más vulnerables ante un posible contagio de coronavirus».
Para el sindicato, «cada caso debe ser analizado de forma pormenorizada y la Administración debe dar una solución para cada uno de los docentes y nadie debe desempeñar su trabajo sin garantías de seguridad.»
ANPE explica en un comunicado que la Consejería remitió a mediados del pasado mes de mayo un cuestionario para detectar al personal especialmente sensible al coronavirus. Este formulario, según este sindicato, «iba en sintonía con las indicaciones dadas en ese momento por el Ministerio de Sanidad para prevenir los riesgos laborales en un contexto de pandemia sanitaria; sin embargo, Quirón Salud no ha tenido en cuenta las patologías que han acreditado y los docentes se han visto obligados a incorporarse a sus centros sin medidas de seguridad extras».
Se considera patología o situación de riesgo padecer diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida la hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodeficiencia, estar embarazada o superar los 60 años.
«El diseño y aplicación de protocolos, medidas sanitarias, planes de contingencia, anexos… se ha realizado tarde y sin los medios suficientes», sostiene la organización sindical, que enumera en su comunicado cuatro deficiencias, cuya descripción reproducimos íntegra a continuación:
«1- Mascarillas, pantallas faciales, gafas, guantes y batas deben ser considerados EPI y por lo tanto suministrados por la Administración en calidad y cantidad según necesidades razonables a la propia actividad.
2. La presencia de personal sanitario en el centro educativo es vital. Es inexplicable que en un lugar donde se concentran y confinan de media más de 500 personas durante al menos seis horas diarias y cinco días a la semana no tengamos en plantilla este perfil profesional. Dejan en manos del docente la gestión de una “sala de aislamiento sanitario” ante posibles situaciones de contagio Covid. El docente no cuenta con la formación y experiencia necesaria para garantizar en esa circunstancia del protocolo de actuación ante una persona con síntomas, así como de su propia seguridad que evite el contagio. La buena fe no exime de la enfermedad y posible muerte. No nos vale la excusa “no hay recursos”, desde marzo ya se señalaba de los posibles brotes con la llegada del otoño o finalizando el verano.
3. La ya expuesta necesidad de revisión de los criterios para el personal sensible al Covid. No podemos admitir que de más de 5.000 expedientes cursados por el personal educativo reflejando sensibilidad en la salud individual ante las consecuencias del contagio por Covid, tan sólo 40 personas sean tratados como graves y apartados de la obligación de presencialidad en los centros educativos. La combinación de varios factores de riesgo debe ser considerada como grave y favorecer la docencia telemática u otras medidas de adaptación al puesto de trabajo.
4. La Administración no puede dejar el peso de la responsabilidad sanitaria en los centros educativos. Los centros educativos deben colaborar fielmente en esta lucha ante la pandemia, pero no se les dota de los recursos económicos, técnicos y personales suficientes para garantizar la aplicación de unos protocolos y planes de contingencias impropios para una entidad eminentemente educativa».
PLANETA CANARIO
El conflicto entre el principal sindicato de la enseñanza no universitaria en Canarias, ANPE, y la Consejería de Educación del Gobierno canario va en aumento por la situación de más de 5.000 profesores que declararon tener patologías de riesgo frente al Covid-19.
ANPE ha denunciado esta semana ante la Diputación del Común «la discriminación de miles» de profesores que se han declarado especialmente sensibles al coronavirus. El servicio de Quirón Salud, al que Consejería de Educación subcontrató la prevención de riesgos, «no ha emitido informes de adaptación al puesto de trabajo de estos docentes, que se han visto obligados a volver a sus centros sin medidas extras de seguridad.
La Consejería ha comentado a PLANETA CANARIO que ha seguido los criterios establecidos por el Gobierno estatal, que ha fijado cuatro categorías de patologías, una de las cuales se considera que no es compatible con el puesto de trabajo, situación en la que se encuentra «un reducido» grupo de docentes.
El resto, según Educación, es apto para las clases presenciales, aunque asegura que adaptará el puesto de trabajo a todo el que acredite tener una determinada patología que lo haga especialmente sensible al coronavirus. No obstante, la Consejería señala que son los docentes afectados los que deben presentar la documentación acreditativa de padecer estas enfermedades.
Lo cierto es que el sindicato ANPE tiene claro que el comportamiento del Gobierno canario en este asunto «atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, puesto que vulnera las normativas en materia de prevención de riesgos laborales, y pone en peligro la salud de miles de profesionales que han demostrado padecer determinadas patologías que los hacen más vulnerables ante un posible contagio de coronavirus».
Para el sindicato, «cada caso debe ser analizado de forma pormenorizada y la Administración debe dar una solución para cada uno de los docentes y nadie debe desempeñar su trabajo sin garantías de seguridad.»
ANPE explica en un comunicado que la Consejería remitió a mediados del pasado mes de mayo un cuestionario para detectar al personal especialmente sensible al coronavirus. Este formulario, según este sindicato, «iba en sintonía con las indicaciones dadas en ese momento por el Ministerio de Sanidad para prevenir los riesgos laborales en un contexto de pandemia sanitaria; sin embargo, Quirón Salud no ha tenido en cuenta las patologías que han acreditado y los docentes se han visto obligados a incorporarse a sus centros sin medidas de seguridad extras».
Se considera patología o situación de riesgo padecer diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida la hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodeficiencia, estar embarazada o superar los 60 años.
«El diseño y aplicación de protocolos, medidas sanitarias, planes de contingencia, anexos… se ha realizado tarde y sin los medios suficientes», sostiene la organización sindical, que enumera en su comunicado cuatro deficiencias, cuya descripción reproducimos íntegra a continuación:
«1- Mascarillas, pantallas faciales, gafas, guantes y batas deben ser considerados EPI y por lo tanto suministrados por la Administración en calidad y cantidad según necesidades razonables a la propia actividad.
2. La presencia de personal sanitario en el centro educativo es vital. Es inexplicable que en un lugar donde se concentran y confinan de media más de 500 personas durante al menos seis horas diarias y cinco días a la semana no tengamos en plantilla este perfil profesional. Dejan en manos del docente la gestión de una “sala de aislamiento sanitario” ante posibles situaciones de contagio Covid. El docente no cuenta con la formación y experiencia necesaria para garantizar en esa circunstancia del protocolo de actuación ante una persona con síntomas, así como de su propia seguridad que evite el contagio. La buena fe no exime de la enfermedad y posible muerte. No nos vale la excusa “no hay recursos”, desde marzo ya se señalaba de los posibles brotes con la llegada del otoño o finalizando el verano.
3. La ya expuesta necesidad de revisión de los criterios para el personal sensible al Covid. No podemos admitir que de más de 5.000 expedientes cursados por el personal educativo reflejando sensibilidad en la salud individual ante las consecuencias del contagio por Covid, tan sólo 40 personas sean tratados como graves y apartados de la obligación de presencialidad en los centros educativos. La combinación de varios factores de riesgo debe ser considerada como grave y favorecer la docencia telemática u otras medidas de adaptación al puesto de trabajo.
4. La Administración no puede dejar el peso de la responsabilidad sanitaria en los centros educativos. Los centros educativos deben colaborar fielmente en esta lucha ante la pandemia, pero no se les dota de los recursos económicos, técnicos y personales suficientes para garantizar la aplicación de unos protocolos y planes de contingencias impropios para una entidad eminentemente educativa».
