VICENTE PÉREZ
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha inadmitido a trámite el recurso del alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); el primer teniente de alcalde, Airam Puerta (PSOE) y los concejales Juan Delgado (CC) y Cándido Gómez (PSOE), contra la sentencia dictada el pasado año por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, que declara la nulidad de sueldos cobrados en 2021.
En esa fecha se produjo la alternancia en la alcaldía (el pacto entre CC y PP es compartirla dos años cada uno), y, según la sentencia de 2022, ahora ratificada, se debió haber aprobado en un Pleno una nueva propuesta sobre dedicación parcial y exclusiva y retribuciones, pues el acuerdo sobre estas materias del pleno inicial del mandato, en 2019, ya no podía seguir vigente. Por tanto, los salarios de estos 4 concejales, en sus nuevas funciones, a partir de julio y agosto de 2021 ya no estaban legitimados.
El PP, que ha promovido este litigio, asegura que deberán devolver el importe de sus sueldos cobrados hasta la actualidad, aunque el gobierno municipal, en un comunicado circunscribe el problema a las nóminas de julio y agosto de 2021,y como mero defecto formal.
Este viernes 14 de julio en rueda de prensa la portavoz de los populares güimareros, Carmen Luisa Castro, ha anunciado que va a exigir el reintegro “hasta el último céntimo” al tiempo que acusa a los citados concejales de haberse subido el sueldo un 27% en el primer pleno de este nuevo mandato, la pasada semana, “para endosar al pueblo el pago de su propia ilegalidad”, lo que tacha de “escandalosa falta de ética y engaño a la ciudadanía”, por lo que pide la dimisión de los aludidos.
Castro estuvo acompañada por el letrado que lleva este procedimiento judicial, Francisco Díaz, socio del bufete LexA3-Abogados, quien explicó que en el caso de Airam Puerta, se declaran nulos sus remuneraciones desde el 24-6-2021, del Gustavo Pérez desde el 1-7-2021, y de los otros dos ediles desde el 12-7-2021.
Revisión de oficio en el Ayuntamiento o Fiscalía
El abogado afirma que, si bien aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “entendemos que no hay viabilidad jurídica para que sea admitido a trámite”, por lo que anunció que solicitará al Ayuntamiento la revisión de oficio, para ejecutar el fallo judicial, requiriendo la devolución de los sueldos nulos, con los correspondientes intereses desde la fecha de cobro.
De no incoarse este procedimiento, subrayó Díaz, una vez que la sentencia sea firme, el PP sopesará acudir a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por omisión.
El gobierno municipal quita hierro: solo es «un error administrativo»
En un comunicado publicado en la página de Facebook del Ayuntamiento, el gobierno de Güímar lo reduce todo a «un error administrativo», «un defecto de forma», y alega que las nóminas «contaban con informes favorables de los servicios jurídicos e intervención municipales» y que el cambio de alcalde y en algunos miembros de la Junta de Gobierno en julio de 2021 «no tuvieron efectos económicos en las arcas municipales».
Por ello, contrariamente al criterio de los abogados del PP, el gobierno tripartito de Güímar entiende que «no procede, devolución de cantidad alguna, ya que el alcalde y los concejales desarrollaron su trabajo y lo hicieron con absoluta normalidad».
Pero a juicio del letrado del PP no se trata de un acto anulable, un error administrativo, sino de un acto «nulo de pleno derecho», según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, por lo que no es subsanable, y se deben devolver estas retribuciones al 100%.
«La sentencia es la verdadera razón de la bochornosa subida de sueldo del 27%»
La líder del PP en Güímar tacha lo ocurrido de “bochorno político y tomadura de pelo sin paliativos”, no solo por el cobro ilegal de sueldos sino porque para enmendar esta irregularidad “el gobierno tripartito se ha subido el sueldo en 10.000 euros brutos por año 9 concejales, usando para ello una sarta de mentiras, pues la verdadera razón de este saqueo a los bolsillos del pueblo es esta sentencia que les obliga a devolver el dinero”.
“Y todo ello con la grotesca complicidad” de la concejala de Unidas sí Podemos (Izquierda Unida, Si se puede y Podemos), Nayra Caraballero, a quien afea su “incoherencia” por haber criticado tanto en el pasado estas conductas en política y ahora renunciar de forma vergonzante a esos principios, “prestándose a decisiones moralmente inaceptables”.
Con vehemencia, la portavoz del PP güimarero reprocha a los líderes de CC y PSOE y a los otros dos concejales “la caradura y desvergüenza de pretender que el pueblo sea el que pague las consecuencias de esta sentencia del TSJC, en lugar de apretarse el cinturón, como sería lo moral, y apechugar pagando de su bolsillo lo que se embolsaron ilegalmente”.
Dedicación exclusiva encubierta
Los hechos, se remontan a 2019, cuando el gobierno CC-PSOE aprueba en el Ayuntamiento el decreto de sueldos que, según el PP, iba contra la ley al presentar retribuciones por dedicación parcial del 95% para Gustavo Pérez, Airam Puerta y algunos concejales, a pesar de que el máximo legal es un 75%, porque un porcentaje superior la jurisprudencia lo considera una dedicación exclusiva encubierta.
En su momento, el PP asegura que advirtió el equipo gobernante la nulidad de los sueldos, mostrándole dos resoluciones judiciales (dictadas en Sevilla y Tarragona) que declararon nulos decretos como los que aquí dictó el alcalde el pasado mandato y, por tanto, en esas sentencias también se anularon las retribuciones fijadas.
Llama la atención que en la sentencia del TSJC del pasado año, consideró que ese acuerdo de junio de 2019 «habría sido declarado ilegal de haber sido cuestionado»,porque las dedicaciones exclusivas y parciales, no se vincularon a las concretas funciones desarrolladas y su grado de responsabilidad, sino que se asignaron sin justificación o motivación de ningún tipo en contra de las exigencias de la normativa anteriormente expuesta».
A mitad del mandato, en 2021, producirse el relevo del alcalde socialista por el de CC Gustavo Pérez, según relata el PP y se expone en la sentencia de 2022, estaba en la obligación de llevar al pleno una nueva propuesta de sueldos, porque al cesar en sus funciones de regidor municipal, los decretos que dictó también dejan de tener vigencia, y por tanto, debieron someterse nuevamente a la aprobación del pleno del Ayuntamiento.
