VICENTE PÉREZ
Las comunidades de propietarios de Santa Cruz de Tenerife están que trinan con el pago que les exige la empresa de aguas Emmasa (en manos de la multinacional Sacyr, con pequeña participación del Ayuntamiento) por el mantenimiento de contadores contraincendios: más de 2.200 euros al año, en cuotas de 187 euros.
Son cientos ya los litigios por este asunto en los tribunales, y este viernes el Pleno municipal rechazó, con los votos de la mayoría de gobierno (CC-PP), y el voto a favor de SSP, PSOE, IUC y Cs inspeccionar si en realidad este servicio se cumple y ver si es conveniente suprimir de la ordenanza de abastecimiento de agua su cobro dada la elevada cuantía que supone para los edificios.
El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Santa Cruz de Tenerife lamenta en un comunicado la postura del grupo de gobierno, pues la moción pretendía que un estudio técnico para saber si se justifica el elevado coste que tiene este cobro para las comunidades, a pesar de que no se sabe si el sistema funcionaría en caso de incendio.
Los administradores no entienden al gobierno local
Este CAF asegura que no entiende la postura del grupo de gobierno que, a través del concejal de Servicios, Dámaso Arteaga, se ha referido como único argumento a sentencias sobre la legalidad del cobro del contador del agua contraincendios.
Este colegio profesional aclara que lo que se pretendía era un estudio técnico-jurídico sobre si el caudal y presión se corresponden con el servicio que se atribuye a este sistema contraincendios y, si en caso de tener que utilizarlo sería útil y efectivo, para lo cual es preciso garantizar caudal y presión.»Esto último ya ha sido puesto en duda por el servicio de bomberos y también fue cuestionado en su día por los ingenieros industriales consultados a través de su colegio profesional», alega el CAF:
Por otra parte, Arteaga ha vuelto a referirse a la disminución del calibre del contador como el modo de reducir la factura del contador del agua contraincendios, una solución que, según la nota de prensa, «ya conoce que no es posible para todas las comunidades y que les exige otro importante gasto».
La moción se basaba en el principio de que no se puede cobrar por un servicio que no se presta, que es lo que finalmente debería averiguarse para saber si el cobro es adecuado a lo que se contempla en la ordenanza. !Y es lo que ha demostrado el concejal Dámaso Arteaga que no tiene interés en conocer», apunta el CAF.
La entidad colegial de los administradores de fincas agradece «los esfuerzos de los grupos de la oposición, que han intentado hacer comprender al grupo de gobierno las tesis de sentido común en que se basaba la moción, de acuerdo con el planteamiento que desde hace tiempo venimos haciendo los administradores de fincas colegiados de esta provincia, en reuniones con la propia Emmasa, ahora de capital mayoritariamente privado (la multinacional Sacyr), y el concejal de Servicios, que ha preferido colocarse de nuevo la chaqueta de defensor de la empresa en lugar de estar al lado de las comunidades, esto es, de los vecinos y vecinas de esta ciudad».
Arcila propone cambiar la ordenanza
El portavoz de Sí se puede (SSP), Pedro Fernández Arcila, cuestión la cuota que se paga por el mantenimiento de contadores, pues «muy probablemente no se está realizando el servicio o se realiza de manera puntual, por lo que defendió encargar un estudio a los servicios jurídicos para saber si procede mantener esta cuota en la ordenanza de abastecimiento de agua potable.
Echó mano Arcila de una sentencia del Tribunal Superior de Castilla Y León con respecto al agua de Valladolid, según la cual este servicio no es útil porque establece un periodo de tiempo en el que no es necesario el mantenimiento, y, por tanto no hay que cobrarlo. Y en Tenerife, subrayó el edil de SSP, «el Consorcio de Bomberos dice que no son necesarios esos contadores porque no los utiliza el servicio de bomberos por la potencia que se requiere.
Trujilo (IUC) ve «manifiestamente excesiva y abusiva» la cuota
El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC), Trujillo, tachó la cuota de «abusiva», con un valor medio de 2.200 euros,» por un mantenimiento que no se realiza, tampoco hay consumo de agua ni red paralela para que tenga presión suficiente que pueda usarla los bomberos, lo cual, enfatizó «resulta escandaloso».
Para el portavoz de Ciudadanos (Cs), Enrique Rosales, este problema «no es nuevo: ya en 2016 se comprometió el concejal de Servicios Públicos a estudiar una solución a esta situación injusta para los vecinos, y no se ha resuelto; son más de 300 pleitos abiertos».
Desde el PSOE, José Ángel Martín opinó que «lo sensato es que no se cobre por lo que no se presta, y, de hecho, los bomberos siempre llevas sus cubas y camiones porque no se fían de la presión del agua de los enganches externos, pese a que se les cobra a las comunidades más de 2.000 euros anuales». «Como mínimo hay que estudiar este asunto», reclamó el concejal socialista, sin éxito.
Arteaga (CC) esgrime las sentencias favorables a Emmasa
La versión del gobierno municipal es muy distinta. Arteaga se mostró sorprendido de que se presentara esta moción «después de las sentencias firmes que ya hay dictadas, favorables a la empresa, y que establecen que este servicio es preceptivo por ley, y se presta».
Puestos a invocar sentencias, el edil de Servicios apeló a la suya: una del TSJC en 2004 que desestima la impugnación de la ordenanza y dice que en el precio no solo debe incluirse el precio del agua sino el mantenimiento de los contadores y para la prestación del servicio. «Esto es cosa juzgada», trató de zanjar. Otra Sentencia de 2018, dijo, «habla de que se trata de un servicio de disposición, no por el consumo, de modo que la instalación esté en disposición de dar el consumo en caso necesario, y además lo exige el Código Técnico de la Edificación».
Pero Arcila insistió en que las sentencias favorables a la empresa lo que haces es fijarse en que la ordenanza prevé la cuota o tarifa, por lo que habría que estudiar su supresión de la normativa.
Intervino de nuevo Trujillo para expresar que le resulta «muy difícil de creer que el coste de mantener un contador contraincendios sea de 189 euros al mes, por lo que «habría que ver cuánto le cuesta a la empresa y cuánto recauda» por este concepto. «Lo que sí parece evidente es que el coste es manifiestamente excesivo», reiteró.
La única solución que ofreció Arteaga es bajar el calibre de los contadores, lo que ahorraría costes, y se comprometió a seguir asesorando a las comunidades de propietarios que le requieran ayuda en este sentido.
