PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha requerido a las personas que llevan meses acampadas en la plaza de La Candelaria por una vivienda social que desalojen ya este espacio alegando que solo tenían permiso de la Subdelegación para una concentración pero no para ocupar el suelo publico con casetas, mesas de firmas, banderas, etc. El Conistorio dio un plazo de 24 horas para el desalojo, que expiró este 10 de noviembre.
La respuesta de los interantes de la Acampada por una Vivienda Digna, entre quienes hay personas sin hogar, ocupas y personas sobre los que pesan desahucios de fondos buitre, no se ha hecho esperar, y este miércoles han anunciado que se niegan a acatar la orden municipal y continuarán en esta plaza, al tiempo que presentarán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el requerimiento de la Concejalía de Servicios Públicos que dirige el concejal del PP Guillermo Díaz Guerra.
Así lo dejaron claro en rueda de prensa los portavoces de la acampada, Lolo Díaz -de la Plataforma 29 E-, y Eloy Cuadra, quienes además acusaron a Díaz Guerra y otros concejales del PP de «aporofogia» (odio a los pobes).
«No incumplimos ninguna ley, ejercemos un derecho constitucional a manifestarnos, tenemos permiso de la Subdelegación del Gobierno, y desde julio, cuando estábamos frente a la sede de Presidencia del Gobierno canario, preguntamos al Ayuntamiento si había necesidad de pedir permiso y nos dijeron que no; y el problema empezó cuando nos mudamos a la plaza de La Canderlaria; así que iremos donde haga falta, de aquí no nos van a mover, salvo por la fuerza», enfatizó Dorta.
El activista por el derecho a una vivienda aseguró que las medidas que el Gobierno canario está tomando para dar casa rápido a los damnificados por la erupción «son propuesta que les presentamos en julio» al Ejecutivo regional, «porque antes de esa erupción ya había un volcán de desahucios en Canarias, 8 a la semana».
Por su parte, Eloy Cuadra informó de que se han recogido ya 6.000 firmas en apoyo de esta causa, y se preguntó porqué en una región con el 40% de población en la pobreza o en riesgo de estarlo «no se aprueban leyes como hay en otras comunidades autónomas o países europeos, como la ley de tanteo y retracto para viviendas de fondos buitre, la posibilidad de expropiación temporal de viviendas vacías o multas».
Los acampados atribuyen el requerimiento de que abandonen la plaza de La Candelaria a las presiones «de algunos medios de comunicación, representantes de asociaciones de empresarios de la zona centro y políticos de distinto color político, acusándonos de ser los responsables de que los empresarios de los comerciosvayan a tener pérdidas, de impedir a la ciudadanía poder disfrutar de las fiestas futuras o de ser un esperpento».
En ese sentido, ya en días pasado la Acampada y la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén divulgaron un comunicado en el que advertían que, tras más de 4 meses acampados » ni el Gobierno de Canarias ni ninguna otra administración ha dado ningún paso real efectivo en favor de las familias de la acampada o de los muchos miles de familias que en Canarias sufren el problema de la vivienda, más allá de mociones que non se cumplen y otros brindis al sol, no habiendo por tanto ningún motivo para levantar la acampada».
En cuanto a los supuestos perjuicios económico a los que aluden los empresarios de la Plaza de la Candelaria, la Acamapada y El Perenquén recuerdan que «si el Plenilunio lo cambian de plaza o de calle, se estará fomentando con ello un mayor reparto por la ciudad de las actividades lúdicas y festivas, beneficiando por tanto a otros comercios de otros barrios más humildes y necesitados de la ciudad, como Ofra, La Gallega, Santa María, La Salud o Tincer».
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, emitió este 9 de noviembre, el mismo día en que el concejal Díaz Guerra emitía el requrimiento del desalojo de la acampada, un comunicado en el que exigte al Gobierno de Canarias que cumpla con sus compromisos adquiridos frente a las personas acampadas, pues «la práctica totalidad de las reivindicaciones de esta plataforma son competencia de los gobiernos socialistas de Canarias y España”.
El primer edil ha recordado que el anterior Gobierno de Canarias (CC-PNC) gestionó en apenas seis meses la compra de más de 300 viviendas en la zona de Añaza para resolver un problema similar, “y en el mismo periodo de tiempo no parecen encontrar soluciones para las familias de El Tablero, que están en una situación parecida”.
Bermúdez ha recordado que el Ayuntamiento ha mantenido diversas reuniones directamente con los afectados de ese barrio de Santa Cruz y con los representantes del resto de los alojados en dicha acampada, que reúne a personas procedentes de varios municipios de la Isla de Tenerife, y “si continúan acampados, es porque hasta la fecha no se les ha atendido”.
Por su parte, Ramón Trujillo, portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo), expresa en un comunicado el rechazo de su formación al requerimiento efectuado por el Ayuntamiento para que se retire, en un plazo máximo de 24 horas, la acampada.
Trujillo señala que el derecho a la libertad de expresión se halla vinculado al derecho de reunión y que ambos amparan la acampada de protesta que se lleva a cabo actualmente en Santa Cruz de Tenerife. Tales derechos se hallarían conculcados si las autoridades municipales fueran las encargadas de delimitar temporalmente la duración máxima de la acampada.
El concejal de la oposición de izquierdas recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional 195/2003, de 27 de octubre, «reconoció el derecho de quienes habían instalado mesas y una haima en la plaza de la Basílica de Candelaria, entre otros elementos, a decidir de qué manera y por cuánto tiempo desarrollaban su protesta en defensa de la causa saharaui». «En aquel entonces, las autoridades locales habían retirado la haima y disuelto la protesta vulnerando así claramente los derechos constitucionales de las personas afectadas», precisa el edil.
Trujillo recuerda que «el espacio público es también un espacio de participación y que los derechos constitucionales no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de las autoridades locales». En este sentido, afirma no entender «los motivos por los que el Ayuntamiento argumenta que la imposibilidad del proceder normal de los servicios de limpieza, en el área de las casetas, es una alteración del orden público, cuando no se ha acreditado ningún nivel de suciedad excepcional, ni se ha planteado nada en tal sentido por parte del Ayuntamiento en más de 120 días», por lo que cree que «se trata de un burdo pretexto para pisotear derechos constitucionales.
Por todo ello, el líder de Unidas Podemos pide al alcalde «que anule de inmediato la orden de desalojo de la plaza de la Candelaria y respete los derechos constitucionales de quienes allí se encuentran acampados».
