VICENTE PÉREZ
La Audiencia de Madrid ya ha puesto fecha para el macrojuicio contra un total de 23 personas (8 de Canarias, entre ellos un veterinario y un policía local de Adeje) acusadas de maltrato animal y pertenencia a una organización criminal que celebraba peleas de perros (obviamente ilegales) en distintos lugares de España, y que fue desmantelada por la Guardia Civil durante las que organizó en Güímar en febrero de 2017.
Según una diligencia dictada por la citada Audiencia Provincial el 26 de mayo pasado, las sesiones del macrojuicio, que llevará a cabo la Sección 16, comenzarán el 21 de febrero de 2022 y terminarán el 31 de mayo de ese año. En total, serán casi medio centenar de días, lo que da idea de la magnitud de esta causa. Se distribuirán en varios periodos: 21 al 24 y 28 de febrero, 1, 2-3, 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 de marzo, 4-7, 19-21, 25-28 e abril y 9-12, 17-19, 23-26 y 30- 31 de mayo de 2022 a las 10:00 horas.
Lo imputados residen en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia y Almería; en total 21 hombres y 2 mujeres.
Los agentes rescataron entonces 226 perros, la mayor parte en grave estado de salud, de los que murieron 42.
Los ocho investigados de Tenerife son: E.P.C. (organizaba, dirigía y coordinaba), para el que la acusación popular pide 21 años y 6 meses de prisión y la Fiscalía, 7 años y 10 meses; F.C.G. (policía local de Adeje), para quien la acusación pide 30 años de prisión y la Fiscalía, 7 años y 10 meses de cárcel; G.U.G.G. (organizaba, dirigía y coordinaba), para el que la acusación popular pide él 22 años de prisión mientras que la Fiscalía 3 años y 4 meses; J.C.H.V. (veterinario): la acusación popular pide 18 años y medio de cárcel y la Fiscalía, 3 años y 4 meses, según publicó en su momento El Día.
La red delictiva se había organizado a nivel nacional y en 2017, cuando tuvo lugar la operación policial, tocó celebrar las peleas de perros en Tenerife (Güímar), aunque los organizadores prevenían de varios puntos de España. La operación policial se dirigió desde Madrid, instruida por un Juzgado de Torrejón de Ardoz, y es en la Audiencia madrileña donde serán juzgadas estas personas.
La Fiscalía de Alcalá de Henares, con jurisdicción en los Juzgados de Torrejón de Ardoz, solicita una condena conjunta de 103 años de prisión para los acusados por maltrato animal y organizar peleas de perros en Canarias, Madrid, Murcia, Almería, Alicante y Málaga. Ocho de los procesados fueron detenidos en Tenerife, y por ello actúa de acusación popular Podemos, que pide una condena muy superior (471 años de cárcel en total), así como una cuantiosa indemnización a las protectoras de animales que se hicieron cargo de los perros tras ser desmantelado este grupo criminal.
Para la Fiscalía y la acusación popular, «queda acreditado el cruel y continuado maltrato al que someten los procesados a los animales desde su nacimiento, ya sea utilizándoles como sparring, echándoles a pelear o sacrificándoles cuando ya no son útiles para su fin. Desde su nacimiento los cachorros de razas potencialmente peligrosas son sometidos a malos tratos continuos, castigos físicos, alimentación inadecuada y duros entrenamientos físicos hasta la extenuación del animal con utilización de medios y métodos que propician un aumento anormal de sus capacidades musculares y resistencia aeróbica, para lo cual los integrantes de esta organización criminal llegaron incluso a suministrar a los animales fármacos y sustancias dopantes tales como Winstrol, Dexametasona, Boldenona, Testosterona y EPO, entre otros, perjudicando gravemente y menoscabando la salud de los perros. Y todo ello lo hacían sin ser profesionales de veterinaria o estar facultados para ello a excepción de los dos veterinarios que integraban esta red».
El resto de investigados con J. A. L. G., para quienla acusación popular pide 7 años y 6 meses y la Fiscalía pide 4 años y 10 meses; J. A.R.T., la acusación popular solicita 9 años y 6 meses mientras que la Fiscalía reclama 4 años y 10 meses de cárcel; G.M.R., la acusación popular interesa que se le imponga una pena de 7 años y 6 meses de prisión, mientras que el Ministerio Público pide 3 años y 6 meses de reclusión, y por último S.M.E.B., para quien la acusación popular solicita 7 años y 6 meses de cárcel y el Ministerio Fiscal, 3 años y 6 meses.
