VICENTE PÉREZ
El Tribunal Supremo dictó este martes 26 de marzo la sentencia que hace firmes las condenas del caso Las Teresitas y confirma las penas de cárcel e inhabilitación para los políticos, funcionarios y empresarios que llevaron a cabo esta trama urbanística, la operación de compraventa en 2001 de las parcelas del frente de playa y la recalificación de terrenos en su trasera, el Valle de Las Huertas.
Por tanto, deberán ir a la cárcel el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (ambos cargos público de CC cuando cometieron los delitos); los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín; así como los funcionarios Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, y José Tomas Martín, exgerente de Urbanismo.
El recurso en casación presentado por las defensas de todos ellos ha sido desestimado, excepto en el caso de los dos funcionarios, a los que se les estima parcialmente en lo tocante a la inhabilitación, para circunscribirla a las funciones en que cometieron el delito, así como en la apelación de las sociedades mercantiles de los dos empresarios, a los que se ha reconocido que los intereses que deberán abonar al Ayuntamiento añadidos a los 52,5 millones del importe del compra del frente de playa que deberán restituir, no se computan desde que se cometió el delito o cuando se hicieron los pagos, sino desde la fecha en que fueron reclamados, diciembre de 2006, mientras que los intereses procesales cuentan desde que se dictó la sentencia en primera instancia.
De este modo, el Supremo confirma las penas que ya impusiera la Audiencia Provincial en la sentencia dictada en el 27 de abril de 2017. Es decir, a los expolíticos de Coalición Canaria Miguel Zerolo y Manuel Parejo les han caído 7 años de prisión y 16 años y seis meses de inhabilitación para cargo público, por malversación, y otros 8 años y 9 meses de inhabilitación para cualquier cargo público (hasta el nivel estatal) por prevaricación.
Por lo que respecta a los funcionarios, como cooperadores necesarios del delito, a Victor Reyes se le castiga con 4 años y seis meses de prisión y 12 de inhabilitación, por malversación, así como 8 años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación; y a José Tomás Martín, 4 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por malversar y 7 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricar.
Y los empresarios Ignacio González (que fuera presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña) y Antonio Plasencia (que durante muchos años presidio la patronal de los constructores Fepeco) deberán cumplir 5 años y tres meses por malversación, periodo en el que estarán inhabilitados para ejercer actividades empresariales relativas a promover y desarrollar actuaciones urbanísticas, y 14 años de inhabilitación absoluta, así como 7 años de inhabilitación para cargo o empleo público. Ambos, como cooperadores necesarios de los delitos sancionados.
Los magistrados del Supremo dan por probados todos los hechos ya enjuiciados en la sentencia apelada, es decir, que los condenados lo son por “la maquinación orquestada debidamente, y con toda precisión y preparación, de toda una operación urbanística de compra de terrenos por el Ayuntamiento por precio muy superior a su valor real con grave quebranto de las arcas municipales, con inclusión en convenio urbanístico de transferencias injustificadas, esto es, gratuitas y sin causa, de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público”.
“Además, para conseguir sus fines se llevó a cabo una modificación de los usos autorizados que determinó un extraordinario incremento del valor de los terrenos de la parte trasera de la playa] que quedaron en manos privadas sin que el Ayuntamiento participara en modo alguno en las plusvalías generadas”, recuerda la Sala del Supremo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Almagro Servet actuando como la letrada de la Administración de Justicia María Josefa Lobón, está dictada por la Sala que componen además los magistrados Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer y Alberto Jorge Barreiro.
El caso Las Teresitas fue denunciado por un colectivo de juristas denominado Insula Viable, entre los que destacan Santiago Pérez (entonces dirigente del PSOE, hoy concejal de la oposición en La Laguna, y que redactó la denuncia ante la Fiscalía) y José Ángel Martín (concejal socialista en Santa Cruz de Tenerife), y ha sido también destacado el papel del colectivo Justicia y Sociedad como acusación popular, al que ha representado el abogado José Pérez Ventura (exdirigente de IUC).
