VICENTE PÉREZ
La deficiente o, en algunos casos, ausencia total de depuración de las aguas residuales que se vierten al mar en Canarias es una de las principales denuncias en las manifestaciones ecologistas más recientes llevadas a cabo en Canarias. También ha provocado sanciones ya millonarias de la Comisión Europea por incumplir la directiva en esta materia, que pagan los bolsillos de los ciudadanos.
A pesar de las importantes inversiones públicas realizadas en los últimos años y de las que están en marcha para construir estaciones depuradoras y alcantarillado y todas las infraestructuras que requiere el saneamiento, todavía queda muchísimo por hacer.
Una de las voces más críticas en este sentido es la del presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Ambientales, Juan Rumeu, quien reivindica un plan regional como «la única manera» de poder resolver este problema, ya que solo en Tenerife en 2017 el Cabildo estimó que hacen falta 1.000 millones de euros de inversión pública.
Entrevistado en La Diez Capital Radio por el coordinador de la Alianza de Vecinos de Tenerife, Abel Román, en el programa El Remate (https://acortar.link/gb8iF6), afirmó que se trata de un plan que debería liderar el Gobierno de Canarias, ya que ni los cabildos ni los ayuntamientos, aunque tengan las competencias, disponen de suficiente capacidad financiera para acometerlo en su respectivo territorio. Asegura que en la legislatura pasada le solicitaron esta medida al Gobierno del Pacto de las Flores, y que también ha hecho lo propio con el Ejecutivo actual.

«100 millones de litros diarios al mar sin depurar»
El problema, asevera Rumeu, es ya «histórico y es conocido por todos los gobiernos desde hace más de 30 años». Recuerda que en 2003 se elaboró un prime censo de vertidos en las costas canarias, que se ha ido actualizando, «y han aumentado los no autorizados».
Según datos divulgados por el Gobierno canario en septiembre de 2024, en esas fechas existían 434 puntos de vertidos al mar en todo el Archipiélago, de los cuales solo 123 habían sido autorizados, lo que representa apenas un 28%.
De ahí que el representante de los consultores ambientales se queje de que «no se ha hecho absolutamente nada, hay una inacción absoluta». A su juicio, «hasta ahora se van improvisando soluciones, se va parcheando».
Y aporta el dato de que el 76% de las poblaciones en Canarias son deficientes en alcantarillado y no dispone de depuradoras suficientes.
La advertencia de este experto es que «Canarias, se puede convertir, sino es que se ha convertido ya, en una cloaca; vamos camino de eso», con 100 millones de litros diarios de aguas residuales sin depurar vertidos al mar.
Para financiar estas inversiones opina que en la Unión Europea «para esto hay muchísimo dinero, pero hay que hacer los proyectos, pedirlo, conseguirlo y gestionarlo».

«Toda Canarias está igual»
Llama la atención de que la Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE a 29 localizaciones en España y 28 están ubicadas en Tenerife
La falta de alcantarillado se suple con el vertido directo de las aguas negras al subsuelo mediante pozos, lo que contamina las aguas subterráneas.
Rumeu afirma que la situación en «Gran Canaria es muy parecida», aunque » tiene más problemas con el agua subterránea contaminada por nitratos». En cualquier caso, «Canarias entera está igual», denuncia.
En Tenerife, pone como ejemplo lo ocurrido con el polígono industrial de Güímar (donde está pendiente de juicio un caso en el que hay acusados cargos públicos del pasado y actuales) por los vertidos al mar sin depurar. Finalmente esta zona industrial ya dispone de una depuradora, aunque, subraya Rumeu, ahora falta que la depuradora comarcal de este valle sureño, tras 8 años para su puesta en marcha, aún requiere de la construcción de redes de alcantarillado y colectores para que reciba las aguas residuales de Candelaria, Arafo y Güimar.

No obstante, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ofrece un panorama menos dramático hacia el futuro, hasta el punto de que, en declaraciones públicas hechas el pasado mes de junio, manifestó que «no es una quimera» que,en el año 2027 la isla podría dejar de verter aguas residuales al mar.
Aunque, si no se logra ese objetivo, sí que anuncia «un salto extraordinario» en la mejora de las condiciones del mar en aproximadamente un año y medio con las depuradoras previstas en El Médano (Granadilla) y Fonsalía (Guía de Isora), y la que ya recientemente ha comenzado a funcionar en el Valle de La Orotava.

En el caso de Tenerife, en enero de 2025 se firmó una adenda al convenio suscrito en 2020 entre la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas para la financiación, ejecución y explotación de actuaciones de saneamiento y depuración en la isla que, una vez finalizadas, y según la versión oficial, «resolverán los problemas de incumplimiento de las directivas europeas sobre depuración de aguas residuales y permitirán la reutilización de las aguas residuales para riego agrícola»
La adenda incluye un incremento de la inversión programada hasta los 233,5 millones de euros (IGIC excluido) —la inversión prevista en el convenio de 2020 era de 170 millones.






















































